Hay procesos penales que se encuentran represados desde hace una década. La oralidad da más agilidad, pero las dilataciones vienen de parte de los abogados.
Una justicia que tarda no es justicia, dice un refrán popular; sin embargo, en Ecuador la realidad -nada nueva- es que los procesos judiciales llevan años en los juzgados y los tribunales, a pesar de que desde 2008 -en la Constitución, se estableció la oralidad en los procesos judiciales. El expresidente Rafael Correa dijo que esto era parte de la “metida de mano a la justicia” para dotar de celeridad, eficacia y transparencia.
La demora en los procesos es cotidiana en el país. Un ejemplo es justamente las más de 10 investigaciones previas que se siguen en contra de Correa; entre esas está la muerte del policía Froilán Jiménez, tras la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
Otro ejemplo es la denuncia que hay contra el exmandatario sobre el caso Angostura, la fallida construcción de la Refinería del Pacífico, la reconstrucción de Manabí o la renegociación de la deuda pública.
Las acusaciones que pesan contra Correa, y que siguen en la Función Judicial, son por delitos como peculado, que está sancionado con una pena de cinco a trece años de prisión; tráfico de influencias, que conlleva una pena privativa de libertad de tres a seis años; traición a la patria, sancionado con cárcel de siete a diez años. Esos procesos están paralizados y están en fase de indagación previa, algunas desde 2011.
Casos de relevancia que no avanzan
Hay una indagación previa que abrió la Fiscalía en contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, tras los eventos de octubre de 2019, durante el levantamiento indígena en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles dispuesto por el Gobierno de Lenín Moreno.
El expediente abierto en la Fiscalía, por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, lleva dos años y recién se dictó una nueva providencia para que el dirigente se presente el 26 de octubre de 2021 a las 11:30, a la ampliación de versión. Iza por medio de su abogado, Carlos Poveda, presentó un escrito señalando que no iba a asistir, por cuanto se encontraba cumpliendo el mandato de la Conaie, que en su consejo ampliado, dispuso la iniciación de marchas para este día, por lo que pidió el diferimiento de la diligencia judicial.
Iza, junto con otros 51 dirigentes solicitaron a la Asamblea Nacional que se les otorgue la amnistía, es decir, el “perdón y el olvido” de todos los procesos judiciales que se hayan iniciado en su contra.
¿La oralidad en entredicho?
Para juristas consultados por este medio, el problema de la demora en los procesos judiciales no responde a la implementación de la oralidad. Consideran que este mecanismo ha ayudado a agilizar los procesos; sin embargo, aseguran que hay otros factores que conllevan a la dilatación de los procesos en los juzgados, tribunales y cortes.
Para el abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, la oralidad ha sido un avance para el derecho procesal en el país, el mismo que está llevando a un nuevo modelo que es el digital; pero cree que es necesario hacer reformas legales para impedir que se implementen formas de dilatar los procesos.
“La oralidad siempre ha sido un instrumento que contribuye a abreviar los plazos, de hecho esa oralidad se está pasando a la digitalización, pero hay otras razones que hacen que los procesos se dilaten”, sostuvo el jurista, como esperar un expediente para analizarlo.
El jurista Gonzalo Realpe va más allá. A su criterio, la demora en los juicios se debe “a los recursos y los incidentes tramposos y mañosos que hacen los abogados. Un ejemplo, los abogados del exalcalde Quito, Jorge Yunda, por cada diligencia, incidentan, meten recursos, recusaciones, apelaciones son la mañosería de los abogados los que retardan los procesos”, afirmó.
Realpe coincide con García en que la oralidad ha ayudado a disminuir los tiempos para la tramitación de los juicios. (RR)
El único caso en el que se ha emitido sentencia para el expresidente de la República, Rafael Correa, es el caso Sobornos 2012-2016. Fue sentenciado a ocho años de prisión
Constitución de 2008, artículo 168 numeral 6 señala:
“La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”.