La agenda parlamentaria que Henry Kronfle (PSC) debe publicar hasta el 16 de enero de 2024 deberá contener un acuerdo mínimo.
El pacto político entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) y Acción Democrática Nacional (ADN), vigente desde el 17 de noviembre de 2023, se mantiene frente a los hechos de violencia ocurridos los días 8 y 9 de enero de 2024.
El PSC y la Revolución Ciudadana informaron que respaldan al Ejecutivo en lo que necesite para frenar la arremetida de los grupos delincuenciales.
De hecho, este 9 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC), convocó a una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para “establecer medidas efectivas” frente a la “conmoción nacional”. Luego, dichos bloques legislativos respaldaron las acciones del Gobierno en materia de seguridad para restablecer la paz y el orden en el territorio nacional.
Ambas fuerzas políticas también reconocieron el estado de excepción como la medida más adecuada y legítima, pero pidieron que se ponga en marcha un plan de acción concreto por la seguridad del Ecuador.
El PSC solicitó más garantías para el trabajo de policías y militares y que se les autorice el uso de fuerza letal y uso progresivo de la fuerza contra grupos delincuenciales que siembran terror en la sociedad.
A su vez, el compromiso de los bloques legislativos es generar, según Gabriel Bedón (Construye), respaldos legales como la adopción de indultos o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos.
Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), primera vicepresidenta del Parlamento, opinó que además del estado de excepción se debe tomar el control de las cárceles, a través de la militarización para recuperar el control y la autoridad.
Acuerdos y agenda
Sobre la línea de legislación -que requiere un previo acuerdo político- ha quedado demostrado que puede resistir los temas que se han planteado a partir de la aprobación de la ley económica, y el trámite favorable que se genera para que se dé paso al proyecto de ley energética enviadas por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Incluso, el 8 de enero estaba previsto que la Comisión de Régimen Económico apruebe el informe para el segundo debate del proyecto de Competitividad Energética, a pesar de que el plazo que le da la ley vence el 20 de enero.
En el ámbito legislativo, el acuerdo político se mantendrá, según la lectura del coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Roger Celi.
De hecho, la agenda parlamentaria que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, debe aprobar y publicar previo a un consenso con el correísmo y ADN, hasta el 16 de enero de 2023, contendrá un acuerdo mínimo, para lo cual hay pocas posibilidades de obstrucción.
Esta agenda debe incluir temas de legislación y fiscalización. En el primero de ellos se debe incorporar al menos cuatro temas: leyes pendientes que están para ser aprobadas en segundo debate, nuevos proyectos de ley, leyes urgentes en materia económica que enviará el Ejecutivo, y tratados internacionales. Tal es el caso del acuerdo con Estados Unidos respecto de la cooperación de militares en Ecuador, que fue anunciado por el Gobierno de Guillermo Lasso en octubre de 2023.
La segunda parte de la agenda deberá incluir los juicios políticos. En esa línea, el pacto está funcionando de manera adecuada.
Por ello, el Observatorio Legislativo duda de una ruptura del pacto y la generación de una oposición al Gobierno, porque no existen mecanismos constitucionales como para una sucesión presidencial en la que la oposición (el correísmo) pueda tener un espacio.
Discrepancias y fiscalización
Los problemas podrían darse alrededor de una fiscalización “incisiva” a las líneas más débiles del Gobierno como la seguridad, pero que no derivarían tampoco en una ruptura del pacto.
Roger Celi dice que si el Estado no logra responder a la crisis de inseguridad, a las bancadas de la Revolución Ciudadana, el PSC o Construye “les va a tocar fiscalizar de una manera contundente”. De lo contrario, la ciudadanía va a reclamar la falta de fiscalización ante la ausencia de liderazgo en materia de seguridad. Construye por ejemplo estaría en la tónica de pedir la cabeza de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. (SC)
La militarización de las cárceles es una opción que se analiza en el Parlamento.