Se acumulan atrasos y se suman $6.000 millones de recursos sacados al IESS, empresas públicas, entre otros, para cubrir déficit y deudas. Hay descontrol presupuestario.
Los esfuerzos de orden y reducción del déficit fiscal duraron hasta 2022. Luego del cierre exitoso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se produjo una espiral de decisiones que han ido minando las finanzas públicas en 2023: reversión de la primera reforma tributaria aprobada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y otras reducciones de impuestos, a la par de un aumento del gasto, entre otros.
El resultado, según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, es que de enero a octubre de 2023 se acumuló un déficit (más gastos que ingresos) de -$3.581 millones en el Presupuesto General del Estado (PGE).
Ese déficit es 14 veces más que los -$249 millones registrados entre enero y septiembre de 2022.
Según un análisis hecho por la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), todo esto se debe a una caída importante de ingresos, tanto petroleros como tributarios, y a un aumento en todos los componentes del gasto corriente; mientras la inversión u obra pública sigue en niveles bajos.
En su momento, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, dijo que el ala liberal del Gobierno, vinculada a Ecuador Libre, y que tomó el mando del frente económico (Ministerio de Economía y SRI) después del paro indígena de junio de 2022, estaba incómoda con el acuerdo con el FMI y solo esperó al cierre de dicho acuerdo para impulsar su agenda.
En ese escenario, se bajaron impuestos, no se controló el gasto; y la actual administración podría dejar un déficit y un nivel de atrasos incluso mayor del que heredaron en mayo de 2021.
Sacar dinero de donde sea
Carrera apunta a que el déficit pasará de los -$3.581 millones hasta octubre a más de -$5.000 millones a diciembre de 2023. Además, actualmente el nivel real de atrasos (pagos pendientes a gobiernos locales, proveedores, IESS, entre otros) es de $2.072 millones con tendencia al alza hasta finales de año.
Noviembre y diciembre son los meses más difíciles en términos presupuestarios porque se acumula un gran porcentaje del gasto anual.
Ante las crecientes necesidades de recursos y la caída de ingresos, el Gobierno ha intentado buscar financiamiento en donde sea para ir pateando para después el estallido de la crisis fiscal.
La estrategia no ha sido suficiente porque ya se acumulan reclamos de atrasos desde gobiernos locales y otras instancias.
Sin embargo, desde enero a octubre de 2023, de la mano del Ministerio de Economía se ha sacado liquidez de empresas públicas, IESS, fondo de seguro de depósitos, multilaterales y otras fuentes para cubrir en algo el déficit y el pago de amortizaciones (vencimientos de capital de deudas anteriores.
Fuentes de liquidez en medio de la crisis
1 En agosto de 2023, parte del déficit fiscal fue financiado mediante la compra de $1.600 millones de bonos del Estado desde el IESS. La seguridad social también compró $581 millones adicionales en bonos, que se registraron el 1 de noviembre de 2023.
Así, el IESS continuó siendo una de las principales fuentes de liquidez del fisco, pero al mismo tiempo, una de las principales instituciones afectadas por el atraso en las transferencias estatales. Solo hasta agosto, esos atrasos sumaban más de $640 millones.
2 A través de los Convenios de Liquidez, el Gobierno ha sacado $669 millones de la caja de empresas y entidades públicas, con el fin de tener algo más de recursos para los gastos del PGE.
Incluso, en medio de la crisis eléctrica, el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Gonzalo Uquillas, ha llegado a denunciar que se movieron $57,5 millones de las cuentas de esa entidad.
Esto provoca que, en sectores como el energético (electricidad, petróleo, entre otros) se tengan menos recursos para invertir y se desvíe el dinero para intentar cerrar el hueco en el Estado Central, sobre todo para gasto corriente.
3 El Gobierno también ha sacado liquidez de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede). Esa corporación maneja el fondo que sirve para devolver el dinero (hasta un cierto monto) de los depositantes y clientes de instituciones financieras y de seguros formales que cierren sus puertas o quiebren por algún motivo.
Durante 2023, se logró que el Cosede compre $329 millones en bonos estatales. A esto se debería sumar lo que los bancos privados han invertido en compra de bonos para financiar al Gobierno Central en perjuicio de reducir los recursos disponibles para dar crédito.
4 Para cubrir el déficit y pagar deudas pasadas, también se recurrió a la fuente tradicional de los multilaterales. Este año se han recibido más de $500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), casi $600 millones del Banco Mundial (BM), $147 millones de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y $172 millones de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entre los principales.
5 En total se ha conseguido alrededor de $6.000 millones en financiamiento; pero no ha sido suficiente para cubrir todo el déficit ni tampoco para reducir los atrasos.
Por eso, desde Petroecuador se ha lanzado un proceso de licitación para una preventa de un poco más de 11 millones de barriles de crudo.
La meta inicial era recibir anticipadamente alrededor de $1.200 millones por un petróleo que se entregaría hasta marzo de 2024.
La petrolera estatal recibió cinco ofertas y al final se optó por la propuesta de la petrolera china Unipec. Al final no cuajó el pago anticipado y se recibirán pagos por $816,6 millones entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.
Según Cordes, la preventa habría complicado aún más la ya muy difícil situación fiscal que heredará el próximo Gobierno, pues hubiera reducido su flujo de ingresos para el primer trimestre de 2024. (JS)
En déficit fiscal y pago de amortizaciones de deudas pasadas, se necesitan más de $9.000 millones en 2023. El Gobierno ha conseguido parte de eso.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha intentado al menos limitar el gasto en la última parte de 2023 con la emisión de directrices de austeridad.