El correísmo fracasó, por segunda ocasión, en su intento de aprobar polémicas reformas al COIP.
Desde el 22 de febrero de 2024, en la Asamblea Nacional, empezó a correr un plazo de 60 días (hasta el 22 de abril) en el que el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, decidirá reinstalar o no, la Sesión No. 900 para votar la moción que planteó María Fernanda Araujo, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) para que el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se vote en cuatro bloques.
Tras los incidentes ocurridos en la sesión del 22 de febrero, donde la bancada correIsta de la Revolución Ciudadana (RC) dejó sin quórum la plenaria después de que no lograron respaldo para incorporar en el COIP artículos polémicos que apuntaban a la revisión de sentencias condenatorias o al archivo de procesos en la Fiscalía, Henry Kronfle no dio certezas respecto a cuándo convocaría a la reinstalación de esta sesión.
“Si se convoca a sesión dentro de 60 días (a partir del 22 de febrero) solo sería para votar la moción de ADN, pero, si decidimos ya no convocar, este tema se archivará por falta de tratamiento; no sé si voy a retomar esa sesión”, declaró Kronfle a periodistas después de suspender la sesión.
Una nueva convocatoria para la reinstalación de la Sesión 900 dependerá de los consensos a los que podrían llegar las bancadas para votar por una de las cuatro alternativas que planteó ADN: aumento de penas para delitos por sicariato, terrorismo, delincuencia organizada, reformas a procedimientos como beneficios penitenciario, investigación previa y recurso de revisión, tipificación de nuevos delitos como el feminicidio.
Henry Kronfle, amparado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), aclaró que una vez que se cerró el segundo debate en el pleno, el proyecto ya no puede regresar a la Comisión de Justicia, y tampoco se podrán presentar otras mociones.
Según el presidente de la Asamblea, este procedimiento parlamentario permite resolver dos inconvenientes para que el país “tenga tranquilidad”. Uno, que el “texto que tanto problema trajo al país”, ya no puede regresar a la Comisión para ser modificado; y, dos, que la votación de la moción planteada (por Fernando Cedeño de la Revolución Ciudadana) no tuvo los votos.
«Ese texto no pasó, el tema está cerrado, no fue aprobado y por lo tanto el país puede vivir con tranquilidad, sabiendo que estos temas que marcaban una agenda de impunidad no van a pasar», afirmó.(SC)
El correísmo no logró incluir polémicas reformas
El artículo 130, inciso 2, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), dice que, durante el debate, los legisladores podrán presentar mociones, puntos de orden o puntos de información, con su respectiva fundamentación. El 135 de la misma norma señala que los asambleístas tienen derecho a presentar mociones, las cuales una vez argumentadas y apoyadas serán entregadas por escrito a la Secretaría General, a través del Sistema de Gestión Documental.
En la sesión de este 22 de febrero, Kronfle primero puso a consideración la moción que fue presentada por la Revolución Ciudadana el 15 de febrero, pero que no fue aprobada por falta de votos.
La primera incluía la disposición para la revisión de sentencias que, según la Fiscalía generaría impunidad, pero 81 votos en contra puso cuesta arriba la pretensión correísta.
El levantamiento de la reserva de las investigaciones en la Fiscalía tampoco tuvo respaldo y, abruptamente, abandonaron el Pleno.
Luego tenía que votarse la moción del oficialismo, pero al constatar el quórum (ADN también había abandonado el salón), el presidente Kronfle suspendió la sesión que no evitó el reclamo del PSC, Construye, Pachakutik y Sociedad Patriótica.
La moción planteada por ADN podría ser considerada para la votación si el presidente decide reinstalar la Sesión 900.
Jorge Peñafiel de la bancada de Construye reclamó que el presidente no haya dado paso a su moción que fue presentada por escrito el 15 de febrero y que la iba a fundamentar en la sesión del jueves para el archivo del todo el paquete de las reformas al COIP. Peñafiel habló de la existencia de una agenda de impunidad entre el correísmo y el oficialismo.
Los 60 días, que concluyen el 22 de abril, coinciden con los plazos para la consulta popular que organiza el Consejo Electoral previsto para el 21 de abril.
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