Académicos y organizaciones civiles advierten que el apoyo a las acciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, deben traducirse en un accionar efectivo del sistema de justicia, castigando a quienes están involucrados en las tramas de corrupción.
El 8 de marzo de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa; y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, coincidieron en la clausura de la II Conferencia Internacional de Consenso Penitenciario realizada en Quito. Ambos funcionarios destacaron el compromiso de mantenerse firmes en la lucha contra el crimen organizado.
El mandatario destacó la lucha que mantiene la fiscal por revelar y descubrir las tramas de corrupción con las que el crimen organizado y el narcotráfico han tratado de tomarse las instituciones del Estado.
Por su parte, Salazar, luego de realizar un balance de las acciones que desarrolla su despacho para combatir al crimen organizado, agradeció el apoyo que ha recibido por parte del Gobierno.
Trabajo coordinado
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta; y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, fueron contactados por este Diario para conocer las medidas que ha adoptado el Gobierno para proteger y fortalecer la labor de la Fiscalía.
Izurieta suscribió las palabras de la fiscal general cuando agradeció “la preocupación y trabajo del presidente”, para garantizar la seguridad personal de Salazar y su equipo de trabajo, desarrollado a través del despliegue de la Policía Nacional.
Salazar indicó que ese apoyo de la Presidencia les ha permitido “enfocarse en lo que se debe hacer”, al tiempo que felicitó la decisión gubernamental de enfrentar al crimen organizado.
Izurieta reiteró que “el trabajo coordinado y al mismo tiempo independiente llevarán al país a mejores días”.
El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, asimismo, destacó que el poder Ejecutivo respalda y apoya el trabajo de cualquier funcionario que busca la verdad y la justicia. “La fiscal general del Estado ha contado y cuenta con todo nuestro respaldo. Varios funcionarios, incluyéndome, nos jugamos la vida día a día y por eso entendemos la necesidad de que ella pueda seguir cumpliendo su labor con seguridad y tranquilidad”.
Agregó que desde el Gobierno se coordinan acciones permanentes con la Fiscalía en temas de lucha contra la corrupción.
Emergencia en el sistema judicial
Para el académico y analista político, Pablo Guerrero Martínez, es importante que el Gobierno dé su apoyo a la fiscal y aunque sostiene que las funciones del Estado deben ser independientes, la crisis obliga a tomar decisiones rápidas.
“Es momento de que las funciones del Estado cierren filas en contra de la infiltración de la narcopolítica y de la narcoindustria en la Función Judicial, que se y convoque al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) a efecto de que se declare en estado de emergencia a la Función Judicial y al Ministerio Público”, puntualizó.
Guerrero advirtió que lo sucedido con los casos Metástasis y Purga “no es un hecho aislado”, indicando que las redes de la corrupción deben estar afectando a todo el sistema judicial. “Es un tema generalizado y es momento de intervenir el sistema judicial antes de que explote, no solo en lo penal, sino también en lo civil”.
Acotó que dentro de sus actividades profesionales ha observado como algunos jueces desconocen documentos inscritos en el Registro de Propiedad, con documentos que no “están inscritos en los registros”.
El académico destacó que el sistema judicial debe volver a estar en manos de funcionarios idóneos con experiencia en las academias, de carrera y con experiencia en el libre ejercicio profesional, “como era antes de la Revolución Ciudadana”.
Para Guerrero lo que sucede en el sistema judicial ecuatoriano debe obligar a la acción y compromiso de todos. “No es momento de tomarse la foto y estar en cócteles o en representaciones casi políticas o teatrales. Hay que tomar el toro por los cuernos”, remarcó.
Recordó que durante la campaña presidencial adelantada, Noboa ofreció incorporar el sistema de “jurados laicos”.
“He defendido esa tesis desde la universidad, porque así se desmonopoliza la administración de Justicia”, apuntó. Guerrero explicó con esta modificación los jueces no tendrían la “discrecionalidad de poder ofrecer favores y los procesos deberían ser públicos”. (ILS)
Noboa puede pedir castigo para los casos de crimen organizado
La directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, indicó que más allá de la “verbalización” del apoyo a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por parte del presidente, “que es importante”, deben tomarse medidas para castigar a quienes están involucrados en las tramas de corrupción.
“El presidente debería reforzar el blindaje de la fiscal. La manera más eficaz; en este momento, es hacerles saber que desde el Ejecutivo se va a hacer todo lo que esté al alcance para pedir a las autoridades que los funcionarios involucrados sean sancionados”, detalló.
Precisó que, aunque existe la independencia de los poderes del Estado y el Ejecutivo no puede intervenir en la justicia, “sí puede hacer un llamado para que sean sancionados con toda la fuerza de la ley y pedir al órgano que le corresponde, en este caso, la Función Judicial que actúe de manera transparente”.
Hidalgo recalcó que el trabajo que desarrolla la Fiscalía ha sido “decidido y arriesgado” para sacar adelante casos de corrupción, “y muchas veces hemos visto que las acciones de la Fiscalía no pueden llegar a buen puerto porque no tienen una contraparte en el lado judicial”.
En este sentido, la directora de Participación Ciudadana dejó claro que “es importante la verbalización, pero más importante todavía es la exhortación que el presidente de la República tiene que hacer a la Función Judicial para que hagan su trabajo”.
Advirtió que la depuración del sistema de justicia y del Estado, no es un problema que se cambiará en dos años. “Es complicado revertir completamente en un período de dos o tres años, creo que se necesitará casi una década para poder levantar de nuevo el sistema judicial”.
Hidalgo indicó que la limpieza de la justicia pasa por lograr una depuración de todos los niveles, y “eso no se puede hacer en dos años o tres años”.
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