Las amenazas a la libertad de expresión en Ecuador ahora son otras

El presidente Daniel Noboa firmó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, comprometiéndose a garantizar las libertades de prensa y expresión en Ecuador. Foto: Archivo Presidencia de la República.

Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, este Diario recuerda los desafíos de la libertad de expresión. El crimen organizado, la división en el gremio, lastiman la capacidad de informar en el país. Pero hay más. 

ANÁLISIS. Muchas cosas han cambiado ya desde los oscuros tiempos del auge de la Supercom y la Ley de Comunicación del correísmo. Sin embargo, hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es justo recordar los nuevos desafíos y amenazas que enfrenta el ejercicio del periodismo en el Ecuador.

La amenaza del crimen a la libertad de expresión

Durante la década pasada, el país estuvo inmerso en una realidad en la que las peores amenazas a la libertad de expresión provenían del propio Estado. Ahora, la situación es diametralmente opuesta. Aunque, desde 2017, los sucesivos gobiernos han mostrado un respeto mucho mayor al ejercicio periodístico, las amenazas provenientes desde el crimen organizado se han multiplicado exponencialmente. De acuerdo con el último informe anual de Fundamedios, desde 2020 las agresiones provenientes del mundo del hampa se han multiplicado por diez y en el último año afectaron a 343 periodistas. Esta circunstancia ha forzado a casi una decena de ellos al exilio. A los ataques criminales se suman también las ofensivas legales. Ahora, algunos de los principales periodistas del país enfrentan también demandas en cortes estadounidenses, iniciadas por presuntos miembros del crimen organizado. 

Esta nueva situación requeriría, de parte del Estado, una respuesta institucional a la altura. Sin embargo, la tarea sigue pendiente. Organizaciones internacionales y gremios han insistido en la urgente necesidad de un Protocolo de Protección para Periodistas, que pueda activarse en casos urgentes. Aunque se han producido iniciativas desde el Legislativo en ese sentido, como el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico, incluido en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, estas no han podido concretarse. No existe el presupuesto necesario ni el personal técnico necesario para implementarlas. Mientras, el Estado apenas se limita a suministrar un apoyo mínimo, consistente en pequeños contingentes de seguridad, a los periodistas cuya integridad está en riesgo; en casos extremos, aquellos forzados a exiliarse deben confiar en sus propias redes y recursos para su sostén y protección. ´

La Espada de Damocles de la ley

En el campo legal, perdura aún el trauma que dejó en Ecuador el modelo correísta. El anhelo de amplios sectores de poder volver a operar sin ninguna Ley de Comunicación, no ha sido atendido. Sin embargo, durante el Gobierno de Guillermo Lasso se reformó la ley y se emitió un reglamento, como parte de una agenda mucho más amigable con la libertad de expresión. De todas maneras, la ley sigue pesando siempre como una espada de Damocles sobre el periodismo, en tanto deja resquicios legales de los que un potencial Gobierno averso a la libertad de expresión podría echar mano. La amenaza sigue latente ya que muchos miembros de la clase política exhiben aún una actitud hostil a la prensa; la mejor evidencia de ello fue el intento de penalizar la expresión en redes sociales y plataformas digitales que se vio a inicios de este año.

Un gremio periodístico dividido

Otras amenazas se derivan de la división y de las actitudes caníbales que prevalecen dentro del propio gremio periodístico. Ya no existe la figura de los medios públicos politizados y oficialistas como elemento divisivo, ni el intento de generar organizaciones gremiales alineadas políticamente —maniobras que el correísmo ejecutó de manera sostenida—; sin embargo, desde espacios digitales y estaciones pertenecientes a gobiernos locales, los medios alineados con la Revolución Ciudadana insisten en fabricar una división artificial entre medios “progresistas” y “corporativos”. A ello se suma que, a raíz de los casos judiciales León de Troya y Metástasis, se produjeron importantes diferencias dentro del gremio. Las acusaciones de encubrimiento, provenientes de un lado, y de vínculos con el crimen organizado, del otro, llevaron a severas diferencias entre empresas periodísticas y a severos ataques contra la credibilidad de organizaciones para la defensa de la libertad de expresión. Al momento, la unidad monolítica del gremio periodística luce muy distante en Ecuador. 

La interrogante del Gobierno por su distancia con la prensa

Por último, el actual Gobierno del presidente Daniel Noboa permanece como una incógnita en su relación con la libertad de prensa. Aunque ha tenido gestos alentadores, como firmar las declaraciones de Chapúltepec y Salta, y no ha protagonizado ningún incidente contra los medios, hay espacio también para dudas justificadas.

En general, el régimen se ha mantenido distante de la prensa y con pocos pronunciamientos. Tanto en sus apariciones como en el manejo de la publicidad oficial, el Gobierno ha demostrado una preferencia por las redes sociales, además de tener claros favoritos, por afinidades regionales y personales, entre los medios.

También es oportuno preguntarse si es que la misma tenacidad y falta de miramientos que el presidente ha demostrado para lidiar con los opositores a los que juzga una amenaza no podría, en algún momento cercano, manifestarse contra la prensa. (DM)