El riesgo de no pago de deudas o default ha crecido. Si el país deja de pagar sus obligaciones, se cerrarían los mercados internacionales de créditos. Los multilaterales están abiertos para negociar con Daniel Noboa, pero debe haber una ruta clara de cambio estructural.
Ecuador es visto internacionalmente como uno de los países de América Latina que más ha incumplido el pago de sus deudas (más de una docena de veces) desde que es una república.
A días de que asuma el poder Daniel Noboa, el riesgo de caer en default o impago de obligaciones ha vuelto a sonar con fuerza.
Además, desde 2024 aumentan los pagos por los créditos recibidos en años anteriores y se comienzan a pagar montos crecientes por los bonos de deuda externa.
LA HORA ya ha reportado que el pago de la deuda pública sumará más de $32.200 millones entre 2024 y 2027, mientras las presiones por más gasto crecen.
Esto ha despertado todas las alertas de los mercados internacionales porque un escenario en el que Ecuador deje de pagar sus deudas por falta de recursos es inconveniente para todos.
“Si el Ecuador no pudiese cumplir con sus compromisos, e incurriese en un nuevo evento de default, eso implicaría que el país quedaría fuera de los mercados financieros de crédito por los próximos cinco a diez años”, ha dicho Alejando Arreaza, economista para la región andina del banco de inversión Barclays.
En otras palabras, si no se evita el default, Ecuador estaría cerrado a cualquier fuente de financiamiento por un periodo muy prolongado con enormes consecuencias negativas.
Ajuste obligado y brutal
Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, explicó que el costo de un default para un país como Ecuador, que depende del financiamiento externo, sería enorme.
“Obligaría a un ajuste fiscal radical desde el lado del gasto. Lo que los gobiernos hasta ahora se han negado a hacer. En un país subdesarrollado como Ecuador hay escasez de capitales, mientras que en el mundo desarrollado son abundantes. Se necesitan capitales para el desarrollo”, puntualizó.
Todos los años el Gobierno Central necesita financiamiento para inversión pública, cubrir el déficit fiscal y pagar amortizaciones o vencimientos de deudas anteriores. Todas esas necesidades representan actualmente entre $7.000 millones y $10.000 millones anuales. En el mejor de los casos, la mitad de ese financiamiento se levanta dentro del país (IESS, bancos privados, entre otros) y la otra mitad se deje conseguir fuera.
Ecuador no genera los recursos suficientes para cubrir su gasto público, y, si se cierran las puertas de los mercados internacionales, solo quedaría la opción de un recorte obligado y brutal.
Lo que en teoría se dejaría de pagar con el default no compensa la pérdida de financiamiento no solo para el sector público, sino también para el privado.
El default se puede evitar
“Hay apertura de los organismos internacionales para buscar una solución y evitar un default de la deuda. No sería algo conveniente ni para el país ni para los acreedores”, ha asegurado Arreaza.
Las líneas de créditos tradicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) como el stand by agreement no están entre las opciones más viables en este momento porque requieren un programa de ajuste y medidas concretas a corto plazo. No es viable políticamente.
Pero, el Gobierno de Noboa podría optar por una línea de crédito rápida que sirve para dar liquidez a países golpeados por desastres naturales como puede ser el fenómeno de El Niño. Directamente el FMI podría dar al menos $600 millones y se podrían sumar aportes de otros multilaterales
Sin embargo, a la par, se necesitan cambios y reformas estructurales porque el país ya tiene actualmente poco espacio de financiamiento, e incluso opciones como China ya no podrían proveer los grandes préstamos de antes.
El nuevo presidente Daniel Noboa debe sincerar la situación ante los ecuatorianos, revaluar su apuesta económica y construir un programa creíble para que no se cumpla su propia amenaza de default en 2026 o incluso antes. (JS)
¿Cómo llegamos nuevamente al riesgo de default?
En 2020, en medio del desplome de la economía debido a la pandemia, el Gobierno de Lenín Moreno consiguió renegociar la deuda externa en bonos y firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar un Estado sin recursos.
Así, los acreedores acordaron darnos más tiempo para pagar las deudas y más dinero para evitar un colapso fiscal, pero con el compromiso de que luego de cuatro años se sanearan las finanzas estatales y se hicieran cambios estructurales para que el país aumente su capacidad de pago y su crecimiento económico.
Sin embargo, pasado esos cuatro años, no se logró sanear las finanzas públicas y concretar las reformas estructurales.
Por eso, como el presidente electo Daniel Noboa dijo en su gira por Estados Unidos, nuevamente está vigente el riesgo de que Ecuador caiga en default o impago de sus deudas.
Alejandra Arreaza, economista para la región Andina del banco de inversión Barclays, explicó que existe un problema de credibilidad como consecuencia de que el país ha tenido múltiples intentos fallidos para atender sus problemas estructurales.
Cualquier reforma o ajuste fiscal no es visto como algo sostenible en el tiempo porque las condiciones políticas del país hacen que más temprano que tarde se retroceda en el camino andado.
En el Gobierno de Lasso, por ejemplo, reformas hechas dentro del acuerdo con el FMI, como la relacionada con los impuestos, en poco tiempo se revirtieron por cuestiones políticas.
Actualmente, en medio del déficit fiscal creciente, las presiones adicionales de gastos por el fenómeno de El Niño, el cierre de operaciones del ITT, entre otros temas, se necesita atender el problema político de la gobernabilidad y mandar una señal clara sobre la voluntad de pago.