El CAL debe conocer la propuesta. En su primera rueda de prensa como presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo que defenderán la libertad de prensa.
La libertad de expresión vuelve a estar en riesgo en el país. En los próximos días, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) avocará conocimiento para la calificación y tratamiento de un proyecto de ley reformatorio al artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La iniciativa sugerida por el legislador Ramiro Vela (Centro Democrático) pretende modificar el primer inciso de ese articulado relacionado con el delito de calumnia, estableciendo una sanción pecuniaria.
Según Vela, en el artículo 182 del COIP existe un vacío legal con respecto a ese delito, y plantea que en el texto de la ley se incluya que “la persona que, por cualquier medio, plataforma digital o red social realice o publique una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años y con tres a ocho salarios básicos unificados del trabajador en general”.
El artículo vigente solo señala que “la persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.
Sin especificar nombres -el legislador de tendencia cercana al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN)– dijo que “lamentablemente hay personas que creen que por tener un medio de comunicación digital o por tener una red social pueden decir cualquier cosa”, señaló.
Advirtió que, con la nueva norma, “(estas personas) van a saber que pueden caer en el delito de calumnia, que además de tener prisión, tendrán una sanción económica para revertir de alguna manera el daño que han causado”, agregó el legislador.
Vela consideró que también debería existir una figura jurídica para regular la tipificación de la retransmisión de publicaciones calumniosas en redes sociales o medios digitales.
Cree que la tendencia de los medios digitales, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero ha generado que muchas personas “abusen” y se vayan en contra de la honra de las personas; un principio consagrado en la Constitución.
“Parece que algunos ecuatorianos se están olvidando que, no es nomás de decir cualquier cosa o imputar delitos a la gente, siempre es necesario la comprobación”, declaró Vela a periodistas.
El proyecto será tramitado por el Consejo de la Legislatura, dominado por el Partido Social Cristiano (PSC) representado por Herny Kronfle y Jorge Acaiturri. Además, Viviana Veloz y Esther Cuesta (Revolución Ciudadana), Eckenner Recalde y Diego Matovelle (ADN). El Movimiento Construye solo tiene la representación de Alexandra Castillo.
El 17 de noviembre de 2023, en su primera rueda de prensa como presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo que “como no puede ser de otra manera, vamos a defender la libertad de prensa”.
El 2 de enero de 2024, cuando Vela ingresó su solicitud en la Unidad de Gestión Documental de la Asamblea estuvo acompañado de varios legisladores, entre ellos, Valentina Centeno, Jhonny Lavayen, Luis Alvarado, y Margarita Alarcón (ADN); Yadira Bayas (Amigo), Steven Ordóñez (Actuemos). (SC)
Comisión de Justicia
La primera decisión que adoptará el CAL será enviar el proyecto a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) para que emita un informe no vinculante. Ante la eventualidad, de que el CAL califique la iniciativa, ésta será remitida a la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, controlada por el correísmo. Esta mesa legislativa tendrá hasta 90 días de plazo para aprobar informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional
‘Retroceso para la garantía del derecho’
La organización Fundamedios criticó la iniciativa de Ramiro Vela para penalizar la expresión en redes sociales, y señaló que viola flagrantemente los instrumentos internacionales de protección a la libertad de expresión. Consideró que este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, sería un “severo retroceso” para la garantía del derecho a la libertad de expresión.
A la organización le llama la atención que sean legisladores del oficialismo o afines al Gobierno los impulsores de esta iniciativa, y encendió las alarmas sobre el real compromiso del Gobierno de Daniel Noboa con la libertad de expresión.
Recordó que, en agosto de 2018, tras la visita del ex relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, expresó su preocupación de que la ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, presentado por el expresidente Rafael Correa un día antes de dejar el poder, “no haya sido archivado definitivamente hasta la fecha”.
Fundamedios exhortó al CAL a actuar en coherencia y no calificar el proyecto de Ley, y dijo que la Asamblea debería dar pasos firmes para la despenalización de la expresión, en lugar de contemplar iniciativas que van en sentido regresivo.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los llamados “delitos contra el honor”, en los que se incluyen las calumnias.