Pablo Arosemena establece límites a la contratación de nuevo personal y dispone no autorizar de horas extras y suplementarias . Asimismo, ponen frenos y exige priorizar la contratación pública.
A través de un oficio titulado “Directrices para optimización del gasto público”, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, pone límites y frenos al gasto público durante los últimos meses de 2023, es decir, hasta diciembre próximo.
En el caso de la contratación de nuevo personal en el sector público, se establece solo cinco casos en los que estará autorizada:
-Retorno del titular a su puesto de origen por finalización de comisión de servicios, y licencias.
–Reemplazos por puestos únicos.
-Reemplazos de puestos de nivel jerárquico superior, únicamente aquellos que se desvincularon en el mes de septiembre y octubre, y que son prioritarios en la gestión institucional.
-Reingreso de servidores por cumplimiento de sentencias judiciales.
–Personal esencial de los sectores de Salud y Educación.
Además, también se dispone que los puestos del Nivel Jerárquico Superior (NJS),que hayan permanecido vacantes hasta septiembre de 2023, no serán ocupados hasta finalizar el año.
Asimismo, las entidades que den por terminados los contratos de servicios ocasionales y/o nombramientos provisionales, no podrán contratar o incorporar personal con cargo a proyectos de inversión.
Tampoco se podrá autorizar la contratación de personal en reemplazo del personal en comisiones de servicios o licencias sin remuneración. Y no se asignará recursos adicionales para gastos de personal corriente o inversión, para la contratación o ingreso de personal nuevo en el ejercicio 2023.
Para todas las entidades del Presupuesto General del Estado (PGE), se suspenden trámites de solicitudes que requieren el pronunciamiento del Ministerio de Economía.
Por otro lado, quedan suspendidos los procesos administrativos relacionados con la incorporación de personal adicional en entidades de reciente creación.
Finalmente, entre octubre y diciembre no habrá autorizaciones para el pago de horas suplementarias y extraordinarias para los trabajadores y servidores de las instituciones públicas.
Freno a la contratación pública
En medio de un escenario en donde se prevé un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de entre $4.500 y $5.000 millones; y un nivel de atrasos de alrededor de $2.000 millones; además, con el cambio de mandato presidencial a las puertas, desde el ministerio de Economía también se emitieron directrices para limitar y priorizar la contratación pública:
1.- El Ministerio de Economía realizará la liquidación de aquellas certificaciones que hayan sido emitidas en el segundo cuatrimestre (abril, mayo y junio) y que hasta octubre no se hubieren efectivizado.
2.- No se emitirán disponibilidades de recursos para nuevos proyectos de inversión, no se autorizarán incrementos presupuestarios en gasto corriente o inversión, no se autorizarán reprogramaciones de las cuotas de compromiso y devengo (salvo excepciones justificadas para los ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social).
3.- Las entidades que no ejecuten actividades para la atención de la emergencia decretada por el fenómeno de El Niño deberán abstenerse de planificar, programar, certificar e iniciar nuevos procesos de contratación de egresos permanentes y no permanentes, que no tengan el carácter de prioritario para la funcionalidad institucional.
4.- No se autorizarán modificaciones presupuestarias para financiar nuevos procesos de contratación de bienes y servicios o bienes de larga duración. Tampoco se darán nuevos avales para gastos por transferencias y bienes de larga duración, salvo casos relacionados con convenios firmados antes de las directrices emitidas el 23 de octubre.
5.- En el rubro de nuevas contrataciones, se dispone que las instituciones de la función pública no deberán generar nuevos procesos de contratación pública y se prohíbe el traspaso de recursos del grupo de bienes y servicios al grupo de bienes de larga duración, para iniciar procesos de contratación de Activos de larga duración. (JS)
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