Aunque el Gobierno parte con ventaja, y con la subida del IVA en el bolsillo, tanto el acuerdo con el FMI como el plan económico podrían naufragar en poco tiempo.
En diciembre de 2023 y el inicio de 2024 el riesgo país superó los 2.000 puntos, debido a la incertidumbre sobre el nuevo Gobierno de Daniel Noboa.
Sin embargo, según un informe de la banca de inversión Barclays, la aprobación de tres leyes económicas, incluida la que viabiliza la subida del IVA, y el anuncio de que se busca un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), provocaron una importante caída del riesgo país.
Actualmente, este indicador está en los 1.264 puntos, que sigue siendo el cuarto registro más alto de la región, solo superado por Venezuela, Argentina y Bolivia.
Tanto para el Gobierno, como para bancos y empresas, continúa siendo extremadamente caro obtener financiamiento externo, con tasas de interés de más del 17%.
Se necesitan más de $10.000 millones de nueva deuda para pagar atrasos, amortizaciones de deuda anterior y cubrir el déficit fiscal de 2024.
Para eso, la administración de Noboa debe generar mayor confianza y certezas para que el riesgo país baje aún más, idealmente menos de 1.000 puntos, para que lleguen más capitales al país vía préstamos e Inversión Extranjera Directa (IED).
En el horizonte se ven tres escenarios que podría dar el impulso extra que se necesita para bajar el riesgo país hasta finales de 2024:
Victoria holgada en la consulta popular y referéndum
Como ya ha analizado LA HORA, Noboa parte con ventaja porque tiene una popularidad de alrededor del 80%. Sin embargo, eso no quiere decir que automáticamente ganaría la consulta popular y el referéndum con un 80%.
Se prevé que, si el Gobierno logra mantener el discurso de cambio y sobre la mejora en temas como la seguridad, se podría mantener una mayoría sólida de al menos el 55% para ganar en las urnas durante el próximo 21 de abril de 2024
“Esto podría provocar una caída de entre 100 y 200 puntos en el riesgo país porque se reafirmará la percepción de que Ecuador tiene un presidente con respaldo y capacidad real de aprobar cambios”, dijo Carlos Moreno, economista y consultor en mercados internacionales de financiamiento.
De acuerdo con el experto, Noboa cada vez entrará más en su papel de presidente candidato, y se verán anuncios populares como la lucha contra los sueldos dorados en el sector público para apuntalar la imagen del Gobierno.
A pesar del desgaste que puede comenzar a experimentar, las posibilidades al momento son altas sobre un triunfo en la consulta popular y el referéndum
Firma de nuevo acuerdo con el FMI
Luego de que se aprobara la ley que viabiliza la subida del IVA, y que también incluye impuestos temporales y el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), tanto en el Gobierno como en la banca de inversión se generalizó el optimismo
Así, por ejemplo, Alejandro Arreaza, representante de Barclays, ha llegado a decir que un programa entre el FMI y Ecuador en este momento “no parece ser una cuestión de sí o no, sino de cuándo y cómo”.
Con el IVA sobre la mesa, y otras medidas con las que Noboa tendría más de $4.300 millones de ingresos extras en 2024, la negociación parece más fácil.
Sin embargo, la mayoría son medidas temporales y solo el IVA es una fuente permanente de ingresos.
El escenario se puede trastocar porque en los últimos días se han sumado demandas de inconstitucionalidad sobre la subida del IVA y los impuestos temporales.
Primero fue Unidad Popular (UP); pero el mayor golpe para el Gobierno es la demanda de uno de los principales gremios del país: La Cámara de Comercio de Guayaquil.
Según Napoleón Santamaría, abogado tributario, tal como está planteado el pedido de inconstitucionalidad de los comerciantes guayaquileños, existen todos los sustentos para que la Corte Constitucional (CC) admita el trámite y, mientras llega a un dictamen, suspenda la aplicación de la ley.
“La resolución de fondo sobre la demanda no podría venir en menos de tres meses en el mejor de los casos; pero antes la Corte Constitucional puede emitir medidas precautelatorias. Eso quiere decir suspender los efectos de la ley hasta que exista un dictamen”, dijo.
Es cierto que existen casos, como el de la reforma tributaria de 2011, que demoraron 10 años en tener un dictamen de inconstitucionalidad; pero Santamaría considera que la actual Corte es distinta y el tema del IVA y los impuestos temporales puede ser considerado prioritario y urgente para el trámite.
“Desde varios sectores ya advertimos al Gobierno que debería tener un plan B si se cae el tema del IVA como consecuencia de la forma como se aprobó”, apuntó Santamaría.
Así, aunque en primera instancia parece casi un hecho el acuerdo con el FMI, con una bajada del riesgo país hasta un rango de 700 a 800 puntos, si la ley que sube el IVA se declara inconstitucional puede tener el efecto contrario y complicar el financiamiento externo que necesita Ecuador.
“La consecuencia sería terrible para el país en términos de imagen internacional y de pérdida de confianza”, apuntó Santamaría.
Otros sectores como los bancos privados están analizando y no descartan sumar su propia demanda de inconstitucionalidad próximamente.
Eliminación o focalización del subsidio a los combustibles
Si el Gobierno logra sortear con éxito las demandas de inconstitucionalidad de la ley que sube el IVA, una eliminación o focalización del subsidio a los combustibles reforzaría el efecto de confianza del acuerdo con el FMI.
El plan original, teniendo la subida del IVA ya asegurada, es una focalización de subsidio de la gasolina extra y ecopaís, con un ahorro de alrededor de $550 millones al año.
Pero, si el tema del IVA, junto a los impuestos temporales, se declara inconstitucional, el Gobierno de Noboa se vería forzado a aplicar un plan B con dos puntos principales:
1 Reestructuración fuerte de gastos. Esto incluye achicamiento del tamaño del Estado y calidad del gasto. Se necesitará una completa redefinición del presupuesto de 2024, donde la austeridad quedó relegada.
2 Un enfoque más fuerte en el tema del subsidio a los combustibles, que no solo incluya a las gasolinas extra y ecopaís, sino también al diésel
Según una propuesta elaborada por el Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), una focalización más extendida podría generar un ahorro potencial de entre $950 millones y $1.500 millones al año. (JS)
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