El costo de la vida se ve más afectado por el gasto público sin sustento.
El país volvió a sufrir días de paro y convulsión social (26 y 27 de octubre de 2021), luego de que el Gobierno decidiera incrementar y congelar inmediatamente el precio de los combustibles.
Dirigentes políticos como Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), han repetido hasta el cansancio que la extra y el diésel son caros y eso golpea el bolsillo de los más pobres.
Sin embargo, desde septiembre de 2020 hasta septiembre 2021, los aumentos mensuales de los combustibles dentro del sistema de bandas han tenido un impacto mínimo en el costo de la canasta familiar vital.
En el último año, esa canasta pasó de costar $500,91 a $502,90 ($1,99 más); pero sólo 40% de ese incremento se debe al precio de las gasolinas.
Actualmente, el diésel está fijado en $1,90 y tiene alrededor de $0,4 de subsidio por galón. En este contexto, la pregunta sería qué impacto tendría si se eliminara todo ese subsidio.
Hasta $0,04 más en costos de producción agrícolas
Pablo Vega García, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), calculó el impacto del diésel sin subsidios en los costos de cuatros productos agrícolas: banano, leche, papa y arroz
Para eso, el académico recopiló información sobre la cantidad de diésel que se utiliza para producir y transportar cada uno de esos bienes
La conclusión es que el incremento puede estar entre $0,01 (en el caso de un litro de leche o de 1 kg de papa) y hasta $0,04 centavos (en el caso de 1 kg de arroz).
Estos incrementos supondría que el gasto mensual de los ecuatorianos en los productos analizados suba en alrededor de $0,35.
Asimismo, si se analiza el impacto en el costo de una canasta vital de 28 bienes básicos, el bolsillo del ecuatoriano promedio tendría que sacar $2,45 adicionales.
El gasto público ‘golpea’ más
En perspectiva, por ejemplo, solo en el primer año de la década correísta (con combustibles completamente subsidiados), esa canasta vital pasó de $330,39 a $358,83, es decir, se encareció en más de $28,44.
Eso quiere decir que el costo de la vida se afecta más por el gasto público sin sustento, la falta de productividad, encarecimiento de insumos y materias primas importadas, e incluso el poco acceso al crédito, antes que por el precio de las gasolinas.
A eso hay que añadir que el aumento en el valor de la canasta se concentra, en mayor medida, en un posible ajuste del pasaje de transporte público. Eso sí es un golpe significativo, de entre 10% y 20% en el presupuesto mensual.
Los problemas estructurales del agro no se discuten
Iza asegura que solo actúa en defensa de los más pobres y los campesinos; pero las medidas que proponen son la repetición de las políticas económicas más ineficientes de los últimos 40 años: subsidio a los combustibles y control de precios.
Sin embargo, según Aníbal Yépez, ingeniero agrónomo y pequeño productor lechero, ningún dirigente político, sectorial o social habla de la falta de tecnología e innovación; ni ensaya propuesta alternativas y realizables para mejorar los ingresos y la calidad de vida de los pequeños campesinos.
“Cada dólar que se va en subsidios a los combustibles representa entre tres y cuatro que no se multiplican mediante inversión en asesoría y capacitación para optimizar cultivos, e incluso financiamiento barato para producir más por hectárea”, acotó.
Incluso, según organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entrega de dinero directamente a los productores resulta más efectivo y con más impacto positivo que destinarlo a mantener gasolinas baratas. (JS)
Subsidios reducen gasto en salud y educación
En Economía hay un refrán popular que dice que “no existe almuerzo gratis”. En otras palabras, el dinero que se destina a un propósito es inversión que se deja de hacer en otras actividades.
Así, cada año, el Estado destina alrededor de $4.000 millones para financiar el sistema ineficiente de comercialización de combustibles. Ese monto no va ni a salud ni educación, y provoca que, en promedio, una familia pobre o de clase media, gaste hasta el 15% de sus escasos ingresos mensuales para atenciones médicas, compras de medicamentos, u otras necesidades educativas de sus hijos.
Esos gastos no serían necesarios si como sociedad acordáramos cuáles son los destinos más eficientes para el dinero público.
