Asignación del proyecto de reforma tributaria a la Comisión de Desarrollo Económico genera suspicacias. La Asamblea defiende la decisión.
El 2 de noviembre de 2021, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal (reforma tributaria), así como también la Pro forma Presupuestaria 2022.
El primer documento fue remitido a la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por el asambleísta Daniel Noboa Azín (INDP), y el segundo a la Comisión de Régimen Económico, presidida por Mireya Pazmiño (PK). Esta división ha sido observada.
El artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las competencias de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control son “los asuntos e iniciativas legislativas de la política macroeconómica en sus aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios, aduaneros, monetarios, financieros, de seguros y bursátiles”. Por ello, tradicionalmente, ha sido este ente legislativo el encargado de analizar tanto los temas impositivos (tributarios) como presupuestarios.
Por ello, hay voces que señalan que ambas propuestas recaían en su área. Según el abogado constitucionalista, André Benavides, la Asamblea estaría actuando sin conocimiento. Benavides es uno de quienes sostienen que la Comisión de Régimen Económico debía conocer ambos proyectos.
“Que la Asamblea Nacional, por un tema de cálculo político, decida remitir los proyectos de ley donde eventualmente tenga mayor viabilidad, es otra cuestión, pero lo que está haciendo es infringir lo que señala el artículo 21 de la LOFL”, señala el jurista.
Benavides destaca que también se está desconociendo las reformas a la LOFL que se realizaron en 2020 para evitar este tipo de hechos.
“Entonces, aquí existe una vulneración del artículo 21 y 23 de la LOFL, que establece la integración de las comisiones especializadas permanentes”, explica Benavides.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Wilma Andrade (ID), comenta que la decisión del CAL de enviar los proyectos a diferentes comisiones fue adecuada porque así se va permitir el tratamiento de dos temas divididos en dos comisiones que se encargan de temas económicos.
«Si el mecanismo solo fuera a través de lo que dice el artículo 23 de la LOFL, no habría el CAL ni la composición de todas las bancadas y los representantes de la Asamblea para decidir cómo se administra de manera más adecuada la gestión de las leyes», señala Andrade, quien asegura que el CAL tiene la competencia y decisión mayoritaria para asignar a las comisiones que se encargarán de la discusión de las leyes.
A criterio de Benavides, esta designación de proyectos se hizo por un tema no solo político sino también práctico, para no acumular de trabajo a una sola comisión. Además, considera que la Ley Económica Urgente tiene más posibilidades de aprobarse conforme lo envió el Ejecutivo si sale desde la Comisión de Desarrollo Económico conformada, en su mayoría, por asambleístas independientes y del BAN.
Escenarios
El envío de los dos proyectos a dos comisiones diferentes puede generar tres escenarios:
- Que se dé viabilidad y se tramiten para primer y segundo debate.
- Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico podrían señalar que no les compete el tratamiento de esta ley y que se envíe a la de Régimen Económico.
- Que la Comisión de Desarrollo Económico se atrase en enviar los informes y abran camino para que esta pase por el Ministerio de la Ley.
A pesar de esto último, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico no tendrían la intención de impugnar la llegada de la reforma tributaria a su mesa, debido a que permitiría que se concentren esfuerzos de manera separada, práctica y especializada.
Además, consideran que el tratamiento y aprobación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico tendría una visión positiva ya que, según la vicepresidenta de este órgano, se realizarán de 2 a 3 sesiones al día que permitan que las voces de afectados y beneficiarios de la ley puedan tener un espacio de discusión en la mesa legislativa.
De acuerdo con los plazos constitucionales, la reforma tributaria y la Pro forma Presupuestaria deberán ser tratadas en 30 días.
«Será un trabajo intenso, pero responsable. Nosotros vamos a garantizar que se cumpla el tiempo para el tratamiento de esta ley. Para esto, mañana mismo (4 de noviembre) está convocada la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, a las 11:00, en la que abocaremos el conocimiento de este proyecto«, recalcó Andrade y explicó que dentro de este proyecto hay temas «muy beneficiosos y que no ameritan ningún debate» como la eliminación del 2% impuesto para los microempresarios y emprendedores. (MFU)
TE PUEDE INTERESAR:
Diesel sin subsidio provocaría un gasto adicional de $2,45 en la canasta básica