El promedio de ingresos bajó a $1.600 millones mensuales desde junio de 2023; mientras los gastos bordean los $2.000 millones. La escasez se mantendrá en los próximos años.
Ante unas cuentas públicas que terminarán 2023 con un déficit de hasta $5.000 millones (más gastos que ingresos), y necesidades crecientes para enfrentar fenómenos naturales como El Niño, el próximo Presidente de la República tendrá que resolver dilemas económicos desde el inicio de su gestión.
1 Crisis fiscal
Durante los primeros cinco meses de 2023, el promedio de ingresos mensuales del Presupuesto General del Estado (PGE) fue de $1.809 millones. Desde junio y para el resto del año, el promedio mensual bajará a los $1.600 millones mensuales, sin embargo, los gastos bordearán los $2.000 millones.
La crisis fiscal es real y el próximo Gobierno tendrá recursos escasos, pero crecientes presiones de gastos.
Según Jaime Carrera, miembro del Observatorio Fiscal, un ejemplo de lo ajustado del dinero público es la situación que se tendrá en diciembre de 2023, es decir, el primer mes completo del nuevo Gobierno.
En ese mes, se deberá pagar $800 millones por salarios y $500 millones adicionales por décimo tercer sueldo. Solo quedarán $300 millones adicionales de ingresos para cubrir el resto de los gastos.
Por eso, y de cara a 2024 y 2025, el próximo inquilino de Carondelet deberá propiciar un pacto fiscal con tres componentes básicos:
A Límite al crecimiento del gasto público: Un porcentaje acordado anual que podría ser igual a la inflación o al crecimiento proyectado de la economía.
B Prioridades claras: Dónde se va a invertir y gastar como prioridad; en dónde se puede revisar los presupuestos; y cómo se establecen mecanismos para reducir la mala ejecución.
Según Ana Patricia Muñoz, presidenta del International Budget Partnership, con datos de 34 países, se ha estimado que la mala ejecución puede llegar hasta el 17% del presupuesto de entidades estatales. Ahí hay un trabajo que probablemente no pueda concluir el presidente de transición, pero sí avanzar y sentar las bases.
C Más gasto, pero financiado: Cualquier aumento de gasto debe ir de la mano con la identificación clara y realista de la fuente de financiamiento.
“Ecuador tiene que acostumbrarse a trabajar y vivir con escasez”, dijo Carrera.
2 Reforma tributaria
De la mano del pacto fiscal, el próximo presidente deberá decidir sí se embarca o no en una nueva reforma tributaria para financiar un presupuesto estatal en creciente déficit fiscal (más gastos que ingresos).
Sectores sociales y ambientalistas como Yasunidos, y corrientes como las llamadas de ‘tercera vía’ como las del candidato Yaku Pérez, apuntan a eliminar deducciones y exoneraciones en el pago de impuestos de las empresas.
Solo en exoneraciones y deducciones del pago de impuesto a la renta, se asegura que se puede generar ingresos adicionales entre $1.500 y $3.000 millones, pero a costa de encarecer los costos de producción, desincentivar la inversión privada y el ya escaso empleo formal.
Andrés Verdesoto, abogado tributario, comentó que, por encima de la angustia por tener más ingresos y cumplir con ofertas de campaña de más obra pública, el nuevo presidente deberá evaluar que otra reforma tributaria significará cambios en las reglas del juego para producir e invertir.
“Ecuador mantiene el promedio de una reforma tributaria al año. Eso habla de un país poco serio. Además, se debe evaluar que más impuestos no servirán de nada si asfixian el crecimiento económico”, puntualizó.
3 ¿Banco Central o FMI?
Desde todos los sectores, pasando por izquierda, centro y derecha, se suman voces que hablan de que se pueden buscar formas de tomar dinero de las reservas del Banco Central para financiar las necesidades de gasto público en Ecuador.
Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, ha dicho que se pueden hacer cambios legales, de la mano de la nueva Asamblea, para abrir la puerta de esas reservas y financiar un presupuesto estatal sin muchas opciones de liquidez.
Con un riesgo país de 2.000 puntos, y ante la incertidumbre de un Gobierno de transición, la emisión de bonos de deuda externa es completamente inviable y fuentes alternativas como China ya no tienen una chequera tan generosa como antes.
Las opciones de generar más ingresos son limitadas, y a pesar de los impactos negativos a la economía dolarizada, está latente la tentación de usar el dinero depositado en el Banco Central.
Esa tentación viene con otras ideas de raspar la olla como obligar al IESS a comprar más papeles de deuda pública o renegociar los contratos petroleros con las empresas privadas, privilegiando sacarles más dinero antes que fomentar que inviertan más para aumentar la producción.
En el otro extremo, la alternativa de financiamiento sería sentarse a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Eso no solo podría conseguir más recursos para cubrir las deudas que vencerán en montos cada vez más altos en los próximos años, sino ampliar las líneas de crédito con otros multilaterales para proyectos de inversión y obra pública.
Un nuevo acuerdo con el FMI incluiría compromisos fiscales para controlar el gasto y generar más ingresos. Esto significaría, por ejemplo, un plan de acción inmediato y efectivo para desmontar el subsidio a los combustibles.
“El último acuerdo, que se cerró con éxito en el Gobierno de Guillermo Lasso, deja como lección que el FMI puede ser muy flexible, pero no puede dar dinero sin nada a cambio. El conseguir un pacto fiscal permitiría negociar con un plan respaldado internamente”, concluyó Carlos Rodríguez, economista e investigador en temas de cuentas públicas. (JS)