A gremios como la Cámara de Comercio de Guayaquil y Asociación de Bancos Privados, se han sumado demandas de partidos políticos como Unidad Nacional y Revolución Ciudadana. Dos de estas demandas se enfocan solo en el IVA, una objeta toda la ley y otras dos buscan la inconstitucionalidad del impuesto temporal sobre las utilidades de bancos y cooperativas.
Desde este 1 de abril de 2024, ya está en vigor al subida del IVA al 15%; pero al mismo tiempo, se suman cinco demandas de inconstitucionalidad de la aprobó en la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica.
Esta ley, además de viabilizar la subida del IVA, también creó impuestos temporales sobre las utilidades de grandes empresas, bancos y cooperativas; además de la subida del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 3,5% al 5% desde este mismo 1 de abril.
En días pasados, LA HORA ya había reseñado los principales puntos de la demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional (CC) por la Cámara de Comercio de Guayaquil. No solo se objeta el IVA, sino todos los impuestos creados vulnerando normativa vigente.
A esa demanda se suma las interpuestas por partidos políticos como Unidad Popular y la más reciente presentada este 1 de abril por la Revolución Ciudadana. En el caso de estos dos partidos, la inconstitucionalidad de enfoca solo en el IVA.
Blasco Luna, asambleísta miembro de la Revolución Ciudadana, dijo que el cuerpo legal tiene vicios de inconstitucionalidad de forma y fondo, ya que la Asamblea Nacional negó en su seno el aumento del impuesto.
«A través de u un veto, el presidente Daniel Noboa volvió a ingresar este texto y, como no hubo los 92 votos en la Asamblea para rechazarlo, ingresó por el ministerio de la ley. Ahí se produce la inconstitucionalidad», manifestó.
Por su parte, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) demandó la inconstitucionalidad de los artículos 10 a 16 de la ley.
En esos artículos se establece un impuesto temporal sobre la utilidad de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, residentes fiscales ecuatorianos, así como las sucursales de bancos y cooperativas extranjeros domiciliados en el Ecuador, que hubieren tenido una utilidad gravada durante el ejercicio fiscal 2023.
La Asobanca considera que este impuesto temporal abre la puesta «para que el Estado despoje a un sector económico de hasta el 57, 5% de su utilidad anual. La Asamblea Nacional creó un impuesto que produce una doble imposición sobre el mismo hecho imponible; que grava en forma retroactiva la utilidad generada en un período fiscal vencido; y que genera una situación confiscatoria y atentatoria de los principios de igualdad y no discriminación»
Asimismo, la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored) demandó la inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 5, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14, y 15.
En su demanda, Icored dice lo siguiente: «El proceder del primer mandatario es en nuestro criterio, ilegal e inconstitucional pues en el trámite de aprobación y sanción de la ley se observa que fue la Asamblea Nacional la que sin tener competencia, pues esta la tiene solamente el Ejecutivo, creó un impuesto disfrazado de contribución a las utilidades extraordinarias de la banca y cooperativas, con efecto retroactivo, discriminatorio, confiscatorio y atentatorio a los principios de igualdad, con el agravante de haberlo hecho sin un análisis de su impacto en las finanzas públicas y sobre el sistema financiero nacional, sin informe previo del Ministerio de Finanzas y sin dar posibilidad a la intervención de otros actores de la sociedad civil que de acuerdo con el trámite de elaboración de las leyes están facultados a intervenir».
En su momento, LA HORA ya había alertado sobre los vicios de inconstitucionalidad de la ley aprobada en la Asamblea.
El escenario político y económico es complejo para el Gobierno de Daniel Noboa. La subida del IVA inyecta liquidez a un Estado deficitario y con una abultada cuenta de atrasos; pero una eventual inconstitucionalidad de la medida tendría un impacto tanto en las finanzas públicas como en la credibilidad de un país que busca desesperadamente más créditos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). (JS)