Nicaragua desaparece a CNN del aire, SIP condena la censura

La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua bloqueó a CNN en Español.
El canal del noticias CNN en Español fue bloqueado. El periodismo independiente, no oficialista, casi no existe en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega ahora veta a la prensa internacional.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el bloqueo en Nicaragua de la señal por cable del canal de noticias CNN en Español. La organización consideró la medida «otro ejemplo grotesco de censura y persecución» a medios internacionales, después de que eliminó «al periodismo independiente nicaragüense».

La señal de la cadena estadounidense fue sacada del aire el 21 de septiembre en la noche. CNN anunció que continuará el servicio a través de su portal y canal en Youtube, y que no tuvo respuesta tras contactar a las compañías privadas internacionales operadoras de cable.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, añadió que «el régimen continúa con su proceso de aislamiento, esta vez al atacar a medios internacionales después de que eliminó al periodismo independiente nicaragüense».

En la próxima asamblea en Madrid, del 27 al 30 de octubre, la SIP abordará el papel que juegan las empresas privadas de telecomunicaciones que se ven obligadas por los gobiernos autoritarios a bloquear señales y páginas webs de medios nacionales e internacionales.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, consideró «evidente que el régimen escudriña y continúa cerrando el cerco a los espacios de comunicación que quedan y a los que logran penetrar en el país». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, añadió que «se trata de una grave violación de los derechos fundamentales a las libertades de expresión y de prensa».

La arremetida contra la cadena internacional se suma a los ataques que ha venido padeciendo la prensa en el país, tales como la cancelación desde 2007 de 54 medios, entre radios, canales, impresos y digitales; la confiscación y robo de La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; el exilio forzado de 140 periodistas y las condenas contra los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, y de los directivos de La Prensa: Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Lorenzo Holmann, vicepresidente regional de la SIP en Nicaragua. Así también la clausura de unas 1.800 organizaciones no gubernamentales, entre otras acciones.

Los directivos de la SIP reiteraron su respaldo a las acciones contempladas en la Declaración sobre Nicaragua, destinadas a impulsar el restablecimiento de la libertad, la democracia y las garantías del Estado de derecho en el país.

 

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Incertidumbre política motivo para el veto parcial a la mordaza correísta

Funcionarios. Los secretarios Fabián Pozo y Leonardo Laso, ayer en Carondelet.

Libertad de expresión atrapada en la lucha entre Ejecutivo y Legislativo

 

SUMARIO

El Gobierno dijo no al pedido de periodistas, medios, gremios y oenegés de un veto total. Ahora, tiene frentes abiertos en la Corte Constitucional y, nuevamente, en la Asamblea Nacional. 

La libertad de expresión y su protección entran al juego político entre los máximos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo.

La nueva mayoría de la Asamblea aprobó reformas a la Ley de Comunicación que atentan contra la libre circulación de las ideas en los medios. El correísmo, más los disidentes de la línea partidista de Pachakutik y la Izquierda Democrática, triunfaron en el muñequeo para revivir el control de los medios y el periodismo. Están nostálgicos.

La propuesta inicial, que supuestamente mira por las “audiencias” -han dicho los correístas-, tiene que ver con eliminar la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión, derogar todo sobre la autorregulación de medios, atribuir responsabilidades civiles, y otras, por expresarse y opinar libremente. O ampliar la censura previa para privados, evitar el trabajo de directores y editores sobre los contenidos, u otorgar funciones censuradoras a la Defensoría del Pueblo. Todo para resucitar un control total.

Las objeciones

Pese a los reiterados pedidos de gremios de periodistas y organizaciones de la sociedad civil para que el Gobierno vete totalmente la propuesta de la Asamblea, el Gobierno se decidió por el veto parcial y, a la vez, mixto.

Son 17 objeciones por inconstitucionalidad y 34 objeciones por inconveniencia. La Corte Constitucional deberá pronunciarse en 30 días sobre los 17 puntos y, en esa misma cantidad de días, la Asamblea Nacional sobre lo demás. Todo el proceso pudiera demorar más de un mes.

Juego político

Pero este movimiento desde Carondelet, que nace de la Secretaría Jurídica y del propio presidente Guillermo Lasso, tiene que ver con el juego político en el que está sumido el país.

Ayer, Fabián Pozo, secretario Jurídico de la Presidencia, explicó el motivo final para no acoger las solicitudes de veto total. “Los argumentos para el veto total los reconocemos. Pero no me gustan las bolas de cristal, para insistir ante un veto, sea parcial o total, se requieren el mismo número de votos, 92. En el veto parcial se puede proponer un texto alternativo, en el veto total no se puede hacer eso. Para mí el veto total significa patear la pelota hacia delante y confiar en la bola de cristal”, dijo ante unos 40 representantes de medios y oenegés.

“Ninguno de nosotros puede adivinar cómo serán las circunstancias de la política. Pero (el veto total) sí implica renunciar a cualquier mejora con un texto alternativo. Implica renunciar a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los temas de fondo. Confío en que los temas más álgidos sean resueltos para siempre en la Corte Constitucional y con eso habremos dejado un legado al país”, dijo Pozo. “Si prevalece nuestro texto… habremos hecho un bien”.

Si en la Asamblea no hay los 92 votos para ratificarse en el texto propuesto inicialmente, prevalece el pronunciamiento del Presidente Lasso. Y ese es el juego político para los próximos 30 días: evitar que se concrete esa mayoría opositora.

La Aedep y Fundamedios sobre el veto mixto

Francisco Rocha, secretario ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos (Aedep), dijo que se ha insistido lo suficiente en el pedido de veto total. Y dejó en claro que no han participado en la construcción del veto, sino que han brindado sus criterios. Sin embargo, resaltó que la Corte Constitucional pueda pronunciarse sobre los 17 temas.

Por otro lado, Fundamedios rechazó cualquier juego político que se intente armar alrededor de la libertad de expresión. “Pedimos a los legisladores de los sectores democráticos de la Asamblea Nacional que acojan aquello que va en la línea de promover y garantizar la libertad de expresión y el trabajo periodístico, como pilar en la construcción de una genuina sociedad democrática”, dijo en un comunicado.

Las objeciones por inconstitucionalidad

El Gobierno espera que la Corte Constitucional elimine estos excesos de la propuesta de mordaza correísta:

  1. Opinión fuera del contenido comunicacional.
  2. Extranjeros no puedan ser propietarios de medios.
  3. Error por suprimir una parte del artículo 6, y luego lo sustituye por un texto similar.
  4. Democratizar los flujos de información para asignación de frecuencias.
  5. Responsabilidad por expresiones de acuerdo a la ley, pero sin precisar tipos.
  6. Censura previa amplia.
  7. Responsabilidad ulterior y posibilidad de acciones penales por informar.
  8. Posibilidad de acciones legales, incluso penales, por contenidos difundidos.
  9. Restricciones para informar sobre casos judiciales y la intervención de la Defensoría del Pueblo.
  10. El derecho a la verdad.
  11. Revivir los defensores de audiencias.
  12. Consejos Consultivos con poder editorial sobre los medios.
  13. Universidades excluídas de los medios comunitarios.
  14. Exigencia de publicidad estatal para medios públicos.
  15. Disminución del 40% de las frecuencias para medios privados y fortalecer a los medios gubernamentales.
  16. Restricción de frecuencias para medios privados.
  17. Plan de comunicación que debe ser aprobado por el Arcotel.
El secretario de Comunicación, Leonardo Laso, sí pidió en Carondelet que el veto sea total, acogiendo las recomendaciones de los periodistas.

Veto total

Este 24 de agosto el Presidente de la República deberá emitir el veto a la Ley de Comunicación que impulsó el correísmo en la Asamblea.

El Ejecutivo insiste en un veto parcial que modificará 70% del texto enviado en base a la ley vigente, impuesta y utilizada por el régimen de Rafael Correa para perseguir a los periodistas y medios de comunicación incómodos.

Los periodistas -independientes y agremiados-, los medios de comunicación, asociaciones de radiodifusores y prensa, y organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, Diálogo Interamericano, entre otros, rechazamos la totalidad del texto que la Asamblea pretende imponer para redistribuir frecuencias que paguen favores y compren conciencias, para volver a imponer contenidos, sancionar y censurar a quienes difunden información incómoda al poder.

Entiéndase bien: el veto parcial representa la aceptación explícita de que la Ley vigente protege derechos y garantiza libertades, pero fue concebida y utilizada para quebrar medios, forzar a periodistas al silencio, al exilio y al desempleo, e imponer información oficialista en todos los medios que sobrevivimos al sistemático ataque financiero, legal y político que desató la ‘Supercom’, y pronto lo haría el Defensor del Pueblo.

No es que el Ejecutivo confíe en que logrará los votos necesarios para aprobar el veto que mitigue el daño que causará la Ley maquinada por la Conaie -que controla sus bases mediante radios comunitarias- y el correísmo -con un pie en el poder y otro en la cárcel-, sino que teme que el próximo año será peor.

El derecho a la Libertad de Expresión e Información es irrenunciable. Por tanto, rechazamos este nuevo intento de acallarnos y, hoy, aquel de contentarnos con un “peor es nada”.

Escritor Salman Rushdie está ‘en estado crítico’ tras ser apuñalado

Captura de un fotograma de un video que muestra a Salman Rushdie siendo cargado en un helicóptero después de que fuera atacado con arma blanca mientras estaba en el escenario de un conversatorio, en Chautauqua (NY, EE.UU.) EFE

El agresor Hadi Matar, un joven de 24 años nacido en Estados Unidos e hijo de libaneses emigrados a este país,  enfrenta cargos por intento de asesinato.

NUEVA YORK. El escritor Salman Rushdie sigue «en estado crítico» aunque desde el sábado no necesita respirador, según informó su hijo Zafar Rushdie en una cuenta de Twitter en la que se expresa en nombre de la familia.

Zafar Rushdie expresó el «alivio» de la familia porque el escritor, apuñalado el viernes en una conferencia pública, «pudo decir unas palabras» tras serle quitado el respirador al que estuvo conectado durante más de un día.

«Mi padre permanece en estado crítico en el hospital, recibiendo tratamiento médico extensivo. Estamos inmensamente aliviados de que ayer le fuera retirado el respirador y el oxígeno adicional y pudiera decir algunas palabras», dijo textualmente Zafar en lo que llamó «un comunicado de la familia».

Precisó que «su sentido del humor jovial y desafiante sigue intacto, pese a la gravedad de sus heridas», y tras dar las gracias a todos los que ayudaron al escritor en los primeros momentos críticos tras el ataque, pidió respeto a la privacidad de la familia mientras sus miembros «se reúnen al pie de su lecho en su ayuda y sostén».

Por su parte, el agente literario de Rushdie, Andrew Wylie, confirmó los mismos detalles en una entrevista con CNN: «Está desconectado del respirador, por lo que el camino de la recuperación ha comenzado. (Sin embargo) esto será largo, las lesiones son graves», añadió.

El mismo Wylie precisó el viernes al diario The New York Times que Rushdie perdería probablemente uno de sus ojos, que su hígado había quedado gravemente dañado por las puñaladas y que el agresor había «cortado los nervios de un brazo» del escritor.

Mientras tanto, el agresor Hadi Matar, un joven de 24 años nacido en Estados Unidos e hijo de libaneses emigrados a este país, sigue detenido y se enfrenta a cargos por intento de asesinato en segundo grado y agresión armada.

EE.UU. condena ataque

El Gobierno de Estados Unidos calificó  de reprensible el ataque contra el escritor. «Este acto de violencia es horroroso. Todos nosotros en la Administración Biden-Harris rezamos para que se recupere pronto», indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Rushdie, de 75 años y amenazado de muerte desde 1989 por una fetua emitida por el régimen iraní, fue atacado con un cuchillo el 12 de agosto de 2022 por un individuo durante una conferencia que iba a pronunciar en Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, cerca del lago Erie y de la frontera con Canadá.

Acto sobre las ciudades refugio

Rushdie, que reside en Estados Unidos (concretamente en Nueva York) desde el año 2000, tenía previsto participar en una conferencia organizada por City of Asylum para hablar precisamente sobre «su experiencia como artista exiliado en Estados Unidos», junto a Henry Reese, presidente de la organización.

La conferencia de Rushdie —que según la organización no es la primera que pronuncia allí— llevaba por título «Más que cobijo» y trataría sobre el carácter de Estados Unidos «como tierra de asilo y hogar para la libertad de expresión creadora».

Momentos antes de que comenzara la conferencia, el agresor se abalanzó sobre Rushdie y otro ponente, presumiblemente el mismo Reese, a los que atacó al parecer con una navaja.

 

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Nueve asesinatos de periodistas están en la impunidad desde 2010

Ecuador entra en el radar de los organismos que defienden a la prensa por dos asesinatos.

Fundamedios informa que nueve casos están sin esclarecer. La SIP pide al Gobierno activar el sistema de protección de periodistas por el último crimen. Conozca los casos.

El asesinato del periodista Gerardo Delgado es uno de nueve que están en la impunidad. Así lo considera Fundamedios, una de las organizaciones ecuatorianas que defienden la libertad de expresión.

El comunicador, quien dirigía el portal Ola Manta Tv, fue acribillado el 10 de agosto cuando estaba trabajando y se dirigía, precisamente, a una cobertura. Tres sicarios lo interceptaron mientras estaba en su vehículo, en el sector La Paola, en la vía Manta-Montecristi, en Manabí. Lo acompañaba su hija, quien resultó ilesa.

Los asesinos no han revelado la identidad de la persona que les pagó para la ejecución. Sin embargo, en un video filtrado en redes sociales, uno de ellos asegura que le dijeron que era periodista. Delgado había anunciado su precandidatura para concejal de Manta, por el correísmo.

El caso preocupa fuera de las fronteras. El crimen se produce luego de dos semanas del atentado contra el periodista Mike Cabrera, quien falleció, también en Manabí. Cabrera murió el 24 de julio.

SIP condena el crimen y hace pedidos al Gobierno

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Delgado. “Ante la ola de violencia contra los periodistas, la organización instó al Gobierno a que termine de implementar un sistema de protección para periodistas y trabajadores de prensa, como preveía la Ley de Comunicación, ahora en revisión”, dice el comunicado de la organización que defiende la libertad de prensa y agrupa a unas 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.

Precisamente, el Gobierno analiza las reformas a la Ley de Comunicación en las que se eliminó, por deseo de la mayoría legislativa liderada por el correísmo, el fortalecimiento de un sistema de protección de periodistas. El presidente Guillermo Lasso aseguró que vetará el proyecto de la Asamblea. Aunque en Carondelet todavía analizan si emitirán un veto parcial o total.

La SIP también fue clara en solicitar que los investigadores ecuatorianos no descarten la labor periodística como móvil de los dos asesinatos.

En el mismo comunicado, Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, mostraron su preocupación por el aumento de la violencia en el país en contra de los periodistas. «Estos nuevos asesinatos son un poderoso argumento para que el Gobierno active de inmediato un mecanismo de protección para reporteros como los que ya funcionan en Brasil, Colombia, Honduras y México«, reiteró la SIP.

Finalmente pidieron que las autoridades judiciales puedan descubrir a los involucrados, “llevarlos ante la Justicia y evitar que los crímenes queden impunes».

Este año es uno de los más trágicos para la prensa latinoamericana, según la SIP. Han sido asesinados 23 periodistas: 13 en México, tres en Haití, dos en Honduras, la misma cantidad en Ecuador y uno en Brasil, Guatemala y Chile, respectivamente.

Nueve asesinatos en la impunidad

Fundamedios indica que, desde 2010, hay nueve casos de periodistas que han sido asesinados. Las circunstancias y motivos no han sido esclarecidos por la Justicia del país. Están en la impunidad.

  1. Jorge Santana, asesinado el 22 de marzo de 2010, en el cantón Pasaje, en El Oro. El presentador del canal local CQ15 fue embestido por un vehículo cuando se trasladaba en su moto. Hubo indicios de que el ataque fue por delincuentes afectados por sus artículos. Cuando era trasladado en ambulancia dijo: “sálvenme que me persiguen”. No se conocen los motivos reales.
  2. Byron Baldeón, asesinado en julio de 2012, en El Triunfo, Guayas. Testigos aseguraron que el periodista del diario Extra fue interceptado cuando llegaba a su casa por dos personas que se movilizaban en una moto. Investigaba un robo a contenedores, caso que involucra a tres policías. Recibió nueve impactos de bala.
  3. Arnoldo Ruiz, asesinado el 6 de septiembre de 2012, en Playas, Guayas. El periodista de Expreso y Extra recibió un balazo en la cabeza. La Policía encontró el cuerpo en estado de descomposición, el rostro desfigurado y no tenía documentos de identidad.
  4. Fausto Valdiviezo, asesinado el 11 de abril de 2013, en Guayaquil, Guayas. Tres encapuchados lo interceptaron y dispararon tres veces. La noche anterior ya sufrió un atentado en su vivienda, pero no lo denunció. Era crítico del régimen de Rafael Correa. La familia, en su búsqueda de Justicia, también ha sido amenazada. La última reportada fue al hijo del periodista, el 5 de enero de 2019. Sucedió luego de que se pronunciara sobre el llamado de la Fiscalía para que el expresidente Rafael Correa, el exministro del Interior, José Serrano, y la exministra de Justicia, Leidy Zúñiga, rindan sus versiones.
  5. Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, asesinados el 8 de abril de 2018. El equipo de diario El Comercio fue secuestrado en Mataje, el 26 de marzo de 2018, cuando realizaban un reportaje de la zona por la inseguridad. El grupo narcoguerrillero Oliver Sinisterra, disidentes de las FARC, se atribuyó el hecho. El crimen no está resuelto. Aún está pendiente la desclasificación de documentación secreta sobre la información real que manejó el Gobierno de Lenín Moreno, sus acciones y comprobar si hubo o no negligencia. La revelación de los diálogos secretos sucedería en los próximos días, según el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.
  6. Mike Cabrera, asesinado el 24 de julio de 2022, en Portoviejo, Manabí. El periodista trabajaba para el medio digital Nexo Digital. Recibió seis disparos la madrugada del domingo 24, cuando estaba con un grupo de amigos en la Av. Manabí.
  7. Gerardo Delgado, asesinado el 10 de agosto de 2022, en Manabí. El periodista, que lideraba el medio Ola Manta Tv, recibió nueve disparos cuando estaba en su auto, acompañado de su hija. Él se dirigía a una cobertura. Dos de los tres asesinos fueron capturados. Los sicarios aseguraron que recibieron el encargo de una persona en Daule, provincia del Guayas. Les ordenaron que mataran al periodista a cambio de 2.000 dólares.

Otros casos, intentos de asesinato y la agresión sistemática al periodismo

Hay dos casos sobre los que todavía hay sospechas sobre los motivos, y que no constan en el listado de Fundamedios, ya que no se determinó que la muerte fue por trabajo periodístico.

El primero es del fotoperiodista Juan Antonio Serrano, el 2 de septiembre de 2012, en Cuenca. Él, hermano del exministro José Serrano, murió tras un atentado con un cuchillo.

El segundo es el del presentador de televisión Efraín Ruales, el 27 de enero de 2021, en Guayaquil. Pese a que fueron capturados quienes participaron en el crimen, los motivos -ni los autores intelectuales- tampoco han sido esclarecidos.

Fundamedios también reportó que Marilú Capa, periodista de Radio Sucumbíos, fue atacada por un sicario mientras estaba en su restaurante, en Lago Agrio, Sucumbíos. Ocurrió el 19 de enero de 2022.

Seis de los ocho disparos impactaron en su cuerpo. Ella sobrevivió, pero los motivos del atentado no han sido esclarecidos.

Asimismo, el periodista Calixto Zambrano, de Eco Fm Manabí, recibió dos disparos en la pierna derecha. Dos personas encapuchadas ejecutaron el encargo, el 31 de mayo de 2022. Este periodista, con 35 años de profesión, es conocido por denunciar irregularidades en el cantón El Carmen. Ese fue el segundo atentado, luego de varias amenazas. Una de las balas quedó en uno de  sus muslos.

Un informe de la misma organización, a propósito del paro nacional de la Conaie, reveló que los periodistas vivieron una violencia sistemática y generalizada. En esa revuelta se registraron 164 agresiones contra periodistas. (JC)

Periodista guatemalteco cumple una semana preso a la espera de audiencia

José Rúben Zamora asistió a su primera audiencia en la Torre de Tribunales, el 03 de agosto de 2022 en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE

La audiencia para José Rubén Zamora, fundador y propietario de El Periódico, quedó reprogramada para el 8 de agosto de 2022.

CIUDAD DE GUATEMALA. El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, ganador en 2021 de uno de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, cumplió este 5 de agosto de 2022 una semana en prisión, a la espera de su primera declaración el lunes 8 de agosto.

Encerrado en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, junto a docenas de exfuncionarios que denunció por corrupción en las páginas de su medio, El Periódico, Zamora Marroquín ha sufrido de «estrés» y de «presión alta«, como dijo el jueves por la noche su hijo, Ramón Zamora, durante un foro de periodistas.

«Pero se ha negado mucho a ir a un hospital porque quiere enfrentar las cosas desde donde está», añadió el hijo del fundador de El Periódico, quien también trabaja para dicho medio.

La detención del periodista de 66 años tuvo lugar el pasado 29 de julio al mediodía cuando se encontraba en su residencia, al oeste de la Ciudad de Guatemala, en compañía de varios miembros de su familia, incluyendo dos niños que quedaron recluidos en la vivienda junto a Zamora Marroquín por ocho horas, hasta su traslado a un juzgado.

El matutino El Periódico ha sido uno de los principales críticos del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, con varias publicaciones de corrupción en su Administración desde que tomó posesión en enero de 2020.

Bajo ‘terror político’

En opinión de la líder indígena guatemalteca Rosalina Tuyuc, el arresto de Zamora Marroquín se enmarca en el «terror político» que vive el país centroamericano.

«En cualquier democracia, la libre emisión del pensamiento es la bandera más grande de la verdad y de que todo se diga libremente», indicó Tuyuc con respecto al arresto de Zamora Marroquín hace una semana.

La máxima dirigente de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), entidad nacida durante el conflicto armado interno, añadió que «con esta acción desde el Gobierno y desde el Ministerio Público» se realiza un «atentado» muy «grande» contra Zamora Marroquín y la «libre expresión del pensamiento«.

Además, agregó que con el arresto del comunicador se cumple «el cierre de posibilidades» para que exista «un periodismo libre» en Guatemala.

Tuyuc es una de las líderes del pueblo maya kaqchikel, fue diputada al Congreso entre 1996 y 2000 por el partido Frente Democrático Nueva Guatemala y ha sido ampliamente galardonada en el extranjero.

Su activismo tuvo lugar después de la muerte de su padre y su esposo a manos de fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno en Guatemala, que entre 1960 y 1996 dejó más de 250.000 personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 % por responsabilidad del Estado.

Primera audiencia

La audiencia de primera declaración para Zamora Marroquín después de su detención debió llevarse a cabo el lunes pasado, pero fue reprogramada ante la falta del expediente en la corte.

En la nueva audiencia, el miércoles, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) le notificó al periodista que contemplaba acusar también de varios delitos a sus dos abogados, por lo que Zamora Marroquín requirió de nuevos defensores y la audiencia fue establecida para el próximo lunes.

Ramón Zamora confirmó el jueves por la noche que se encontraban determinando quiénes conformarían finalmente la defensa del presidente y fundador de El Periódico.

En junio de 2021, el comunicador guatemalteco recibió de manos del rey de España, Felipe VI, el Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, como parte de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo el martes pasado estar «preocupado» por el arresto de Zamora Marroquín, así como por las acciones legales que el Gobierno de ese país ha emprendido contra sus propios funcionarios de Justicia.

La detención de Zamora Marroquín tuvo lugar 5 días después de que fueran publicadas fuertes críticas por corrupción contra Giammattei y exfuncionarios que conforman su círculo más cercano.

El propietario de El Periódico denunció en octubre de 2021 ante la opinión pública que Giammattei, en conjunto con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, «están fabricando» un caso en su contra para encarcelarlo.

Tanto Porras como el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, fueron sancionados por Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio por señalamientos de corrupción en sus respectivos puestos. EFE

La ONU llama a Honduras a fortalecer el sistema de protección de los defensores de DD.HH.

Isabel Albaladejo Escribano representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras. EFE

En lo que va de 2022 se han registrado 66 incidentes violentos en contra de al menos 82  defensores de derechos humanos y 24 periodistas.

TEGUCIGALPA. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) hizo este 30 de julio de 2022 un llamado al diálogo en Honduras para fortalecer el Sistema de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

En el marco de su rol como observador ante el Consejo Nacional de Protección para los defensores de derechos humanos, la Oacnudh instó a las organizaciones de sociedad civil y a las dependencias del Estado a «sostener un diálogo» que contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección.

El Mecanismo de Protección fue creado en 2015 bajo la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

«Este es un avance importante, pero sigue siendo necesario profundizar los esfuerzos para generar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión, como lo enfatizó el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en su informe de la misión a Honduras en 2019″, señaló la Oacnudh.

En lo que va de 2022 el organismo de la ONU ha registrado 66 incidentes violentos en contra de al menos 82 personas defensoras de derechos humanos y 24 periodistas.

Entre esos hechos violentos se destacan una decena de asesinatos, de ellos ocho corresponden a defensores de derechos humanos y dos a periodistas.

«Ante este contexto adverso, la Oficina hace un llamado al diálogo» a la sociedad civil, la representación del Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos «para que se orienten hacia la búsqueda de estrategias para el fortalecimiento técnico y financiero, así como lograr un mayor compromiso y corresponsabilidad institucional«, dijo la representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo.

Destacó la importancia de lograr «un intercambio constructivo y permanente que contribuya al fortalecimiento de una política pública en materia de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que cuente con la efectiva participación de la sociedad civil».

La Oficina subrayó la necesidad de otorgar al Sistema Nacional de Protección todos los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para cumplir con su mandato y reiteró su disposición para continuar asistiendo técnicamente al Estado hondureño en la consecución de sus obligaciones y responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. EFE

Gremio de periodistas de Perú rechaza el ataque de Pedro Castillo a los medios

El Colegio de Periodistas de Perú denunció que Pedro Castillo "ha levantado un cerco de hierro que impide que los periodistas y comunicadores puedan entrevistarlo". EFE

El Presidente de Perú arremetió contra la prensa durante el discurso que ofreció al cumplir un año de gestión.

LIMA. El Colegio de Periodistas de Perú rechazó este 29 de julio de 2022, mediante un comunicado, los ataques a los medios de comunicación que el presidente del país, Pedro Castillo, enunció durante su discurso a la nación, cuando los acusó de querer involucrarlo en casos de corrupción «sin ninguna prueba».

«Deplorar y rechazar enérgicamente la nueva arremetida del presidente Pedro Castillo contra el periodismo, el ejercicio de la profesión y los medios de comunicación. Resulta incomprensible que un jefe del Estado, en un mensaje a la nación, testimonie de manera intolerante y con frases altisonantes, su absoluto desprecio y desarraigo con la libertad de expresión«, denunció el gremio periodístico respecto a las palabras del mandatario.

Castillo pronunció este jueves, día en el que cumplió un año como presidente del país, un discurso de balance de su gestión, en el que declaró que no había tenido «ni un minuto de tregua», en referencia a las acusaciones y críticas recibidas por la oposición y por los medios.

El gobernante afirmó que estos estaban manteniendo a la población desinformada, sin querer difundir el crecimiento económico del país, u otras metas alcanzadas durante su gestión.

«A los medios no les interesa difundir los logros, sino acusar de corrupción sin ninguna prueba, pero se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar», expresó.

Frente a estas palabras el Colegio de Periodistas indicó en un comunicado que desaprueba y lamenta «la intención presidencial de distorsionar el papel del periodismo y los medios de comunicación».

Puntualizó que Castillo «ha levantado un cerco de hierro que impide que los periodistas y comunicadores puedan entrevistarlo«, y por tanto afirmó que el presidente «mal hace en buscar desacreditar y deslegitimar el trabajo de la prensa«.

«El Colegio de Periodistas se solidariza con sus miembros de la orden que trabajan en medios de comunicación, se distancia también de aquellos medios que no se desempeñan con neutralidad y rigor profesional», señaló.

Recordó que tanto la Constitución, como la Convención de los Derechos Humanos, exigen a los gobiernos proteger y amparar las libertades de prensa, expresión, opinión y difusión de las ideas, y pidió al Ejecutivo que no afectara a la libertad de expresión, derecho fundamental que asiste a todos los peruanos. EFE

El diario La Prensa de Nicaragua denuncia que todo su personal es obligado al exilio

El diario La Prensa fue intervenido por la Policía, en agosto pasado.

El orteguismo es implacable con la prensa de su país. Periodistas, editores, fotógrafos, y otro personal se vieron obligados a salir de forma irregular de Nicaragua. 

El diario La Prensa de Nicaragua, el más antiguo del país centroamericano, denunció este jueves que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha obligado a su personal al exilio en julio, sin especificar el número de trabajadores que tomaron la decisión de “huir” de forma irregular.

“La persecución que el régimen de Daniel Ortega arreció contra el personal del diario La Prensa este mes y obligó a que el personal del medio huyera del país. Periodistas, editores, fotógrafos, y otro personal se vieron obligados a salir de forma irregular de Nicaragua en las últimas dos semanas para resguardar su seguridad y libertad”, indicó La Prensa, cuyas instalaciones se mantienen en manos de la Policía Nacional desde agosto pasado.

La Prensa publicó la denuncia 15 días después del arresto de dos de sus trabajadores, así como del allanamiento de las casas de varios de sus periodistas, fotógrafos, “y otro personal”, luego de que el diario brindó cobertura a la expulsión de las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

“Esta situación obligó a La Prensa a poner a resguardo a su personal y posteriormente sacarlo del país”, destacó el medio, que actualmente únicamente existe en su versión digital.

“Pese a que el personal no se encuentra en sus viviendas, policías y civiles siguen llegando a sus casas para hostigar a sus familias”, indicó.

El medio nicaragüense señaló que su personal salió “de forma irregular debido al temor de ser detenidas en las fronteras del país, varias tuvieron que huir sin llevarse consigo sus pasaportes o llevando únicamente los documentos vencidos, ya que desde hace meses el régimen se ha negado a renovar los documentos de viaje de periodistas de medios independientes, como parte de la represión sistematizada y los ataques a la libertad de prensa”.

La Prensa recordó que actualmente están en prisión sus directivos Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, así como otros periodistas independientes.

También informó que está “en proceso de reorganizar su redacción en el exterior para seguir informando a los nicaragüenses, de la misma manera que lo ha hecho por más de 95 años”.

La denuncia de La Prensa se da en el marco de la crisis sociopolítica que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado al menos 355 muertos en Nicaragua, de los que Ortega ha admitido 200, más de 200.000 exiliados, y que mantiene más de 190 convictos a quienes los organismos humanitarios consideran “presos políticos”.

Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), unos 120 periodistas han optado por el exilio desde el inicio de la crisis, en 2018. (EFE)