La Asamblea iniciará el segundo receso del año desde el 19 de diciembre hasta el 2 de enero de 2023.
La propuesta de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra las mafias, el crimen organizado y la delincuencia, se respalda en al menos cinco instrumentos internacionales.
El 7 diciembre de 2022, Guillermo Lasso, presidente de la República, entregó a Virgilio Saquicela, titular de la Asamblea Nacional, un documento al que lo calificó de “urgente” e “importante” porque viabilizará que militares y policías coordinen acciones para enfrentar a la inseguridad, sin necesidad de decretar estados de excepción.
“Día a día mueren en Ecuador muchos ciudadanos, y no son simples estadísticas. Son padres de familia, son madres de familias, son hijos, inclusive niños que los utilizan de escudos; son seres humanos por los que su familia llora al sentir su ausencia. La Asamblea no le puede dar la espalda al pueblo”.
Este fue uno de los argumentos que Lasso planteó el 7 de diciembre y que consta en la propuesta que ya está en los despachos de los 137 parlamentarios para su análisis y revisión.
En el texto también se invocan disposiciones contenidas en instrumentos internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), el Índice Global del Crimen Organizado (IGCO), y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Además se respalda en datos de la Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), e incluye cifras del Foro Económico Mundial. En 2014, este ente internacional cifró en $3 billones el valor anual de la delincuencia organizada transnacional comparado con el mercado global ilícito de alrededor de 10 a 12 billones a 2022.
En la lucha contra el crimen organizado, los Estados combaten fuerzas económicamente poderosas con un alto nivel de incidencia y adquisición de armas de defensa que les convierte en las más exitosas de su fin para blanquear activos en las estructuras ilícitas, argumenta también el Foro Económico.
Lo que se busca
En la propuesta, el Ejecutivo insiste a la Asamblea en la necesidad de que se tome en cuenta los peligros de la proliferación del crimen organizado que no pueden ser subestimados, porque no solo afectan la dignidad y los derechos humanos de las personas, sino que constituyen una de las amenazas más grandes para el desarrollo.
Según el Índice Global del Crimen Organizado (IGCO), en Ecuador existe una permanencia con influencia importante de este tipo de organizaciones, y se encuentra ubicado en el puesto 31 de 193 en el orden de nivel de presencia de organizaciones criminales.
Además, se reporta que en Ecuador el 73,1% de muertes violentas en 2021 se efectuó con armas de fuego, lo cual es observado, no como una coincidencia ya que las organizaciones criminales nacionales se han visto inmersas en actividades terroristas pues se hallan dotadas de armamento, municiones y explosivos suficientes para enfrentarse entre sí, y en contra del personal de la Fuerza Pública.
Medidas de cooperación
La UNODC cree que se puede pensar en el narcotráfico como el eje articulador de otros delitos conexos en los que incurren las organizaciones transnacionales para diversificar, ocultar y aumentar sus ingresos económicos. Esta organización calculó que, aproximadamente, en los mercados mundiales la principal droga comercializada, la cocaína, produce unos $85 millones. “El mercado de la droga no se circunscribe a un solo espacio territorial, sino que tiene presencia en todo el mundo, y por eso las medidas de cooperación son necesarias para combatir esos delitos”.
Reforma parcial
Con la firma del Decreto 615, el Ejecutivo espera la aplicación de una reforma parcial del artículo 158 de la Constitución, en el que propone que se agregue: “Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.
El trámite
El proyecto de reforma ya fue conocido por la Corte Constitucional que determinó que la propuesta respeta los derechos y garantías de los ecuatorianos. Una vez que el Legislativo dé el trámite correspondiente, los ecuatorianos deberán aprobar esta reforma en referéndum.
Pero los tiempos para incluir esta reforma en la próxima consulta popular ya no alcanzarían.
Salvador Quishpe, jefe de bloque de Pachakutik, recordó que el artículo 442 de la Ley Legislativa dispone un tiempo de 90 días entre los dos debates (hasta marzo de 2023), lo que significa que no podrían incluirse para el referéndum del 5 de febrero de 2023. (SC)
Piden que se agilicen los plazos
Nathalie Arias, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), pidió a Virgilio Saquicela que se agilicen los plazos para conocer de “manera urgente” y empezar a tramitar el proyecto del Ejecutivo. “Los ecuatorianos esperan respuesta de la Asamblea”, señaló.
Sin embargo, el trámite de la reforma incluso tendría que esperar dos semanas más. Desde el 19 de diciembre, el Parlamento abrirá el segundo periodo de vacancia que se extenderá hasta el 2 de enero.
Los estados de excepción caben solamente ante hechos ajenos a la normalidad y su consecuencia es la suspensión de derechos de los ecuatorianos.
La propuesta permite esta colaboración sin suspensión de los derechos: es una solución estructural ante un problema que ya no es excepcional.