La presentación de la solicitud de Jubileo 2000 a favor de Patiño fue el 9 de noviembre de 2022. El CAL la admitió a trámite el 10 de enero de 2023.
En cuestión de horas, la secretaría del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) de la Asamblea remitirá a la Comisión de Garantías Constitucionales, la resolución por la que se admitió a trámite la solicitud de amnistía presentada en noviembre de 2022, por el Movimiento Jubileo 2000, y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, favor de Ricardo Patiño.
Fue uno de los colaboradores más cercanos del régimen de Rafael Correa entre 2007 y 2017.
La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el movimiento correista Unión por la Esperanza (UNES), y los disidentes de Pachakutik -una vez que avoque conocimiento- tendrá 30 días de plazo para emitir un informe en el que podrá recomendar o no al pleno de la Asamblea Nacional la aprobación de la amnistía.
Se requiere de una mayoría calificada (92 votos) para aprobar el pedido de Vilma Salgado, representante del movimiento “Jubileo 2000” y de Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Votos de la mayoría
En una sesión del CAL del 10 de enero de 2023, se aceptó a trámite la solicitud de Jubileo 2000 con votos de Virgilio Saquicela (presidente de la Asamblea); de UNES, del Partido Social Cristiano (PSC), y la Izquierda Democrática (ID).
Nathalie Arias, del movimiento CREO se abstuvo. Defendió su decisión porque el planteamiento no estuvo justificado, dijo.
Proceso en Latacunga
Patiño, quien pasó por cinco ministerios en el régimen de Rafael Correa, salió del país en abril de 2019 y buscó refugio en México, luego de que la Fiscalía de Latacunga pidió la prisión preventiva en su contra tras la formulación de cargos por la supuesta comisión del delito de instigación y por supuestamente, haber “llamado a tomarse las instituciones del Estado”. Fue en medio de las protestas en contra del Gobierno del expresidente Lenín Moreno.
Según la argumentación de “Jubileo 2000” y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (la acción en contra de Patiño) es un proceso político que afectó la “libertad de expresión, reunión pacífica, derecho a la resistencia establecido en el artículo 98 de la Constitución frente a las políticas del Gobierno de Lenín Moreno”.
‘No debe quedar en la impunidad’
Arias consideró que el proceso judicial en contra de Patiño (que se abrió en 2019) debería seguir su curso con las investigaciones para que el caso no quede en la impunidad.
La Asamblea ya experimentó en carne propia -dijo- lo que representa generar “perdón y olvido” en casos que tienen consecuencias más allá de lo que la justicia ecuatoriana ha determinado. “En las últimas amnistías se generó una suerte de olvido y de intento de negar las gravísimas consecuencias que tuvo para varias ciudades dentro del país y los desmanes que se produjeron en 2019 y que fueron antesala para manifestaciones que no eran ciudadanas, ni patriotas”.
Arias se refirió así a la decisión que adoptó la Asamblea la madrugada de este 10 de marzo de 2022, cuando aprobó el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales y otorgó 268 amnistías a favor de personas procesadas por las movilizaciones de octubre de 2019. En esa ocasión, con los votos de 99 legisladores (de 92 necesarios) fueron favorecidos la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario Andino, Virgilio Hernández, el expresidente de la Conaie, Jaime Vargas, y el actual titular del movimiento indígena Leonidas Iza, entre otros.
“Incentivos perversos”
Para Arias, la generación de incentivos “perversos” como las amnistías buscan evitar que se castiguen este tipo de acciones. De todas formas, la legisladora de CREO consideró que la posibilidad de que existan 92 votos para aprobar la amnistía para Patiño “no es seguro“.
Dijo que, quienes están detrás de otorgarle la amnistía es la agrupación política UNES, y no necesariamente la ID, Pachakutik o el PSC tendrían la misma posición.
“Esto tendría que discutirse y hay que estar sumamente atentos de los términos del debate dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales”, señaló. (SC)
Casos narcovalija y Samanes
El escándalo de la narcovalija diplomática, la aprobación en la Asamblea de la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, o el pedido de asilo que planteó al Ecuador en 2013 el presunto asesor de la CIA, Edward Snowden, marcaron la gestión de Ricardo Patiño.
En las filas de militares retirados hay malestar. Bolívar Silva, coronel del Ejército en servicio pasivo, y exvocal del consejo directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), recordó que no tuvieron el respaldo de Patiño cuando el Estado pidió al ISSFA que devuelva $41 millones por la venta de 66 hectáreas del parque Samanes, en Guayaquil, así como en la aprobación de la ley que disminuía los aportes del Estado para los militares.
Fuentes de la Cancillería recordaron que todavía existe un proceso judicial por el caso de Latacunga, por lo que optar por una salida política, “afectaría aún más la débil institucionalidad del país”.
En el gobierno de Correa, Ricardo Patiño fue ministro de Economía, secretario del Litoral, Coordinador de la Política, ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores
“Quienes están detrás de otorgarle la amnistía a (Ricardo Patiño) es la agrupación política UNES”.
Nathalie Arias, asambleísta de CREO.