Un articulado incluido en la primera ley económica de Noboa abriría la puerta para licuar la deuda con el Banco Central y para el uso de las reservas internacionales para gasto público.
Cuando se acabó el dinero del segundo boom petrolero, el gobierno de Rafael Correa comenzó a echar mano de recursos de instituciones autónomas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco Central del Ecuador (BCE) para mantener un creciente gasto público.
En el caso del BCE, se utilizó parte de las reservas internacionales para dar supuestos préstamos a la banca pública y para comprar bonos del Estado. En realidad, todo fue a la caja fiscal para gasto discrecional.
Así, se llegó a acumular una deuda de $9.071 millones, incluyendo intereses, que a su vez representó un hueco de esa misma magnitud en las reservas internacionales.
El BCE se volvió caja chica del gobierno de turno para gasto corriente y se anuló su independencia.
Por eso, en la Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada en 2021 al final del gobierno de Lenín Moreno, se estableció la prohibición expresa de que el BCE financie el gasto estatal a través de operaciones como las realizadas durante el correísmo.
También se definió la obligación de que se vaya pagando la deuda y se restituyan las reservas tomadas entre 2014 y 2017.
Sin embargo, dentro del informe para primer debate de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo (primera reforma económica urgente de Noboa), se ha introducido un articulado que, según Mauricio Pozo, exministro de Economía, va a permitir usar el dinero de las reservas para gasto público.
“Esa puerta abierta es un paso muy peligroso que debilitaría la dolarización. Eso no es manejar la crisis. Se estaría apagando el fuego con gasolina”, dijo.
¿Nuevo golpe a la independencia del Banco Central?
En el artículo 23 de la ley, que tendrá su primer debate en el pleno de la Asamblea este martes 12 de diciembre desde las 15:30, se abre la posibilidad de licuar la deuda con el BCE.
Esto a criterio de Fausto Ortiz, exministro de Economía, en caso de aprobarse, sería un golpe a la independencia de esa institución y haría que tomarse parte de las reservas internacionales para gasto público pase de “plan Z a plan B” en el gobierno de Noboa.
“Que quede claro. Si me debes pagar $1.000 en un año y me obligas por ley a recibir en pago ese valor a 30 años plazo a una tasa más baja que el mercado, eso es un vil atraco. Una afectación al valor de la deuda original. Otra vez chao a la independencia del BCE.”, aseguró.
Por su parte, Manuel González, economista y exmiembro del Consejo asesor presidencial de Lenin Moreno, recordó que “Todo partió con la nefasta administración de Correa que se endeudó con el BCE, creando dinero contable y dejando los depósitos de las personas y los GADs, entre otros, respaldados con papeles basura. Hoy, prácticamente se reniega el pago de esa deuda con el BCE”.
En los hechos, el Gobierno buscaría generar liquidez, a través de un esquema que incluye aplazar el pago de la deuda hasta por 30 años (supuestamente “por una única ocasión”), e incluso entregar más papeles o bonos del Estado al BCE.
Esto podría darle más espacio de gasto en medio de la crisis de la caja fiscal, pero provocaría un daño importante a las reservas internacionales, que como ha analizado LA HORA son vitales para la dolarización el funcionamiento de la economía nacional.
“Lo que se necesita es recibir plata nueva de afuera para mejorar reservas internacionales que están cayendo y a este ritmo llegarán a $5.000 millones o menos. Si le pagan al Banco Central con bonos, lo que tocará es vender el oro para atender las necesidades de los dueños del dinero (depositantes, IESS, gobiernos locales, etc) e irán pensando nuevas leyes para crear billetes”, apuntó Ortiz. (JS)
Lasso pagó el 28% de la deuda con el Banco Central
Entre mayo 2021 y el primer semestre de 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso pagó un total de $2.496 millones de la deuda del Estado con el Banco Central del Ecuador (BCE). Esto equivale al 28% de los $9.071 millones que se sacaron de las reservas internacionales para cubrir el gasto público creciente durante el correísmo.
La obligación de pagar la deuda hasta 2035 se estableció en la Ley de Defensa de la Dolarización, que era uno de los requisitos dentro del último programa de financiamiento del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En 2024 se tenía previsto que se paguen $700 millones más al BCE y entre 2025 y 2026, en promedio, los pagos estaban definidos en $1.332,5 millones anuales.
Si se desconoce esta deuda, o se la licúa mediante aplazar por 30 años más, se estaría creando un mal precedente justo cuando el actual ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, ha dicho que necesita más créditos de multilaterales para pagar los sueldos públicos en diciembre y enfrentar un creciente déficit fiscal (más gastos que ingresos) en 2024.
En su momento, el echar mano de las reservas del BCE hizo que el Gobierno de Correa recurra a medidas que golpearon a la producción y el crecimiento económico para tapar el hueco creado.
Así, se impusieron controles a las importaciones, se incrementaron las salvaguardas y los aranceles, y se restringieron los cupos. Asimismo, se impulsaron tributos como el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD); y se profundizó la espiral de endeudamiento externo que el país sigue pagando.