Villavicencio justifica viaje a Colombia para entregar informe sobre exportaciones ficticias

El informe ya ha sido entregado a autoridades ecuatorianas como el Contralor y la Fiscalía

Una delegación de cuatro asambleístas viajarán a Colombia a entregar un informe relacionado a Alex Saab. ¿Es necesario el viaje?

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea, aseguró que el viaje a Colombia de él, junto a otro tres miembros de esa instancia legislativa, tiene dos justificaciones principales.

En primer lugar, se hace en cumplimiento a una resolución votada por una mayoría de 5 miembros de esa misma comisión. En esa resolución se establece que el informe sobre la trama de las exportaciones ficticias, a través del sistema Sucre debía ser puesto en consideración de las Fiscalías de Estados Unidos, Panamá, Colombia y Ecuador.

«Hemos remitido por vía diplomática, a través de Cancillería, el informe y los respaldos a la justicia de Estados Unidos, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Fiscalía y el Gobierno de Panamá», aseguró.

Invitación de Iván Duque

Sin embargo, la presencia física de los asambleístas, en el caso de Colombia, es resultado directo de una invitación del presidente Iván Duque. 

Villavicencio puntualizó que, durante la última vista del presidente Guillermo Lasso, la Cancillería colombiana había planteado la invitación «para que vayamos personalmente a entregar los documentos y a explicarles, toda vez que es un tema complejo».

Así, el martes 11 de enero 2022, en la Casa de Nariño, el Presidente de la Comisión de Fiscalización y tres miembros más (Ana Belén Cordero, Bruno Segovia y Pedro Velasco) serán recibidos en la Casa de Nariño, a las 10:00, por el presidente Duque. Esa reunión  duraría menos de una hora.

El miércoles 12 de enero 2022, a las 11:00, la cita será con el Presidente del Senado; y ese mismo día, a las 15:00, el último encuentro se desarrollará con el Fiscal General colombiano.

«Este viaje le reporta a la Asamblea no más de $5.000. Es decir, es un costo insignificante comparado con la importancia que tiene para Ecuador y para América que este caso sea conocido por las autoridades colombianas», recalcó Villavicencio.

Dos temas interesan a Colombia

Por un lado, el primer tema es el convenio bilateral, firmado en noviembre 2011, entre Colombia y Venezuela. Ese convenio viabilizó la supuesta exportación de 8.400 casas prefabricadas desde la empresa Fondo Global de Construcciones, de propiedad de Alex Saab, a Venezuela.

«Fue convenio de pantalla porque no se exportó ni una sola casa de Colombia a Venezuela. Es convenio permitió que la empresa de papel Fondo Global de Construcciones, la cual fue creada en Bogotá cinco días antes de la firma del convenio bilateral, pudiera operar impunemente», puntualizó Villavicencio.

Las autoridades colombianas deben investigar porque ese acuerdo no fue firmado por un funcionario de ese país, sino por Saab. El presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, solo participó como observador.

 

Piedad Córdoba y sus vuelos a Ecuador

El otro tema de interés para Colombia son los vínculos de la exsenadora de ese país Piedad Córdoba con la trama de corrupción y directamente con Alex Saab.

De acuerdo con Villavicencio, Córdoba vino a Ecuador en varios vuelos privados, pero, en al menos uno de ellos se tiene evidencia documentada de ese vínculo.

Con informes del ministerio de Gobierno y la Dirección de Aviación Civil (DAG), se confirmó que, en julio 2013, Córdoba y su hijo ingresaron con Saab a Ecuador, en un vuelo de matrícula americana y de propiedad del empresario colombiano, que ahora está preso en Estados Unidos.

«Cuál era la razón de la visita a Ecuador si en esa fecha Fondo Global de Construcciones ya estaba siendo investigada. Ese mismo avión fue apresado en 2020, en la Florida, por la justicia americana. Pero en esa ocasión tenía matrícula venezolana y un cargamento de armas», cuestionó Villavicencio.

Además, recalcó que también se debe investigar, tanto en Ecuador como en Colombia, otra serie de vuelos privados. En estos, se incluye uno vinculado a Álvaro Pulido, con un itinerario de  Bogotá-Quito-Cuenca.

La trama de corrupción

Los pasajeros, además de Pulido, fueron, entre otros, Luis Eduardo Sánchez Yánez (accionista de Fondo Global de Construcciones); el cuidadano de origen venezolano Carlos León Ponte, que es titular de la Casa de Valores Cefis. Esa casa de valores movió más de $30 millones de Ecuador a Panamá.

León Ponte está casado con Micaela Lehrer Alarcón, titular de la empresa Inconeg S.A, que recibió $4,3 millones de Alex Saab, dentro de la trama de las exportaciones ficticias, y, pocos días después de la recepción de ese dinero, realizó una contribución d e$70.000 a la última campaña presidencial de Rafael Correa.

Asimismo, en ese vuelo estuvieron Guillermo Montefusco, un banquero venezolano relacionado con Saab; Luis Giusti Lugo y Luis Giusti López, padre e hijo que son empresarios petroleros vinculados a Pdvsa.

«El viaje fue a una reunión con Nasib Neme y el grupo Eljuri, con quienes tenía negocios en el marco de las exportaciones ficticias a Venezuela», aseveró Villavicencio.

La investigación de esos vuelos, que está inlcuida en el informe que se entregará en mano de las autoridades colombianas, provocó una airada reacción de Córdoba.

En una entrevista publicada en el medio Semana de ese país, la exsenadora se refirió a Villavicencio como «hijo de puta que es oposición a Rafael Correa». Asimismo, aseguró que no tiene ninguna vinculación con Saab y advirtió que «este tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea , voy con toda».

Según Villavicencio, esta reacción confirma que el informe llega al punto central de los negocios y vinculaciones de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álvaro Pulido, narcotraficante que asumió el nombre de un muerto, y de Piedad Córdoba, con el Gobierno Venezolano.

Esos negocios y vinculaciones configuran una trama transnacional de delincuencia organizada, que involucra la utilización de las reservas de libre disponibilidad ecuatoriana para financiar las exportaciones ficticias.

«El estado venezolano se benefició de $2.697 millones de las reservas para realizar exportaciones, en unos casos ficticias y en otras sobrevaloradas. Ahí participaron, entre 2010 y 2014, 308 empresas, entre 2010 y 2014, una de ellas es Fondo Global de Construcciones», concluyó. (JS)

Villavicencio y Llori se enfrentan por el caso Pandora Papers

HECHO. La presidenta Guadalupe Llori y el asambleísta Fernando Villavicencio sigue la discordia

La titular de la Legislatura no dio paso a la reunión de la Comisión de Fiscalización con el Presidente Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio anunció que investigará personalmente todas las operaciones en paraísos fiscales.

Las diferencias entre la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori,  y el titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio,  crecen. En las últimas horas han tenido posiciones diferentes sobre la investigación del caso Pandora Papers que involucra al jefe de Estado, Guillermo Lasso.

El pasado jueves, 7 de octubre de 2021, Villavicencio anunció que el Presidente Lasso los recibiría este lunes 11 de octubre de 2021, a las 10:00,  a los miembros de la Comisión de Fiscalización para responder a todas las preguntas que tengan sobre este caso.

Sin embargo, para este mismo día y a la misma hora, Llori convocó a sesión del pleno, que desde mañana son presenciales. La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) prohíbe que mientras hay pleno pueda haber reuniones de las comisiones.

Villavicencio ante esto, mediante su cuenta de twiter afirmó que es evidente que existe una acción de “conspiración y boicot” al trabajo de la Comisión de Fiscalización. Tanto Villavicencio, como la vicepresidenta de la Mesa, Ana Belén Cordero, confirmaron a este medio que asistirán a la reunión con el Presidente Lasso.

Sin embargo, este domingo 10 de octubre de 2021, la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el cual recordó que el Pleno, con 105 votos a favor, delegó a la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por el legislador de Pachakutik (PK) José Cabascango, la investigación de los “Pandora Papers”.

Además, dispusieron a la Comisión de Fiscalización que remita de manera inmediata toda la información y documentación relacionada con la investigación periodística de los Pandora Papers a la Comisión de Garantías Constitucionales, que tendrá la competencia exclusiva para el conocimiento de este proceso de investigación”.

Finalmente en el comunicado,  Llori afirmó que “no autorizó el pedido de la comisión de Fiscalización para realizar la sesión en el Palacio de Carondelet” porque el pleno delegó a la comisión de Garantías Constitucionales.

“La disposición que ha enviado a la Comisión que prohíbe que se transmita la sesión y que se instale la sesión que estaba convocada en el Palacio de Gobierno para  recibir la información  del Presidente es una acción de boicot a las actividades de Fiscalización. Yo he decidido llevar esta investigación de forma personal desde mi curul y  el día de mañana haré un importante anuncio al respecto.”, respondió Villavicencio en diálogo con este medio.

Además, confirmó que no se dará la reunión con el Presidente Lasso, y anunció que él personalmente recibirá la información del Presidente de la República en cualquier momento.
Así mismo, dijo que ha decidido investigar, no solo el caso de Guillermo Lasso, sino también, todos los nombres del correismo que ahora aparecen en Pandora Papers, así como todas las vinculaciones del caso Panamá Papers.

“Más bien dicho voy a investigar  todas las operaciones en paraísos fiscales  y lo voy hacer personalmente, independientemente que sea presidente o miembros de una Comisión”, sentenció el legislador.  (RR)

 

 

Contraloría debe entregar información a los asambleístas

HECHO. El Contralor subrogante hizo la consulta a la Procuraduría

El organismo de control deberá entregar la documentación de los exámenes especiales que contengan responsabilidades civiles y administrativas, o indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, la información seguirá siendo reservada

La Procuraduría General del Estado dio luz verde para que la Contraloría entregue la información requerida por los asambleístas respecto de los procedimientos y resoluciones que dicta el organismo de control, en el ámbito de sus competencias.

La decisión se la dio a conocer mediante un comunicado de prensa, este miércoles 22 de septiembre de 2021, por el cual se da respuesta a la consulta formulada el pasado 6 de septiembre, por el contralor subrogante Carlos Riofrío.

“La Procuraduría concluyó que la Contraloría tiene la obligación de entregar a los asambleístas la información sobre las resoluciones definitivas en sede administrativa que determinan responsabilidades civiles y administrativas o indicios de responsabilidad penal, siempre que su requerimiento se motive en procesos de fiscalización y control político”, señala el comunicado

Sin embargo, “los asambleístas, de conformidad con la Ley, deberán mantener la reserva”.

La consulta del contralor Riofrio al procurador Íñigo Salvador se dio en medio de las declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, respecto a un supuesto intento de ocultamiento, por parte del Contralor, de información respecto a glosas establecidas contra actuales asambleísta. RR

Marlon Santi tacha de “mal agradecido” a Fernando Villavicencio

La dirigencia de Pachakutik llegó a la Asamblea para pedir la amnistía por los hechos de octubre 2019.

Los asambleístas de Pachakutik respaldaron a Guadalupe Llori. Creen que las acusaciones contra ella tienen carácter de género y raza.

El pedido de renuncia a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por parte del asambleísta Fernando Villavicencio, tuvo una respuesta de parte del coordinador general del movimiento Pachakutik, Marlon Santi. Este calificó al legislador de “mal agradecido” e hizo alusión a que fue esa agrupación la que le dio asilo cuando era perseguido por el «correísmo».

El dirigente llegó a la Asamblea Nacional acompañado de  los representase de las organizaciones de base, entre ellos el presidente de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidaz Iza, para entregar un proyecto de amnistía en favor de 200 indígenas que fueron procesados por los hechos de octubre de 2019.

Santi sostuvo que el movimiento no está para ocultar hechos que estén en contra de la Ley, e insistió en que previo a acusar se debe llevar adelante una verdadera investigación que determine que en verdad se cometieron irregularidades. Considera que las acusaciones en contra de la titular de la Legislatura se deben a que es la primera mujer indígena que ocupa ese puesto.

“Si está fuera de la Ley, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene que investigar, porque hay contrataciones de la Asamblea anterior que están más allá de lo que ha hecho la representante de la Asamblea. Todos tienen derecho de preguntar, cuestionar pero luego de una investigación profunda. Hoy las injurias del asambleísta Fernando Villavicencio, a quien yo le di asilo político en mi comunidad de Sarayaku cuando estaba perseguido y no debe ser mal agradecido”, aseveró Santi.

Dijo que se debe fiscalizar cosas profundas que en el país ha ocurrido y lo está ocurriendo en los actuales momentos. Aseguró que se vienen leyes fuertes para el país y hay cortinas de humo para evitarlas, e indicó que quieren ver cómo van actuar cuando llegue la reforma tributaria, entre otras normas a la Asamblea.

“La actuación de Fernando Villavicencio está enmarcada exclusivamente a denigrar exclusivamente a los asambleístas de Pachakutik. ¿Por qué no investigan a los ministerios?, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Agricultura de cuánto gastan en sus viáticos para que también sean sancionados tras una investigación real, basados en las reglas institucionales de cada entidad y de los representantes de estas”,  sentenció el coordinador de Pachakutik. (RR)

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Asambleístas piden explicaciones de contratos a Guadalupe Llori

HECHO. Guadalupe Llori, habría pagado 423 dólares por una noche en un hotel de la Amazonía con cargo a la Asamblea Nacional

La Presidenta de la Asamblea habría firmado un contrato por 100.000 dólares para servicios de logística. Fernando Villavicencio le pide la renuncia.

Las críticas en contra del trabajo de la Asamblea aumentan a diario, más aún cuando se conocen de presuntas irregularidades que apuntan directamente a la presidenta de la Función Legislativa, Guadalupe Llori, como el contrato por 100 mil dólares por servicios de logística para la alimentación de los asambleístas, o como el hecho  de que habría pagado 423 dólares por noche en un hotel de la Amazonía.

Hechos que, según los legisladores, no abonan en  el trabajo que se quiere hacer para levantar la imagen de la  Legislatura, por lo que los jefes de bloque consideran que Llori debe darle una explicación a la Asamblea y a los ecuatorianos.

El jefe de bancada de CREO, Juan Fernando Flores, sostuvo que la Presidenta Llori debe “aclarar los temas” y considera que el espacio para hacerlo es al interior del Consejo de Administrativo de la Legislatura (CAL), al ser temas administrativos sobre lo que se refieren las denuncias.

“Lo que tiene que hacer es dar las explicaciones pertinentes para que los ecuatorianos y, en especial, nosotros como Asamblea Nacional podamos conocer qué es lo que está sucediendo y explicarle a la ciudadanía que una cosa es el accionar de la Asamblea Nacional desde lo institucional y otro es el accionar de los asambleístas en lo personal”, aseveró Flores.

Criterios con los que coincide el jefe de bancada de la Izquierda Democrática (ID), Alejandro Jarramillo. “Todo acto de corrupción e irregular nosotros lo vamos a denunciar, venga de donde venga. Desde ya rechazamos este tipo de contrataciones y vamos a pedir  la información. Si existen irregularidades,  al interior de la ID tomaremos decisiones sobre las acciones que vamos a emprender”, aseveró. Adelantó que solicitarán que se den por terminados los contratos de manera unilateral.

No se atreven a calificar el trabajo de Llori

De su parte, el asambleísta Esteban Torres del PSC, considera necesario una explicación de parte de la Presidenta. “No critico que sean necesarios desayunos para eventos oficiales en la Asamblea, pero quizá el monto no es el  adecuado, más aún si se comprueba que se ha estado llegando a pagar hasta 25 y 30 dólares por desayuno. Creo que la Asamblea puede negociar un monto más bajo para este tipo de servicios”, afirmó el asambleísta por la provincia de Tungurahua.

Los legisladores, sin embargo, no quisieron adelantar un criterio sobre el trabajo que lleva adelante Guadalupe Llori al frente de la presidencia del Parlamento.

Villavicencio pide la renuncia de Llori

Mientras que para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, esto es un hecho impresentable y que merece ser explicado. “Esta  Asamblea no solo sufre de estas acciones irregulares y perjudiciales, sino que no tiene una estrategia. La Asamblea no tiene un liderazgo, no se la ha planteado un horizonte. En la Asamblea lo que está haciendo algunos sectores es poniéndole un dique al Ejecutivo, es decir, aquí cenas VIP, almuerzos VIP, gastos VIP y se forma un dique donde no se aprueban proyectos de Ley”, dijo.

Además, el legislador considera que la Presidenta Llori debe renunciar para cambiar “esta mala suerte de la Asamblea”. (RR)

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Glosas petrificadas

CARLOS CONCHA JIJÓN

Resulta interesante y de gran valor especialmente para el estado, que el legislador Fernando Villavicencio luego de incursionar en el periodismo investigativo, haya alborotado un avispero o tal vez un enjambre de abejas africanas, al visualizar un gran número de glosas que podrían estar contaminando a un número considerable de legisladores honorables de la patria. Las glosas que por supuesto no han sido desvanecidas reposan por algún tiempo en el congelador.

Me parece que el trabajo realizado por el legislador es legal y se encuentra revestido de una importancia suprema a más de constituirse en un trabajo que prueba estar cumpliendo con sus funciones como mandato que otorga el ordenamiento institucional. Las investigaciones han permitido sopesar el valor de las mismas y al mismo tiempo tener pleno conocimiento que las glosas cuando son desvanecidas si es que existiese esa posibilidad no perjudican los intereses del país.

También habría que pensar en un supuesto no consentido, que malos funcionarios, con el fin de participar de una “tajada” del pastel determinen el desvanecimiento de las mismas mediante un truco de magia corrupto.

Creo que ya han existido algunas voces por supuesto destempladas, rechazando las investigaciones del legislador, actitud que considero improcedente, puesto que quien es glosado, por mandato legal, puede perfectamente desvanecerlas con argumentos legales si fuese el caso, de tal manera que no hace falta ningún “cacareo”, mas sí me parece que debe analizarse la investigación, pero no de “buenas a primeras” de una investigación realizada por un profesional del periodismo y legislador de la república.

No sería justo, ni procedente que luego de destapar glosas por algunos millones de dólares, se pretenda de manera inconsulta un juicio, que sería un tanto perverso contra aquel que ha investigado cumpliendo seriamente y apegado a la ley y sus atribuciones como legislador del estado.

Contralor consulta a Procuraduría sobre entrega de información de casos

Carlos Riofrío, contralor subrogante, designado por su antecesor Pablo Celi.

Fernando Villavicencio dice que negativa de entregar datos sobre procesos que involucran a sus colegas asambleístas significa encubrimiento; Contraloría lo niega.

El contralor general subrogante, Carlos Riofrío, emitió este 6 de septiembre de 2021 una consulta a la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre la procedencia o no de la entrega de información de exámenes especiales practicados por la entidad de control.

El pedido se relaciona con la acusación del presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, respecto a un supuesto intento de ocultamiento por parte del Contralor de información respecto a glosas establecidas contra actuales asambleístas.

Los portales Periodismo de Investigación y La Historia hicieron público un reportaje, el 3 de septiembre, sobre investigaciones y presuntas glosas establecidas por la Contraloría a una treintena de legisladores. Las presuntas irregularidades de los asambleístas mencionados se refieren a acciones ejecutadas cuando ocuparon cargos públicos anteriores como prefectos, alcaldes, ministros y similares.

Villavicencio aseguró este 6 de septiembre que pidió al Contralor básicamente que especifique cuáles investigaciones se encuentran en firme (con glosas ya establecidas) y cuáles están aún en proceso. Y que la respuesta habría sido negativa, alegando que esos datos están sujetos a reserva. A esta posición de Riofrío, el asambleísta la calificó de inconstitucional e ilegal. Incluso aseguró que -a su juicio- el funcionario encubre actos ilícitos.

Ante esto, la institución señala que «en los últimos meses del presente año, la Contraloría General del Estado ha recibido por parte de los asambleístas, insistentes requerimientos de información personal certificada de exservidores, servidores públicos, personas naturales y jurídicas de derecho privado que tienen responsabilidades administrativas culposas, responsabilidades civiles (glosas y órdenes de reintegro) e informes con Indicios de Responsabilidad Penal, así como el detalle de los exámenes correspondientes».

En su defensa, la Contraloría sostiene que «los datos personales solicitados guardan reserva en virtud que los actos administrativos generados por este organismo de control están en proceso de juzgamiento de cuentas, lo que permite a las personas naturales o jurídicas auditadas, el derecho a ejercer su defensa en las instancias administrativas y judiciales que correspondan».

Y consulta a la Procuraduría «si es procedente que los asambleístas, con fundamento en los artículos 110, numeral 3 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, requieran a la Contraloría General del Estado, información certificada, a fin de conocer si los ciudadanos tienen expedientes abiertos con responsabilidades».

Así mismo, señala que el Contralor subrogante no “encubre” a nadie ni ha declarado “secreta” ninguna información y que puntualiza que “la institución realiza un trabajo técnico en estricto respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y al debido proceso”. (LAG)

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Fernando Villavicencio tiene 5 días para presentar pruebas en el Consejo de Administración Legislativa

Fernando Villavicencio, titular de la Comisión de Fiscalización, enfrenta una queja.

El asambleísta Ricardo Vanegas presentó la queja contra Villavicencio, por «mancillar» su buen nombre.

El legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, enfrenta un proceso disciplinario en la función legislativa, presuntamente por “mancillar el buen nombre” del asambleísta de Pachakutik (PK) Ricardo Vanegas, que ha sido vinculado con el consorcio Oro Negro, una de las empresas que tienen responsabilidad penal en la Contraloría General del Estado.

Por estos hechos, Vanegas presentó la queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que esl viernes 27 de agosto calificó la queja con cinco votos.

Entre las asambleístas que votaron a favor se encuentran: Guadalupe Llori (PK) y Bella Jiménez (ex ID). Las dos legisladoras fueron fiscalizadas por Villavicencio. A Llori se le pidió información sobre el presunto inicio de compras de autos de alta gama; mientras que Jiménez es investigada por la Asamblea y la Fiscalía, tras ser  acusada de tramitar cargos en la función pública a cambio de dinero.

Ante esta resolución, “me declaro en rebeldía”, dijo Villavicencio. Aseguró que todas “las sanciones que vengan de quienes representan la mala política son una condecoración”.

Vanegas solicitó al CAL que apliqué la sanción por falta muy grave y se proceda a suspenderlo del cargo por treinta días sin sueldo. Cinco días tiene Villavicencio para presentar sus pruebas de descargo ante este organismo.

Esto, en medio del segundo juicio político que se desarrolla en la Comisión de Fiscalización. El lunes 30 de agosto continuará con las comparecencias dentro del juicio a al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, acusado de incumplir sus funciones.

Carrión se encuentra detenido desde el 17 de mayo en la cárcel 4, norte de Quito tras ser acusado del presunto abuso sexual a la pareja del exministro de Salud. Mauro Falconí. (MC)

 

Fiscalía inicia indagación en el caso de la asambleísta Bella Jiménez

RESPUESTA. La legisladora Bella Jiménez (d.) responsabiliza a sus asesores de cometer los hechos de los que se acusa a ella.

La Izquierda Democrática expulsó a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, acusada de tramitar cargos públicos a cambio de dinero.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, tiene previsto presentarse a las 08:00 de hoy ante la fiscal Mayra Soria. El objetivo es que rinda testimonio como parte de la indagación previa iniciada por la Fiscalía por las denuncias en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez.

La legisladora es acusada de haber tramitado cargos públicos a cambio de dinero. Así lo reveló un reportaje hecho público el viernes 20 de agosto por los portales La Historia y Periodismo de Investigación.

Ese mismo día, Villavicencio presentó denuncias contra su colega legisladora ante la Presidencia de la Asamblea y ante la Fiscalía. El sábado, en cambio, la Izquierda Democrático pidió a la Comisión de Ética de la Asamblea que investigue el caso de su hasta ayer coidearia.

El trabajo periodístico señala varios casos en los que la segunda vicepresidenta del legislativo habría ejercido influencia para que personas de su interés obtuvieran cargos públicos.

Las denuncias

El primer caso se refiere, según el trabajo periodístico, al ofrecimiento de un cargo de asesor en el despacho de Bella Jiménez a cambio de dinero. Una persona, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, depositó $3.000 en una cuenta del hijo de la legisladora el 26 de abril de este año, según narra el reportaje; este incluye copia del depósito realizado.

El 18 de mayo, desde el despacho se tramita el pedido de vinculación del denunciante al equipo de trabajo de la segunda Vicepresidenta de la Asamblea con el cargo de Asesor Nivel 2; así consta en la copia de un documento que acompaña al trabajo periodístico. Sin embargo, la contratación no se produjo y, de acuerdo con la fuente, el dinero depositado no fue restituido.

Así mismo, a través de mensajes de Whatsapp, los portales periodísticos señalan gestiones de la asambleísta Jiménez para colocar y ratificar a personas en los puestos de dirección de hospitales de Guayaquil. En los presuntos chats se menciona al «hospital Guayaquil» y al «Abel Gilbert Pontón».

Del mismo modo, en el extracto de una presunta conversación telefónica suya, Jiménez menciona una gestión exitosa para colocar a una persona en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). “Ñano, yo metí al duro de la Comisión de Tránsito en Guayas”, se escucha en el audio.

En varios mensajes se menciona posibles conversaciones con el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Sin embargo, el funcionario negó cualquier implicación en el caso a través de Twiter. (LAG)

Jiménez acusa a sus asesores

Al cabo de día y medio de silencio, la asambleísta Bella Jiménez se pronunció ayer sobre las denuncias por presunta gestión de cargos públicos en su contra.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, Jiménez rechazó todas las afirmaciones del reportaje periodístico que la señala.

Atribuyó las afirmaciones a una campaña de desprestigio con la que -según sus palabras- se intenta generar caos en la Asamblea Nacional y adueñarse de su posición. Afirmó que no le extrañaría que el siguiente objetivo sea la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori.

Sobre las pruebas del tráfico de influencias para asignar cargos, responsabilizó de las irregularidades a sus asesores. No dudó en acusarlos de abusar de su confianza, de actuar a su nombre e incluso de utilizar sus equipos de comunicación personales para gestionar ellos los cargos.

También criticó a los miembros de su partido (Izquierda Democrática), de quienes dijo no le permitieron defenderse. Ayer, el Comité de Ética y Disciplina del partido expulsó a Jiménez del movimiento. Aunque ella previamente anunció su separación.

“He sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores”
Bella Jiménez, legisladora

Si la Comisión de Ética de la Asamblea la encuentra culpable, Jiménez puede ser destituida.