La Comisión de Fiscalización recomendó archivar el juicio político contra el Contralor subrogante, mientras que el juicio al Procurador General del Estado fue retirado por Unes.
Luego de un intenso debate, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que trata sobre la propuesta de enjuiciar políticamente al contralor subrogante Carlos Riofrio. La recomendación fue su archivo.
La bancada correísta acusó a la mayoría de la Comisión de intentar “defender al Contralor”. En su intervención, Roberto Cuero de Unión por la Esperanza (Unes) dijo que la recomendación de archivar el proceso contra el Contralor “no lo sorprendía porque todos son parte del mismo grupo del excontralor Pablo Celi “(actualmente acusado de delincuencia organizada).
Por su parte el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio recordó que fueron ellos quienes impulsaron el juicio político a Celi.
Altercados en la comisión
El asambleísta Ronny Aleaga (Unes) no pudo participar. Villavicencio no le permitió prender el micrófono por ser la parte demandante, dijo que lo escucharían luego de la votación. Esto caldeó los ánimos en la sala.
Durante la votación también hubo palabras cruzadas entre el asambleísta del correísmo Comps Córdova que pedía la palabra para su compañero de bancada, Aleaga y Villavicencio que no lo permitía.
Luego de más de una hora, con 5 votos a favor y 3 en contra se aprobó el informe sobre el juicio político al Contralor subrogante con la recomendación de su archivo. El caso pasa a manos de la Asamblea.
Juicios políticos como arma
Si bien, ya es una primera etapa perdida para el grupo que propuso el juicio político, las cosas pueden cambiar en el Pleno.
El caso más reciente fue el de la Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, donde la Comisión también sugirió el archivo del proceso; sin embargo, en el Pleno se decidió lo contrario y al final, Arregui fue destituida.
Para que pase el juicio político en Sesión General se necesitan 70 votos. Unes dice tener 48 curules que apoyan la moción. Ahora depende de las conversaciones con las otras bancadas.
Para el analista político y experto en temas legislativos, Alfredo Espinosa, estos recursos de juicios políticos no se pueden utilizar de manera antojadiza. Espinosa cree que existe un abuso de la institución de juicio político para pretender dar de baja a las autoridades del Estado.
Las acusaciones al contralor Carlos Riofrio
El ponente del juicio político fue el asambleísta de Unión por la Esperanza (Unes) Ronny Aleaga. El pedido fue ingresado a la Secretaría de la Asamblea el 7 de octubre de 2021
En el informe final, página 7, constan como pruebas:
- Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 013-cg-2021 de 13 de agosto de 2021
- Publicación digital contenida en la plataforma electrónica Twitter desde la cuenta oficial de la Contraloría General del Estado de fecha 21 de septiembre de 2021 con el texto “Antes de iniciar los procesos de contratación pública de la institución deben solicitar a la #CGE el informe de pertinencia hasta el 31 de diciembre de 2021 sólo se solicitarán para contratos superiores a USD 962.410,93
El tuit se refiere a que los procesos de contratación pública necesitarán, como parte del proceso, un informe de pertinencia de Contraloría solo si son mayores a $962,410. El tuit fue eliminado de la red social.
En su defensa, el 10 de marzo de 2022, Riofrío explicó que esto fue parte de una modificación al Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y que él solo cumple con la norma.
El correísmo desiste del juicio político al Procurador
Luego de la atropellada sesión de la Comisión de Fiscalización que terminó con la recomendación del archivo del juicio político al Contralor, los asambleístas de Unes salieron furiosos a la planta baja del Parlamento a dar una rueda de prensa.
El asambleísta Ronny Aleaga, además de quejarse por no haber podido tener el uso de la palabra, dio a conocer que iban a retirar el pedido de juicio político que su partido ingresó, el 4 de octubre de 2021, contra el procurador Íñigo Salvador.
El ponente de la propuesta de censura fue el asambleísta por Unes, Ferdinand Álvarez. Al Procurador se le acusa, también por “incumplimiento de funciones”.
En este caso, Álvarez aseguró tener pruebas de que en una demanda internacional que la petrolera francesa Perenco interpuso al Ecuador, el Procurador se adelantó a decir que el Estado ecuatoriano debía pagar esa obligación. El fallo exigió al Estado pagar 374 millones de dólares a la petrolera.
Pero la mañana de este 17 de marzo de 2022, la bancada de Unes envió una solicitud a Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, para que proceda con el retiro del juicio político al Procurador.
Villavicencio dijo en rueda de prensa que eso no será posible porque esto solo podría hacer el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Quieren cambiar de objetivo
El analista político Alfredo Espinosa insiste que los cálculos políticos no le resultaron a la bancada de Unes y sus aliados, por lo que ahora buscan estos subterfugios que no están contemplados en el marco legislativo. El objetivo, dice Espinosa, es acelerar el proceso de juicio político a los Consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
Espinosa cree que, si bien es cierto que el Cpccs, al mando de Ulloa, no está acelerando los procesos de designación de autoridades, estos están empezando a caminar, lo que para la bancada de Unes resulta preocupante porque al no tener control sobre esta entidad del Estado pierden espacios de incidencia en la designación de autoridades.