Ahora que el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya es una realidad, le corresponde a la ciudadanía recordarle a la clase política todo lo que sigue pendiente. Pocas veces se ha visto un incremento tributario tan engañoso y lleno de jugarretas como éste. Hubo de todo, desde tibias negativas en la Asamblea y confusos vetos presidenciales hasta contradictorios pronunciamientos del Gabinete y demandas de inconstitucionalidad que tardarán en resolverse. ¿Es acaso mucho pedir que, en un futuro, la política tributaria se discuta con frontalidad y entereza?
La elección del aumento del IVA —en lugar de otras medidas como la reducción de subsidios o la optimización del gasto público— no se dio pensando en el bienestar de la población ni en lo técnicamente correcto, sino en el impacto político y la facilidad de recaudación. Lo mínimo que el Gobierno debe hacer, cuanto antes, es sincerarse con respecto al destino de esta nueva recaudación.
Es evidente que esos fondos no bastan para enfrentar la crisis de seguridad ni para prevenir las recurrentes emergencias energéticas. Asimismo, el inevitable aumento de precios —sin mejoras en productividad y en empleo— apunta, una vez más, al debilitamiento del sector privado para salvaguardar al público.
Ecuador sufre un crónico desequilibrio fiscal y, de no darse los ajustes que el Estado requiere para ganar eficiencia y abandonar el inerte dispendio, la nueva recaudación esfumará rápidamente. Sea el próximo año o más adelante, es justo exigir que, antes de cualquier nueva reforma tributaria, se planteen soluciones verdaderamente estructurales para unas cuentas públicas desbalanceadas que amenazan con devorarlo todo.