Milica Pandzic
Han sido semanas convulsas para Ecuador, más de lo que estamos desafortunadamente acostumbrados. La constante impotencia que reina entre los ecuatorianos, de vivir a la merced de la inseguridad y el crimen organizado, refuerza la necesidad de encontrar culpables, siendo este un ejercicio con muchos desaciertos y pocos aciertos. Estas semanas también han sido reflejo de aquello.
Podemos mencionar la vergonzosa marcha xenofóbica en Pelileo, que terminó en la expulsión de decenas de familias venezolanas que residían allí. O las declaraciones del alcalde de Ibarra, culpando indirectamente a los extranjeros de socavar “el ambiente de paz”. Aunque la desesperación los lleve a culpar a los extranjeros, los datos nos dan luces sobre cómo los migrantes no son culpables de la delincuencia en Ecuador.
Otra narrativa que sigue ganando espacio es la narrativa contra los DD.HH. y sus defensores. Existe una equivocada pero común confusión entre el ejercicio de los DD.HH. y el ejercicio corrupto y deficiente del sistema de justicia y de la Policía. De hecho, el correcto ejercicio de los DD.HH. evitaría muchas de sus arbitrariedades. Más allá de ser otro chivo expiatorio, abogar por la derogación de las garantías básicas de todo ser humano es peligroso porque profundiza y acelera la espiral de violencia e indefensión en la que todos podemos llegar a ser víctimas.
No obstante, entre tantos desaciertos, parece que finalmente se avizoran aciertos. Ayer se hicieron públicas las detenciones relacionadas al caso Metástasis; caso que involucra jueces, fiscales, y policías ecuatorianos por su presunta relación con el crimen organizado. Un claro recordatorio de que gran parte del problema no está ni los migrantes ni en los DD.HH., sino en las instituciones y funcionarios que favorecen a los criminales, por encima de los ecuatorianos de bien.