Sin replicar un programa “motosierra” como el de Milei, existen opciones para que Ecuador baje su gasto público y comience a encontrar la luz al final del túnel de su crisis fiscal.
El Gobierno necesita alrededor de $2.000 millones para cubrir todos los pagos pendientes en diciembre de 2023. Para eso, se ha anunciado que se recurrirá a préstamos de multilaterales e impuestos anticipados de empresas.
Existen otras opciones como preventas petroleras, créditos directos de países, sacar liquidez de empresas e instituciones públicas como ocurrió con la Corporación Financiera Nacional (CNF) en noviembre; además está la acumulación de atrasos con ciertos sectores ( En promedio, Ecuador ha cerrado sus presupuestos anual con $1.500 millones en atrasos en los últimos tres gobiernos).
Todas estas medidas son solo para salir del paso y agravarán la crisis fiscal si no van de la mano de un plan de recorte del gasto público que, aunque de sus mayores frutos a mediano y largo plazo, se debe iniciar ahora.
Las medidas de ajuste anunciadas recientemente por el presidente de Argentina, Javier Milei (“plan motosierra”), han causado revuelo en Ecuador y han puesto nuevamente sobre el tapete el tema de si el país tiene opciones reales de bajar el gasto improductivo.
A continuación, se detallan tres claves para dar alivio a la caja fiscal antes de pensar en cualquier tipo de aumento de impuestos:
1.- Gasto en intereses de deuda pública externa: Se debe replantear la deuda que se renegoció en 2020. Esa renegociación, que fue hecha en medio del primer golpe de la pandemia por Lenín Moreno, le dio un respiro sobre todo al Gobierno de Lasso.
Sin embargo, las obligaciones ya empezaron a vencerse y pegarán con fuerza en el presupuesto estatal en el 2024 y 2025.
Entre enero y noviembre de 2023, el pago de intereses de deuda se incrementó en $825 millones en comparación a igual periodo de 2022.
Según el exministro de Economía, Mauricio Pozo, Ecuador debe volver a sentarse con los acreedores para acordar algún mecanismo de alivio porque el peso total de los intereses en el presupuesto estatal es de $3.000 millones al año.
En este punto, también se incluye una inevitable renegociación de los pagos que están por vencerse debido a créditos entregados en el pasado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La estrategia sería pedir nuevos créditos al multilateral para con eso pagar los vencimientos de lo que nos prestó antes. Esos nuevos créditos deben ser a mayor plazo y con la tasa más baja posible.
Para eso, el Gobierno de Noboa debe tener un plan económico medianamente claro y una hoja de ruta para reducir el gasto improductivo. No podrá concretarlo en menos de dos años, pero se tiene que demostrar que se inicia inmediatamente en lo que sea posible y se tiene una hoja de ruta.
2.- Reducir los subsidios a los combustibles: El país debe manejar una política sana de subsidios. No se puede subsidiar precios como ocurre actualmente, sino que se debe subsidiar personas, sectores o actividades.
En este punto hay varias opciones. Una la ha propuesto Fausto Ortiz, exministro de Economía. Actualmente, Ecuador está consumiendo 1.600 millones de galones de diésel y 1.400 millones de galones de gasolina extra al año.
La propuesta es que se establezca una subida de 50 centavos por cada galón, de una sola vez o por partes; con eso se podría ahorrar $1.500 millones de los 3.000 millones de barriles que se consumen de extra y diésel.
Otra propuesta, impulsada por Pozo, es que se focalice el subsidio a transporte público y sectores más pobres y se elimine el subsidio completamente para el resto. Con eso, se podría generar alrededor de $3.000 millones de ahorro “directo a la vena” del presupuesto estatal.
Pedro Romero, economista y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), puntualizó que se ha planteado un falso dilema: subir impuestos o salir de la dolarización
“Esa es la salida fácil e irresponsable. La salida responsable es eliminar subsidios a los combustibles y mantener la dolarización”, añadió.
3.- Reducción del tamaño del Estado: En este punto existen posiciones como las del exministro Pozo, quien puntualiza que cualquier medida como una subida del IVA solo será viable si antes se recorta el tamaño del Estado. De otra manera, esos mayores ingresos en su mayoría se despilfarrarán.
Así, una vía de acción sería revisar las empresas públicas que, en su mayoría no generan valor, y además desvían la atención del Estado de sus verdaderas responsabilidades: salud, educación y seguridad.
Aquí, entre las preguntas que se debe responder están: ¿Qué hace el Estado vendiendo gasolina? ¿Qué hace el Estado administrando hidroeléctricas y empresas de telecomunicaciones?
Las soluciones en este punto no son de corto plazo, pero se debe iniciar con una hoja de ruta clara.
Además, también se debe hacer un análisis a conciencia de toda la red de instituciones, secretarías y otro tipo de dependencias a lo largo de todo el sector público. Esto se debe hacer no solo en el Gobierno Central, sino que municipios y prefecturas.
Se puede rescatar planes que se quedaron truncos como el que tenía el exministro de Economía, Simón Cueva.
El funcionario, que salió luego del paro violento de junio de 2022, apuntaba a una estrategia para reducir el gasto en 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2025. Esto incluía, por ejemplo, $1.500 millones por mejoras en los procesos de compras públicas; y $900 millones en recortes de burocracia, sin afectar servicios esenciales como salud, educación y apoyo a los más vulnerables. (JS)
En lo que va de 2023, el total de ingresos en el presupuesto estatal ha caído en $1.786 millones (9,19% menos); mientras los gastos aumentaron en $1.647 millones (8,25% más).
Hasta noviembre de 2023, el déficit fiscal (más gasto que ingresos) llegaba a los $4.468 millones
Actualmente, por cada $1 de ingreso, se tiene más de $1,22 de gasto en el Gobierno Central
Por cada $1 desembolsado por el Gobierno Central, 83 centavos se van a gasto corriente como sueldos y transferencias.