Ecuador nunca ha sido un país que se destaque por el respeto de los derechos humanos. Casos que cumplen décadas —como la desaparición de los hermanos Restrepo— y casos más recientes —como el abuso hacia, y la muerte de, Paola Guzmán Albarracín— nos recuerdan dolorosamente que incluso el primer garante de los derechos humanos, el Estado, puede ser uno de los principales victimarios.
La sensibilización y formación en derechos humanos dentro de todas las funciones del Estado, especialmente cuando este ostenta el monopolio de la fuerza, es fundamental; tanto para evitar abusos desde sus diversas instancias, como para ser un garante eficaz de su cumplimiento entre los ciudadanos. Pero peligrosamente, el entendimiento sobre la importancia del respeto hacia los derechos humanos va decayendo cada vez más ante la grave situación política y social que se vive en la actualidad.
Por un lado, un sector de la población insta al Gobierno a que los irrespete de cara a la inseguridad y a la delincuencia. Por otro, el Gobierno sigue reforzando su discurso de mano dura, el mismo que, además de no aportar en nada a la situación, se ha visto reflejado en acciones injustificadas como la represión hacia protestantes. Desafortunadamente, la reciente renuncia de la Secretaria de Derechos Humanos y su equipo es un mal indicio sobre la dirección que podría tomar el Gobierno en esta esfera.
Ante esto, hay que recordar que nadie gana cuando se vulneran derechos humanos. La violación de los derechos humanos no es reparación, no es justicia, ni nos acercará a la paz social que estamos buscando. Todo lo contrario: la vulneración de los derechos humanos solo profundiza y acelera una espiral de violencia e indefensión en la que todos podemos llegar a ser víctimas.