Las amnistías a Ricardo Patiño, excanciller del correísmo, a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y al dirigente gremial Mesías Tatamuez, están pendientes de resolución en la agenda parlamentaria.
La resolución de pedidos de amnistías y las reformas para la participación de militares en apoyo a la Policía Nacional para enfrentar el embate de la delincuencia son dos de los temas sensibles que formarán parte de la negociación entre las bancadas para llegar a acuerdos en el próximo periodo legislativo. El debate de estos asuntos quedó pendiente por solventar antes de que el Parlamento fuese cesado por la muerte cruzada.
Al próximo Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) le corresponderá debatir acerca del envío a la Comisión de Garantías Constitucionales de una resolución por la que se admitió a trámite la solicitud de amnistía presentada en noviembre de 2022, por el Movimiento Jubileo 2000 y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, a favor de Ricardo Patiño, excanciller del correísmo.
Patiño fue uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Rafael Correa (2007 y 2017), quien actualmente es prófugo de la justicia y vive en Bélgica.
En enero de 2023, la Comisión de Garantías Constitucionales, que en ese entonces estaba controlada por el movimiento correísta Unión por la Esperanza (UNES) y los disidentes de Pachakutik, esperaba emitir un informe (previo a la notificación del CAL) en el que podrían recomendar o no al Pleno de la Asamblea la aprobación de la amnistía.
El Legislativo requerirá de una mayoría calificada (92 votos) para aprobar el pedido de Vilma Salgado, representante del movimiento Jubileo 2000, y de Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Patiño, quien pasó por cinco ministerios en el régimen de Correa, salió del Ecuador en abril de 2019 y buscó refugio en México, luego de que la Fiscalía de Latacunga pidió para él prisión preventiva tras la formulación de cargos por la supuesta comisión del delito de instigación y por supuestamente haber “llamado a tomarse las instituciones del Estado”. Fue en medio de las protestas en contra del Gobierno del expresidente Lenín Moreno.
Según la argumentación de Jubileo 2000 y el Comité de los Derechos Humanos (la acción en contra de Patiño), fue un proceso político que afectó la “libertad de expresión, reunión pacífica y derecho a la resistencia establecido en el artículo 98 de la Constitución”. En el régimen de Correa, Ricardo Patiño fue ministro de Economía, secretario del Litoral, coordinador de la Política, ministro de Defensa y canciller.
Amnistía a Iza
Las amnistías que aprobó la Asamblea el 10 de marzo de 2022, a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a Mesías Tatamuez, expresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y a Onías Lautaro Muevecela, activista antiminero del Azuay, también están pendientes de resolución y aún no pueden ser ejecutadas.
En marzo de 2023, la Comisión de Garantías Constitucionales se alistaba para conocer y aprobar un informe que buscaba corregir el error cometido cuando se aprobó la moción en la Asamblea, en marzo de 2022, y que daba paso al otorgamiento de las amnistías.
“El error no nació en el informe de la comisión, el error se comete cuando en la sesión plenaria se mociona el otorgamiento de las amnistías, pero con un número diferente al expediente de la instrucción fiscal”, dijo en esa ocasión Victoria Desintonio, entonces vicepresidenta de la Mesa de Garantías.
Iza, Tatamuez y Muevecela, quienes enfrentaban procesos judiciales por las protestas de octubre de 2019, se beneficiaron de 268 amnistías aprobadas por la Asamblea el 10 de marzo de 2022.
Para que este beneficio pueda ejecutarse, el Parlamento debe corregir dicho error y volver a votar para que los operadores de justicia ejecuten la decisión política de la Asamblea.
Apoyo de militares a policías
El 10 de mayo de 2023, siete días antes del cierre de la Asamblea, la entonces Comisión de Enmiendas aprobó un informe sobre la reforma a la Constitución para que los militares apoyen a la Policía en el combate al narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, delitos asociados.
La propuesta debía pasar al Pleno para ser aprobado en segundo y definitivo debate. Luego de la aprobación en la Asamblea, el texto deberá pasar a un referéndum que confirme el cambio constitucional.
En la enmienda que deberá ser aprobada por el Pleno se incorporó que el Comandante de Policía enviará una solicitud al Presidente de la República pidiendo ese respaldo. El mandatario deberá, luego, convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), para el análisis del pedido.
El Cosepe debe analizar el pedido y elaborar el informe para la emisión del Decreto Ejecutivo, con el que las Fuerzas Armadas iniciarán su apoyo a la Policía por 60 días, que podrían ampliarse hasta por 30 días más. (SC)
Dos enmiendas a la Constitución
Teresa Nuques, jueza de la Corte Constitucional, tramita dos propuestas de enmienda constitucional que requieren un dictamen previo.
Una de ellas para aumentar los requisitos para ser asambleísta, como tener probidad notoria mediante una declaración juramentada bajo pena de perjurio, experiencia relacionada con el cargo, que puede incluir participación social o vinculación política, así como formación, estudios y capacitación en procedimientos legislativos
Actualmente, para ser asambleísta solo se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de derechos políticos y tener más de 18 años de edad.
La propuesta fue presentada en julio de 2022 por Sofía Sánchez, entonces asambleísta por Pachakutik, ahora reelecta por el movimiento Construye.
Otra propuesta de enmienda busca reformar el artículo 131 de la Constitución, que señala que la Asamblea puede enjuiciar políticamente a ministros, procurador, contralor o fiscal, vocales del CNE, del Consejo de la Judicatura y del Cpccs.
Con la reforma se busca incluir a los miembros del Consejo Directivo del IESS entre las autoridades que pueden ser destituidas por juicio político. Esta reforma la planteó Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea, en enero de 2023.
El Pleno de la Asamblea deberá pronunciarse sobre estas propuestas y remitir su resolución a la Corte Constitucional.