La contratación pública se vuelve ineficiente por burocracia, corrupción y desconocimiento

María Sara Jijón tiene en sus manos el reto de transformar las compras estatales
María Sara Jijón tiene en sus manos el reto de transformar las compras estatales

Se necesita la eliminación de requisitos innecesarios, el establecimiento de verdaderos estudios de mercado y la capacitación de los funcionarios.

La ineficiencia y la corrupción en la contratación pública ecuatoriana es una queja constante desde la ciudadanía, proveedores, e incluso organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En noviembre de 2021, el ministro de Producción, Julio José Prado, reconoció que se pierde alrededor de $1.500 millones anuales, por estos motivos.

Esta situación es consecuencia de problemas estructurales no resueltos. Según  Norma Puente, economista y docente universitaria, la Ley Orgánica de Contracción Pública (2008), y su reglamento (2009), son extremadamente burocráticos, con una serie de requisitos innecesarios.

“Un proceso de contratación involucra una cantidad excesiva de documentos y de requisitos formales que, en lugar de facilitar y transparentar, vuelven más fáciles los errores y el direccionamiento a un grupo económico específico o una empresa”, explica.

Ider Salgado, presidente de SD abogados y docente universitario, puntualiza que a la tramitología se suma que el sistema nacional de contratación pública no cuenta con un mecanismo de análisis y comparación de precios de mercado.

“No hay mecanismos y la norma tampoco obliga a que se hagan verdaderos estudios de mercado, para saber realmente cuánto cuesta un bien o servicio. Por ejemplo, el 4 de marzo de 2022, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado emitió un comunicado de prensa en el que anuncia la sanción a un cartel detectado en la contratación pública de textiles. Cuatro empresas, con vínculos familiares, se coludieron para manipular precios de venta de prendas de vestir en 46 procesos a escala nacional”, argumenta.

Problema estructural

Según María Sara Jijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), las compras estatales fracasan y abren la puerta a irregularidades porque se planifican a última hora y sin mayores criterios, solo por cumplir requisitos formales y que se apruebe el presupuesto para el siguiente año.

“Se habla de corrupción y es importante, pero ese no es el mayor problema en contratación pública. El mayor problema son los errores y los horrores que se cometen desde las entidades contratantes, porque no hay una buena planificación, un buen plan anual de compras”.

A eso se añade que no hay una verdadera carrera en el sector público, y se pone a cargo de procesos de compra a funcionarios sin la adecuada especialización y conocimientos técnicos.

“Si se planifica todo a última hora, se contrata al apuro, y se debe revisar una cantidad absurda de papeles, un funcionario sin suficientes conocimientos opta por la solución más rápida que es ir a la oferta que tiene el precio más barato, sin tomar en cuenta otros temas. Se debe reformar la ley de contratación pública, pero también la normativa de los servidores públicos”, afirmó Salgado. (JS)

$5.320,5 millones sumó el gasto en compras públicas en 2021. Eso fue 5% más que en 2020.
En total, el sistema tiene 3.600 entidades contratantes entre Gobiernos locales, empresas públicas, ministerios, entre otras dependencias.

Medidas para cambiar el sistema de contratación pública

Ante los retos que se presentan para volver eficientes las compras estatales, el Gobierno está impulsando las siguientes acciones claves:

1.- Se está trabajando en una reforma al reglamento de la Ley Orgánica. Uno de los principales objetivos es racionalizar y, si es posible, eliminar la mayor parte de las resoluciones que ralentizan el sistema y dificultan los procesos. No hay una fecha establecida, pero se asegura que se verán resultados desde este 2022.

2.- Simplificación del procedimiento para ser parte del catálogo electrónico. Actualmente, el catálogo solo cubre el 8,7% de las contrataciones anuales, a pesar de ser un mecanismo más directo y menos burocrático. Hay 3.463 proveedores inscritos, aunque en temas como medicinas el número solo llega a 37.

3.- Hasta junio 2022, se espera concretar la subasta inversa corporativa de medicamentos. Hasta ahora se han publicado pliegos y convocatorias para 168 medicamentos, pero la meta es catalogar al menos 750. En el segundo semestre de 2022 y la mayor parte de 2023, se tiene planificado avanzar en la subasta inversa corporativa de bienes estratégicos de salud.

4.- Según María Sara Jijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), hay acuerdos con el sector privado y la academia, para simplificar los pliegos de requisitos para la contratación de obras.

5.- Se tiene preparada una propuesta para la implementación del subsistema nacional de control, aprobado en la ley anticorrupción de febrero de 2021. Con esto se busca la coordinación de acciones de control y sistemas entre Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, UAFE, todas las superintendencias, SRI, Senae, Dinardap.

6.- La directora del Sercop reconoció que una buena parte de los administradores de contratos no están capacitados para esas labores y tampoco tienen el perfil. Por eso se implementará un esquema de certificación y capacitación por roles.

7.- El sistema informático de Contratación Pública (SOCE) está obsoleto. Su vida útil llegaba hasta 2015, pero ha tenido que ser “parchado y acomodado” para que siga operativo. A mediano plazo, la meta es implementar un sistema moderno llamado Ecuador Compra.