Ecuador y Colombia ejecutan ejercicios de interdicción para el combate del narcotráfico

Los ejercicios se realizaron en Cali (Colombia) y en Manta (Ecuador).

Las comitivas binacionales participaron con sus equipos y tripulaciones, recreando el ambiente real de las trazas aéreas ilegales.

Con el objetivo de reducir las acciones delictivas de los grupos narcoterroristas que afectan a la seguridad de ambos países, la Fuerza Aérea del  Ecuador  y su similar Colombia ejecutan estrategias para el combate del narcotráfico.

El  tercer ejercicio práctico de interdicción de aeronaves inició el 9 de mayo de 2022 en  la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’  en Cali  (Colombia) y finalizó, hoy 13 de mayo de 2022 en  Manta (Ecuador).

El procedimiento también busca fortalecer las técnicas de interdicción de Tráficos No Identificados (TNI), estandarizando procedimientos operativos vigentes para garantizar la soberanía y el control del espacio aéreo nacional.

El brigadier general Celiano Cevallos, representante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), dijo que se busca perfeccionar las capacidades de vigilancia y control bajo conceptos de doctrina común, flexibilidad, inteligencia oportuna, coordinación, fraseología estandarizada y protocolos compartidos para actuar de manera eficaz ante las organizaciones que infringen el espacio aéreo fronterizo con fines ilegales. (SC)

Plan gubernamental para el derribo de aeronaves irregulares sigue en proyecto

Exdirector de Inteligencia del Ejército dice que la FAE requiere ese respaldo legal.

Hace casi siete meses, el Ejecutivo anunció su decisión de enviar a la Función Legislativa un proyecto de ley para derribar en caso extremo aeronaves que no cuenten con autorización de vuelo.

En octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso anunció que enviaría a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que autorice el derribo de aeronaves irregulares en el territorio nacional, en respuesta al creciente problema del narcotráfico.

“Pronto presentaremos en la Asamblea Nacional una ley que autorice el derribo de naves irregulares que no acepten las órdenes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana”, dijo el mandatario durante un evento castrense el año pasado.

Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, insiste en la necesidad de que la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) cuente con un instrumento legal para poder derribar aeronaves que no cuenten con permiso de vuelo, como lo tienen países como Argentina.

“Solo con una ley de estas características se podrá hacer respetar la soberanía nacional y el espacio aéreo ecuatoriano que es vulnerado permanentemente con las actividades de las narcoavionetas”, señaló.

Para este militar en servicio pasivo, la FAE necesita coordinar el esquema de radares, con una ley que les permita ejecutar la  disposición constitucional y la misión que le da el Comando Conjunto de proteger la soberanía “que al momento no lo puede hacer por esa limitación que tiene”, alertó.

Fuerza de tarea conjunta 

Sin embargo, aclaró que a la FAE no solo se le debe dotar de esta infraestructura, sino que el Estado debe conformar una fuerza de tarea conjunta para poder combatir al  narcotráfico y al crimen organizado como lo tienen Brasil y Colombia. 

Explicó que la fuerza de tarea conjunta debe estar  integrada por miembros de las tres ramas de la Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aviación), además de la Policía Nacional, organismos de inteligencia  y la Fiscalía, para poder, bajo un comando integrado disponer las operaciones en contra del crimen organizado transnacional.

Un proyecto de Ley de esas características podría incluir, reglas de protección aeroespacial que habilita a las Fuerzas Armadas a identificar, advertir y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a aquellas naves que ingresen en el espacio aéreo sin autorización. (SC)

 

Por seguridad, información de los radares del país está bajo sigilo

CONTROL, La FAE interceptó una avioneta en una pista clandestina. (Foto: Archivo).

La Fuerza Aérea Ecuatoriana comparte información con otros países para detectar el tráfico de naves sospechosas. Aún así hay avionetas que evaden los controles.

Entre 2021 y lo que va de 2022, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ha interceptado siete tráficos aéreos no identificados, dedicados a realizar actividades ilícitas de organizaciones transnacionales al margen de la ley.

¿La FAE podría interceptar más avionetas que infringen el espacio aéreo?  “Primero debemos detectarlos, y luego actuar”, respondió Geovanny Espinel,  quien hasta el 5 de mayo se desempeñó como comandante general de la FAE, y hoy está  en servicio pasivo.

A través de un intercambio inter-agencial entre la FAE y fuerzas aéreas amigas se puede tener la información de algún tráfico no identificado, es decir, que no sigue una reglamentación aeronáutica que permite el control de los diferentes tráficos a escala mundial y nacional. Esta información pone en alerta a los diferentes países.

Los resultados obtenidos en estos últimos años por este sistema son importantes, dijo Espinel.  “Fueron capturas efectivas de avionetas que nunca más van a volar en el espacio aéreo nacional”, remarcó.

Al mismo tiempo reconoció que “es muy posible, en realidad, que pasen avionetas y nadie se dé cuenta”. Esto, porque no es factible contabilizar cuantas se pasan, porque “puede coincidir” que las condiciones meteorológicas que también ayudan para poder maximizar la detección del radar no fueron las mejores, o el vuelo que realizaron los pilotos fue a muy baja altura y “cuentan con tecnología para guiarse de manera adecuada”.

Oswaldo Domínguez, otro excomandante de la FAE recomendó que se debería tener un sistema de vigilancia hacia los accesos de las rutas marítimas hasta el continente.

 Sistema de Defensa Aérea

Geovanny Espinel, desestimó las críticas de que la provincia de Manabí esté desprotegida (por la falta de un radar) y recordó que en el proceso de control del espacio aéreo una de las aeronaves fue detectada en Manta.

“(Las críticas) han sido elevadas a un nivel que no corresponde”, agregó el militar, y aseguró que el Sistema de Defensa Aérea,  cuenta con radares militares que son los encargados de realizar la vigilancia del espacio aéreo.  En los centros de mando y control, estos sistemas interactúan con los equipos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

La información de cada uno se centraliza en la dirección de mando y las torres de control de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) que se encuentran en tierra y listos para despegar en caso de que exista alguna sospecha de un tráfico aéreo no identificado.

Los dispositivos electrónicos funcionan las 24 horas del día y están ubicados en diferentes lugares del país para mantener la vigilancia de los tráficos. Dentro de este esquema también se debe considerar los tráficos que sí son regulados por la DGAC como los vuelos comerciales.

¿Cuántos radares hay? Esta es una información que tiene un sigilo por seguridad, y revelarlo facilita el trabajo de organizaciones al margen de la ley, agregó el oficial.

Aeronaves interceptadas

El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021.  Los radares lo identificaron a unas 80 millas; ingresó por Borbón (Esmeraldas) y aterrizó en un sembrío de palma cerca de las 02:00. Allí se halló cerca de media tonelada de droga.

El segundo evento se dio el 2 de marzo del año pasado, y llegó a Santa Elena.  En su interior se encontró casi un cuarto de tonelada de droga.

 La interceptación de dos avionetas ocurrió el 26 de abril de 2021. Geovanny Espinel, contó que, en esa ocasión, al hacer un barrido en la zona de Marcelino Maridueña junto al ingenio San Carlos, la FAE halló estas aeronaves.  Esto ocurrió entre las 02:00 y 03:00.

El Comando Operacional de la FAE, detalló que en este 2022 se han interceptado tres aeronaves.  La primera fue en el sector Tarifa (Yaguachi, Guayas), a inicios de abril.

La segunda fue el 24 de abril en el sector de Taguadaja (parroquia rural de Chanduy, Santa Elena). Allí se decomisaron 222 bloques de droga, combustible y dinero en efectivo.

La tercera fue en el sector de Naranjal (Guayas), también el 24 de abril.  (SC)

¿Existe un estimado de pistas clandestinas?

Una pista puede ser cualquier lugar que tenga una dimensión de 1.200 metros, o 400 metros de ancho.  Incluso, se puede formar en la playa cuando baja el nivel del mar, o en la Costa una carretera media plana, una camaronera o bananera, agregó Espinel.

Oswaldo Domínguez, también opinó que estos grupos irregulares tienen dinero para preparar una pista en cualquier lugar sin problema. Son personas que no necesitan una pista como el aeropuerto de Quito o Guayaquil; ellos necesitan una pista no necesariamente pavimentada, sino con tierra que permita aterrizar y despegar y lo hacen en cualquier parte.

Negocio “redondo”

 El negocio de la droga es tan redondo que un paquete de un kilogramo de cocaína (en Ecuador) se puede comprar dependiendo de la calidad entre $1.500 a $2.000. Pero ese mismo paquete en Estados Unidos puede costar entre $25.000 a $30.000. En Europa puede estar valorado en $60.000, y hasta $300.000 en Australia, indicó el exjefe de la FAE.

222 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, fueron decomisados en el operativo del 23 de abril de este año, reportó oficialmente las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Aéreas de Ecuador y Colombia realizan ejercicios de interdicción. Finalizará este viernes en Manta y busca fortalecer estrategias para combatir el narcotráfico y frenar a grupos narcoterroristas.

Narcos, sospechosos de muerte de fiscal paraguayo

Imagen de archivo del asesinado fiscal paraguayo Marcelo Pecci, considerado el azote del crimen organizado en su país.

El fiscal antimafia asesinado en Colombia llevaba varios casos importantes, muchos de ellos relacionados con el mundo del narcotráfico.

Redacción ASUNCIÓN

Las autoridades de Paraguay no descartaron ayer que el fiscal antimafia Marcelo Pecci, asesinado en Colombia mientras disfrutaba de su luna de miel, hubiera sido seguido hasta ese país desde territorio paraguayo.

«Pensamos que el seguimiento pudo iniciarse acá», dijo a medios locales el comandante de la Policía Nacional del Paraguay, Gilberto Fleitas.

Así mismo, la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, había afirmado en una entrevista el martes por la noche con el canal SNT que no desechan la posibilidad de que el crimen haya sido ordenado desde el país.

Pecci fue atacado a tiros por desconocidos en Barú, isla que está a unos 40 minutos en lancha desde la turística ciudad de Cartagena de Indias.

El funcionario se encontraba junto a su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, con la que había contraído matrimonio el pasado 30 de abril en Asunción.

Cadena de casos relevantes

Según el jefe policial paraguayo, se presume como parte de las hipótesis que el ataque esté vinculado con la labor del funcionario asesinado.

El jefe policial aseguró que entre los procesos a cargo de Pecci hay algunos «con condenas importantes», que incluían incluso a extranjeros en el país.

Entre los casos más conocidos que llevaba el fiscal se encuentran el atentado sicarial en el que fue asesinada la modelo Cristina Isabel ‘Vita’ Aranda y el narcotraficante Marcos Rojas, ocurrido en la ciudad paraguaya de San Bernardino durante el festival musical Ja’umina Fest, que se llevó a cabo en enero de este año.

Asimismo, Pecci estaba al frente de la investigación de homicidios vinculados a uno de los mayores operativos realizados en Paraguay en contra del narcotráfico denominado A Ultranza Py, el cual inició el pasado 22 de febrero en todo el territorio en contra del crimen organizado y el narcotráfico.

Otro de los grandes casos que encabezó fue el denominado como ‘Zootopia’, en el que se desmanteló la mayor estructura aérea de la fracción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC) en Paraguay y con el que se logró el decomiso de 500 kilos de cocaína. (EFE-DLH)

Otros 76 presos son trasladados de la cárcel de Santo Domingo

Familiares de internos esperan noticias tras el motín ocurrido en la cárcel de Santo Domingo el 9 de mayo.

Las autoridades informaron del cambio a un centro de reclusión no identificado, desde donde los reos serán distribuidos a distintas prisiones. La medida tiene como objetivo pacificar la cárcel de Santo Domingo.

Las autoridades penitenciarias de Ecuador informaron este miércoles (11 de mayo de 2022) del traslado a otra cárcel del país de 76 presos desde la prisión de la ciudad de Santo Domingo, donde se registró la matanza que el lunes dejó 44 reos asesinados.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) sostuvo que, «para precautelar la vida, el orden y seguridad, se realizó el traslado de 76 personas privadas de libertad (de la cárcel) de Santo Domingo a otro centro, desde donde serán movilizados a distintos centros de privación de libertad».

El traslado sigue a otro similar de seis supuestos cabecillas de bandas delictivas efectuado el lunes tras el amotinamiento que dejó sangrientas imágenes y que respondería a la rivalidad entre los integrantes del grupos que se hacen llamar ‘Los Lobos’ y los ‘R7’.

También se da después de que hayan sido recapturados 200 de los 220 reclusos que el Ministerio del Interior confirmó que se habían fugado durante los incidentes del lunes.

Nueva alerta de motín

La cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, o cárcel de Bellavista, fue escenario este miércoles de nuevos desórdenes y un intento de motín, según confirmó el servicio penitenciario ecuatoriano.

Sobre este último suceso, el SNAI dijo que se activaron «inmediatamente protocolos de seguridad» junto con efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas tras una alerta de incidentes en el penal.

«Junto a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se realizaron operativos y controles en todos los pabellones con la finalidad de precautelar la integridad de las personas privadas de libertad y prevenir afectaciones en el Centro de Privación de Libertad, evitando así dicho amotinamiento», indicó un comunicado oficial.

Vídeos difundidos en redes sociales mostraron a varios presos encaramados en un techo metálico gritando a miembros de las fuerzas de seguridad, además de uniformados militares acordonando el perímetro de la prisión. Aparentemente exigían garantías para su seguridad.

Audios atribuidos a presos de mediana seguridad de esa prisión y distribuidos por redes también dieron cuenta de algún tipo de incidente y la alarma causada entre los reos por la presunta llegada al pabellón de integrantes de grupos organizados.

Traslados bajo la mira

Precisamente, los traslados de presos y líderes de grupos organizados vinculados al narcotráfico y que ya se vieron involucrados en violentos ajustes de cuentas en prisiones del país están bajo el punto de mira puesto que algunos de esos movimientos respondieron a habeas corpus dictaminados por la Justicia.

El director del SNAI, Pablo Ramírez, criticó que la Justicia ordenase en el último mes 124 traslados de presos a la cárcel de Santo Domingo, procedentes de la prisión de Cuenca, donde a inicios de abril se produjo otra matanza que acabó con la vida de 20 reos.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Juan Carlos Mariño, pidió en un comunicado la activación de un Comité de Crisis para «adoptar medidas articuladas entre la autoridades involucradas», destinadas a proteger la vida y la integridad física de los presos.

La del lunes es el más reciente de una serie de sanguinarios motines que se han cobrado la vida de más de 400 reclusos desde 2020, de ellos 63 solo en este 2022.

La crisis carcelaria que atraviesa Ecuador ha llevado a organismos como la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar su preocupación y pedir al Gobierno medidas urgentes para reducir la población carcelaria y asumir el control de las cárceles.

Ecuador está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, ha anunciado la concesión de 5.000 indultos y desarrollado la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria. EFE

El habeas corpus para los delincuentes fue el génesis de los asesinatos

El traslado de los cabecillas de peligrosas bandas se da con medidas judiciales que generan dudas.

Dos reos de alta peligrosidad lograron salir de ‘La Roca’ a Santo Domingo y Cotopaxi. En Ecuador, solo hay tres cárceles para este tipo de reos. La matanza en Santo Domingo habría ocurrido por el pedido de ‘Ariel’. Él también amenazó a autoridades.

Ni un mes duraron en la cárcel ‘La Roca‘, de Guayas, Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias ‘Anchundia’, líder de la banda R7, y Ariel Alexander Quezada Sanmartín, alias ‘Ariel’, líder de la banda los Lobos. Ambos son enemigos a muerte y fueron trasladados a ‘La Roca’, por su alta peligrosidad; pero los dos consiguieron que jueces les permitan ir a otras cárceles.

Anchundia fue a Santo Domingo, alegando que su vida corría peligro. Así, el juez Aquiles Dávila, de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, aceptó una medida cautelar para que sea trasladado del Puerto Principal a esa cárcel.

Ricardo Camacho, exsubsecretario de Justicia y analista de temas de seguridad, señala que en Ecuador solo tres cárceles están habilitadas para presos de mínima, mediana y alta peligrosidad: Cotopaxi, Penitenciaría del Litoral y Turi. “Ahora, las autoridades quieren que sea ‘La Roca’ la de alta peligrosidad”, dice, ya que esta cárcel tiene celdas individuales “a las que se puede monitorear a través de videovigilancia”.

Camacho advierte que si las cárceles para presos peligrosos incumplen con el estándar de tener un guía por cada 10 reclusos, mucho menos las cárceles regionales. Por ejemplo, en la Penitenciaría hay un guía por cada 25 presos, mientras que en Santo Domingo “había uno por cada 68 presos el día de la matanza. Solo había 25 guías para 1.700 personas”.

“El Juez mira el lado humano y desconoce los parámetros de las cárceles. Entonces, escucha a la defensa que señala que la esposa de Anchundia vive en Santo Domingo y lo manda para allá”, señala Camacho. Lo que se requiere es que personal del SNAI esté presente durante la audiencia, apele y alerte para que el líder de una banda no vaya a una cárcel regional.

LA HORA solicitó al SNAI información sobre su rol ante el pedido de Anchundia. Pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Medida sustitutiva para ‘Ariel’

Días antes del traslado de Anchundia, su enemigo alias ‘Ariel’ consiguió también un habeas corpus otorgado por el Juez del Tribunal Cuarto de la Sala Especializada Civil Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana.

‘Ariel’, junto con Anchundia, provocó la matanza de Turi (20 muertos), el 3 de abril del 2022. Ambos se enfrentaron por tener el control de dicho centro carcelario.

El líder de ‘Los Lobos’ fue trasladado a Cotopaxi, alegando que el líder de ‘Los Choneros’, Junior Roldán, alias ‘JR’ amenazó su vida.

Su abogado pidió el traslado inmediato “a un centro de rehabilitación social, de acuerdo al nivel de seguridad que le corresponda y en una ciudad -preferentemente de la Sierra-, donde no haya un control de bandas rivales a la que pertenece el accionante”.

 Mentalizador de la matanza

Una de las primeras hipótesis de la matanza en la cárcel Bellavista (Santo Domingo), que dejó 44 muertos el 9 de mayo de 2022, es que ‘Ariel‘ – desde Cotopaxi– ordenó la muerte de Anchundia, quien la noche del lunes, fue trasladado a la Penitenciaría del Litoral, mientras que otros cinco presos (de las bandas R7 y ‘Los Lobos’) fueron llevados a ‘La Roca’. 

“Anchundia no pudo provocar los motines porque él estaba bien en Santo Domingo, donde tiene cercanía con su familia. Creemos que la orden sale de Cotopaxi, primero, para matar a Anchundia y segundo para evitar que él, al estar en una regional, gane territorio en Santo Domingo”, señala una fuente del Gobierno, que prefiere reservar su nombre. (AVV)

 Alias ‘Ariel’ amenaza a las autoridades

Ariel Quezada Sanmartín, alias ‘Ariel’, de 25 años, es uno de los líderes del grupo narco los Lobos, que amenaza de muerte a las altas autoridades del país. También es considerado uno de los delincuentes más peligrosos.

LA HORA accedió a una alerta oficial en la que se menciona que este detenido planeó atentar contra las autoridades (identidades que este Diario se las reserva por su seguridad).

El motivo es el seguimiento, muy cercano, de Inteligencia sobre las bandas dentro de los presidios, sus movimientos, contactos, divisiones y órdenes. Y también las órdenes de traslados.

El trabajo de Inteligencia ha avanzado al punto que se conocen las conexiones delictivas entre los líderes de las cárceles, incluso los planes de asesinato en contra de los cabecillas de algunas bandas, como la de los Lobos, pero que nacen desde sus mismas filas y en distintas cárceles.

La alerta de amenaza de muerte, del 25 de abril, se emitió luego de su llegada al Centro guayaquileño que sufrió un atentado con coche-bomba. Pero luego fue trasladado por segunda ocasión a Cotopaxi. (JC)

Ariel y sus tres juicios por narcotráfico

Ariel Quezada, quien recibió tratamiento por su adicción a las drogas en 2012, tiene tres juicios por tráfico, según los registros de la Función Judicial.

En el primero, de septiembre de 2017, fue declarado inocente. Su defensa fue muy hábil en presentarlo como un simple “adicto” a las drogas.

En diciembre del mismo año fue capturado por segunda ocasión en Cuenca, cuando, según la Policía, tenía en su poder marihuana y más de un kilo de cocaína. Por este caso fue condenado a 20 meses de prisión, pero salió antes de lo previsto. En la Función Judicial no hay registros virtuales de esa liberación.

El tercer proceso penal por tráfico de drogas inició en junio de 2019. En ese mes la Policía lo detuvo, nuevamente en Cuenca, pero con siete kilos de cocaína escondidos en un vehículo que fue cargado en Sucumbíos. El logotipo en los paquetes de la droga era un pavo real. En la audiencia de juzgamiento, en julio de 2020, Quezada se acogió al silencio. Fue sentenciado a cinco años de prisión. Pagaba su pena en la cárcel de Turi, antes de sus dos traslados.

Este último caso continúa en la Corte Nacional de Justicia por un pedido de casación. Su defensa quiere demostrar que hubo supuestas anomalías con el manejo de las pruebas en su contra. Y así, quizá, obtener la libertad definitiva. (JC)

42 de los 44 cadáveres de la matanza en la cárcel de Santo Domingo ya fueron identificados y 20 fueron entregados a sus familiares, informó la Secretaría de Derechos Humanos.

Ecuador busca tecnología israelí para defenderse de las amenazas

El presidente Guillermo Lasso, en un recorrido por las instalaciones de la empresa israelí especializada en seguridad.

El Gobierno Nacional busca la asistencia técnica de Israel para combatir los peligros del narcotráfico y la delincuencia organizada, con infraestructura y equipamiento que fortalezcan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

Un encuentro con los altos ejecutivos de Israel Aerospace Industries (IAI) – compañía que brinda soluciones a desafíos de seguridad y defensa nacional– marcó el inicio de la visita oficial que desarrolla el presidente de la República, Guillermo Lasso, al Estado de  Israel. 

En el viaje, que inició el 7 de mayo  de 2022 y culminará este sábado, se pretende establecer alianzas y cooperación en materia de seguridad.

Este 10 de mayo de 2022, en Tel Aviv, el mandatario -junto con su comitiva-  puso de relieve la preocupación de su gobierno por los momentos “difíciles” que atraviesa el país como consecuencia de problemas derivados del narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas.  “Estas son las amenazas más grande que tiene el pueblo ecuatoriano”, reseñó Lasso en una reunión en la que participaron Amir Peretz, presidente del directorio de IAI; Boaz Levy, CEO de IAI, entre otros.

Por esta razón -enfatizó- el mandatario “es vital buscar tecnología que permita enfrentar este nuevo enemigo difícil de predecir”.

Explicó que, a través de la transferencia de conocimientos, se podrá ayudar al país a combatir la delincuencia organizada donde las mafias del narcotráfico se disputan territorios, tanto en las calles como en las cárceles.

Según el jefe de Estado, este intercambio permitirá evitar y prevenir hechos como  el amotinamiento ocurrido el 9 de mayo de 2022 en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Sistemas de ciberseguridad, de inteligencia…

La  tecnología israelí, que busca prevenir y defender a Ecuador de amenazas internas y externas,  incluye la implementación de sistemas de ciberseguridad, de inteligencia, vigilancia, señaló el vicepresidente ejecutivo de Marketing y Negocios de IAI, Yehuda Lahav.

“Nuestro concepto es convertirnos en un aliado estratégico para apoyarlos a operar estos sistemas desde territorio ecuatoriano”, aseguró.

En la cita también se mostró el concepto de protección fronteriza terrestre, costera, del espacio aéreo a través de medios de observación óptica como radares y vigilancia aérea, con plataformas no tripuladas.

A criterio del  gerente de Marketing para América Latina de IAI, Sholmo Sapir, estos mecanismos  permitirían anticipar y activar todas las estrategias de prevención para defender al país de las amenazas.

“Cuando se crea un ambiente más tranquilo para los ciudadanos, también se atrae más inversión extranjera, se genera más empleo, empuja la economía ecuatoriana y mejora la calidad de vida y seguridad de los ecuatorianos”, detalló.

Convenio  entre los ministerios de Defensa de Israel y de Ecuador

El canciller Juan Carlos Holguín dijo que la visita a las  instalaciones del IAI es clave ya que se constató las herramientas con las que cuenta la compañía especializada en ciberseguridad, infraestructura aérea, marítima, radares, aviones no tripulados; insumos fundamentales «precisamente para tener un sistema de defensa en el Ecuador, por ejemplo, en el tema carcelario», afirmó.

Holguín recordó que actualmente existe un acuerdo, entre los ministerios de Defensa de Israel y de Ecuador, el cual se prevé que será actualizado para consolidar la cooperación en este ámbito. «El Gobierno de Israel está muy comprometido con Ecuador en esta lucha contra las estructuras criminales, locales y transnacionales», dijo el Canciller.

La comitiva

En el  Decreto 419 se detalla que la comitiva que acompaña al jefe de Estado está integrada por María de Lourdes Alcívar, Primera Dama de la Nación;  Juan Carlos Holguín, canciller;  Julio José Prado, ministro de la Producción;  Roberto Salas, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas; Fausto Cobo, director general del Centro de Inteligencia Estratégica;  coronel Fernando Conde, jefe de Seguridad del presidente de la República, y Fabricio Arciniegas, edecán de Guillermo Lasso. (SC)

43 asesinados en la cárcel de Santo Domingo

Las autoridades y la Policía aún hacen un recuento de los presos para saber si hubo fugas.

La Fiscalía General del Estado informó de la cifra. 450 uniformados recuperaron el control en la cárcel de Bellavista. 

La Fiscalía General del Estado informó que se han contabilizado 43 fallecidos por el motín ocurrido la madrugada de este 9 de mayo de 2022 en la cárcel Bellavista, de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La revuelta, según la Policía, fue liderada por el grupo de ‘Los Lobos‘, que ya se ha convertido en un cártel de narcotráfico.

La Policía todavía realiza el conteo de los presos para conocer con certeza si hay fugas. Incluso, están activos tres tipos de controles en la ciudad y en las carreteras.

Según el comandante  de la Policía, general Fausto Salinas, los uniformados han retomado el control en la cárcel de Santo Domingo. En las intervenciones, en la participan 250 policías y 200 militares, se han recuperado cuatro fusiles de asalto, pistolas, granadas, alimentadoras.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó el traslado de uno de los jefes de esa banda de Guayaquil a Santo Domingo, cuando debía ir hacia ‘La Roca’ (Guayaquil), que es una prisión de máxima seguridad.

En 2022 fallecieron 316 reclusos. En este año ya sumarían 63, con la masacre en El Turi, en Cuenca, en abril. (DLH)

La milicia deja al borde de la prescripción la investigación sobre el daño al radar

OPERACIÓN. Tras los daños registrados en el radar, el entonces ministro de Defensa, Luis Hernández, visitó el sitio.

Seis meses después de explosión del radar de Montecristi aún se desconoce quiénes fueron los responsables.

 El radar que serviría para el control del espacio aéreo, en especial para detectar las aeronaves clandestinas relacionadas con el narcotráfico, definitivamente desaparecerá.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) instaló el sistema de vigilancia en el cerro de Montecristi, en octubre de 2021, pero el artefacto dejó de funcionar el 7 de noviembre de ese año por una explosión. Ahora será trasladado al Centro de Mantenimiento de Radares que opera en la Base Aérea de Latacunga (Cotopaxi).

El agente fiscal Carlos Piedra Garaicoa, de la Fiscalía Provincial de Manabí, dentro de la investigación previa No.130901821110012, realizó, mediante acta entrega-recepción, la devolución del Sistema Radar LTR-20 S/N  1580003 p/n 011571200010. Fue el 14 de abril de 2022, a las 15:00, en Montecristi.

El documento de “custodia de los bienes estratégicos, registros, archivos e inventarios”, fue suscrito entre Piedra Garaicoa y el brigadier general Geovanny Espinel, quien hasta ese momento se desempeñaba como Comandante de la  FAE.

La  devolución del ‘Sistema Radar LTR-20’ se realizó “bajo los  preceptos legales, con la condición de que lo vuelva a presentar cuando el fiscal lo requiera, bajo apercibimiento de apremio personal en caso de no hacerlo”, dice el documento de la Fiscalía de Manabí.

El traslado del equipo militar a Latacunga se resolvió después de que el 4 de abril de 2022 -durante una rueda de prensa-  el entonces Comandante de la FAE argumentó que la humedad podría dañar los elementos que todavía se encuentran en buenas condiciones. Los técnicos deberán realizar el análisis de cada una de las tarjetas que permiten su funcionamiento para determinar el estado en el que se encuentran.

Cinco meses después de la explosión del radar, el entonces Comandante de la FAE descartó  -en esa misma rueda de prensa- que el daño se hubiese producido por una falla interna en el artefacto. Un elemento externo habría ocasionado el daño. La Junta Investigadora de Accidentes (JIA), conformada el 9 de noviembre de 2021 para determinar las causas del daño, determinó que la explosión se produjo por un elemento externo o ajeno a cualquiera de los componentes del radar.

El proceso investigativo iniciado por las Fuerzas Armadas, el 7 de noviembre, para determinar responsabilidades empezó con una denuncia en Fiscalía, que aún mantiene abierta una indagación. “Ellos realizan los procesos correspondientes y nosotros estamos a la espera de que culminen para tomar las acciones correspondientes a nivel interno”, informó Geovanny Espinel en esa ocasión.

Mientras tanto, en las filas de la FAE avanzan procesos administrativos disciplinarios para 25 militares de la FAE por presuntas fallas en la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad física. De ellos, 16 son oficiales y nueve son servidores aerotécnicos.

Al filo de la impunidad

Seis meses después de ocurrida la explosión (7 de noviembre de 2021), todavía se desconoce quiénes serían los responsables para aplicar eventuales sanciones.

Existe el riesgo de que el proceso interno quede en la impunidad. El artículo 123 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar vigente señala que “la facultad de sancionar una falta prescribirá en los siguientes plazos, contados desde la fecha de su cometimiento (…) o desde la fecha en que fue descubierta siempre y cuando no haya transcurrido más de seis meses desde el cometimiento de la falta”.

‘Salieron sin rendir cuentas’

A Bertha García, especialista en temas militares y de seguridad, le preocupa que no avancen las investigaciones.  Esto a propósito de que puedan cumplirse los plazos para la investigación interna por ese artículo de la Ley de Disciplina Militar. Asegura que la cúpula de las Fuerzas Armadas (excepto la Fuerza Naval) que fue removida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el jueves  5 de mayo de 2022, se fue “sin rendir cuentas”.

A criterio de la analista “esto es grave”. De hecho, considera que hay que exigir cuentas de este proceso a los oficiales que salieron de sus cargos por disposición del jefe de Estado, entre ellos el excomandante de la FAE, Geovanny Espinel, y al entonces comandante del Ejército, Fabián Fuel.

La especialista lamentó que en esta investigación no haya certezas. “Incluso, el Presidente de la República tiene la responsabilidad de hacer que las cosas se aclaren a tiempo porque eso, a la larga, va en contra de las Fuerzas Armadas que siempre están interesadas en precautelar el honor”, expresó García.  “¿Ahora quién va a responder en ese tema?”, cuestionó.

García cree que la responsabilidad del nuevo Mando militar tiene la oportunidad de contribuir con la Justicia aclarando el caso, sin cerrar ‘páginas’ y evitar “poner tierra sobre las malas decisiones”. (SC)

Los costos de un nuevo radar 

Una fuente militar que pidió el anonimato señaló que el radar que explotó en Montecristi está valorado en $12,5 millones, incluyendo el seguro. Un equipo nuevo, en cambio, está en unos 16 millones, es decir, automáticamente el Estado perdería $3.5 millones al reemplazarlo.

El problema -dijo la fuente- es que en la póliza se establece que cuando el daño es provocado por un atentado o un acto terrorista, el seguro solo paga $5 millones.  “Estamos hablando de un daño de 11 millones de dólares”, asegura la fuente. La fuente militar consultada -que conoció el trabajo a la comisión investigadora- puntualizó que el daño del radar es en los sistemas electrónicos y que llegaría a un 80% del sistema. Eso equivale a unos $9 millones.

“Lamentablemente, para el país, en este tema de seguridad se ha pasado la página.  La responsabilidad del nuevo Mando militar es contribuir con la Justicia”,

 Bertha García, especialista en temas militares y de seguridad.