En el clima de ‘conflicto armado interno’ que vive el país, la fuerza pública está, en algunos casos, actuando de forma impulsiva y tomando el camino fácil pero equivocado.
Por un lado, trasciende la persecución a la que, en los operativos, se está sometiendo a quienes tienen tatuajes, así como la disposición de no aceptar en la Policía a postulantes con tatuajes visibles. Por el otro, siguen proliferando videos e imágenes de miembros de la fuerza pública escarmentando a ciertos detenidos. Es como si en lugar de seguir una estrategia de seguridad coherente y ordenada, el Estado estuviera procediendo en función de los más nocivos prejuicios de la población.
Ese comportamiento de los uniformados apela a la emotividad de las masas y resulta útil para sumar popularidad. Corremos el riesgo de que, en nombre de las cifras de aprobación y del morbo, las autoridades incurran en acciones inapropiadas. La lucha por la seguridad no puede enfocarse en niñerías y revanchismos. Ensañarse contra los tatuajes o el aspecto de las personas no es solo inconstitucional, sino también ineficiente. Si es que esa va a ser la preocupación del Gobierno, las bandas terroristas no tardarán en prescindir de tatuajes y mejorar el aspecto de sus miembros. Liderar con el ejemplo es parte de gobernar con altura, y humillar a los sospechosos aplicando la ley del Talión, logra todo lo contrario.
Un verdadero proceso de depuración de la fuerza pública y un genuino esfuerzo de desarticulación de organizaciones criminales deberá apuntar mucho más alto.