Por su carácter de urgencia en materia económica, el proyecto deberá aprobarse hasta el 20 de enero de 2024.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, aprobó hoy, 31 de diciembre de 2023, por unanimidad, el informe para el primer debate en el pleno del Legislativo del proyecto de ley urgente de Competitividad Energética, que fue remitido por el Ejecutivo, el 20 de diciembre, con el carácter de urgente en materia económica.
La normativa se enfoca en acciones para resolver la crisis energética de Ecuador que ha provocado racionamientos eléctricos a escala nacional desde el 27 de octubre del 2023.
La propuesta busca impulsar el empleo, inversión y eficiencia energética, con la atracción de inversión privada para fomentar el desarrollo de proyectos de transmisión, eventualmente con el financiamiento para nuevas tecnologías, y para la innovación en energías limpias que eviten la contaminación.
Este es uno de los temas que son defendidos al interno de la comisión como razón “fundamental” para que el proyecto se apruebe en el pleno, y no depender de la energía que generan la hidroeléctricas.
Pedro Velasco (Actuemos) dijo que la energía solar fotovoltaica, energía geotérmica, eólica, y que se incluyen en el proyecto, son una alternativa para evitar que, a futuro, el Ecuador tenga que volver a enfrentar problemas como que los que ocurren en la central Coca Codo Sinclair, donde, por la erosión regresiva del Río Coca puede llegar a colapsar en cualquier momento.
En el proyecto se propone la creación de un Fondo de Eficiencia Energética para financiar campañas de ahorro energético; proyectos de sustitución de equipos, maquinarias y electrodomésticos; sistemas de gestión de energía; programa de cogeneración en la industria nacional; normalización y etiquetado de equipos que consumen energía.
La búsqueda de autogeneración de energía desde el sector privado, la transición hacia energía verde, reducción de costo para que el país sea más competitivo en el sector eléctrico, también se incorpora en el texto aprobado.
Otro tema analizado en la comisión es que aquellos excedentes que se produzcan, por ejemplo, de la energía solar podrían “empatarse” a la red de alumbrado público para abastecer el consumo nacional.
A largo plazo, para cumplir el Plan Maestro de Electricidad se debe garantizar que se puedan implementar nuevas infraestructuras de generación eléctrica como transmisión para solventar la demanda de electricidad.
En ese sentido, la inversión privada permitirá tener una alternativa porque no dependerá del déficit estatal, ni de la deuda pública que actualmente bordea el 50.79% del Producto Interno Bruto (PIB) según el último boletín del Ministerio de Economía.
En el proyecto se incluye que, en ningún caso, el presupuesto de la Agencia de Regulación y Control podrá exceder del 1% del costo del servicio eléctrico.
El ministerio de Electricidad podrá autorizar al generador o distribuidor, consumidor o usuario final a construir una red de transmisión exclusivo-costo para atender sus propias necesidades, solo cuando se trate de proyectos para satisfacer su demanda de transmisión.
Sobre los sistemas de autoabastecimiento para consumidores finales, el proyecto menciona que los consumidores regulados o no regulados podrán instalar sistemas de generación para su autoabastecimiento a partir del uso de energías renovables no convencionales.
Otra incorporación al texto del proyecto se relaciona con los procesos públicos de selección. Se agregó que cuando los proyectos sean identificados por la iniciativa privada y no estén incorporados en el Plan Maestro de Electrificación, de convenir a los intereses nacionales, esto lo podrá desarrollar a su riesgo, previa autorización del ministerio de Energía y siempre que su potencia no supere los 10 megavatios.
En la mesa legislativa, presidida por la oficialista Valentina Centeno (ADN), se recibió y sistematizó más de 50 documentos con observaciones al articulado; se escuchó a 27 personas entre autoridades de diferentes carteras Estado, actores de la sociedad civil, representantes de gremios y organizaciones, que expusieron sus criterios con el fin de enriquecer la iniciativa legal. (SC)
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