La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó una demanda ante la Corte Constitucional porque argumenta que la subida del IVA impactará en los costos en hasta un 25 %. Además, también se quiere impedir los impuestos temporales creados por la Asamblea. La semana pasada también presentó una demanda Unidad Popular.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó una demanda de inconstitucional ante la Corte Constitucional (CC) para evitar la subida del IVA del 12% al 15% desde el próximo 1 de abril de 2024.
El gremio empresarial asegura que las compras de las empresas en el sector comercial sumaron $ 55.552 millones en 2023.
Con tarifa de IVA 12 %, se pagó $ 6.666 millones anuales en IVA; pero en el caso de una tarifa al 15%, el monto a pagar aumentaría a $ 8.333 millones.
Es decir, un incremento de $ 1.667 millones, lo que es equivalente al 25 % adicional.
“Se podrá pensar que un aumento de 3 puntos porcentuales del IVA implicaría un incremento de los costos en un 3 %. Sin embargo, se evidencia que al considerar el mismo volumen de compras en el sector comercial y al calcular el pago del IVA con las tarifas del 12 % y el 15 %, la disparidad entre ambos valores supera el 3 %, llegando específicamente al 25 %”, expuso la Cámara en su demanda.
Además, aseguró que la alteración de la tarifa del IVA genera un incremento en los costos de los diferentes procesos productivos, industriales y económicos en general.
Por su parte, en entrevista con LA HORA, el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), Christian Wahli, aunque reconoció que es inevitable una subida de precios, dijo que, en promedio, sería de 6 centavos por unidad en los bienes que gravan IVA.
La Cámara de Comercio de Guayaquil también se busca dejar sin efecto los impuestos o contribuciones temporales, y los otros cambios (como la subida del Impuesto a la Salida de Divisas), incluidos en llamada aprobó en la llamada Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica.
“El proyecto remitido por el Ejecutivo únicamente contempló una reforma relativa a la tarifa del IVA. Sin embargo, la Asamblea incorporó contribuciones temporales a las sociedades, contribuciones sobre las utilidades a los bancos, modificación del IVA en transferencias locales de materiales de construcción, modificaciones al impuesto a la salida de divisas, entre otras reformas que no cuentan con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas, y por ello carecen del sustento técnico necesario para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales del régimen tributario y de la política fiscal”, argumentó la Cámara de Comercio de Guayaquil.
LA HORA sí alertó sobre la extralimitación de la Asamblea al crear impuesto que no fueron propuestos por el presidente Noboa; pero el problema es que este tipo de demandas de inconstitucionalidad puede demorar meses e incluso años en resolverse.
Así, por ejemplo, la reforma tributaria de 2011 (Rafael Correa), fue declarada inconstitucional en 2022.
Sin embargo, el abogado tributario, Napoleón Santamaría, explicó que sí existen posibilidades de que, antes del 1 de abril de 2024, se pueda suspender la subida del IVA.
Para eso, la Corte Constitucional debe dar paso al trámite de inconstitucionalidad y suspender (mientras se realiza ese trámite) los efectos de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica.
Todo el proceso, hasta el dictamen final, podría demorar entre dos y tres meses si al actual Corte, al contrario de otras del pasado (como la llamada Corte cervecera) le da prioridad al tema debido a su importancia.
Santamaría concuerda con las bases de la demanda de inconstitucionalidad de la Cámara de Comercio de Guayaquil, e incluso recordó que en su momento le llegó a decir al ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, que el Gobierno debería tener un plan B en caso de que se caiga la ley como consecuencia de todos los vicios de inconstitucionalidad que se produjeron durante su aprobación.
La Cámara de Comercio de Guayaquil, a través de un comunicado, cuestionó que el Gobierno de Daniel Noboa repita la fórmula de financiar a un Estado Deficitario vía impuestos mientras se sigue postergando el crecimiento económico.
La demanda de los empresarios no es la primera contra el IVA. El movimiento político Unida Popular (UP) presentó una demanda de inconstitucionalidad para frenar el aumento del IVA durante la semana pasada.
”Cuestionamos estos artículos por la forma y por el fondo. Primero, el presidente Noboa no podía incluir en su veto textos que no fueron parte del proyecto original, que no se debatieron en la Asamblea. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea Nacional, por tanto, no podía ser incluido en el veto, eso es inconstitucional”, dijo en su momento Geovanni Atarihuana, director nacional de la UP. (JS)
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