Ni los comisionados de la CIDH entraron a la Penitenciaría

Delegados del organismo interamericano de DD.HH. acudieron a la cárcel regional de Guayas.

Los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaborarán un informe sobre lo ocurrido en las cárceles de Ecuador.

La visita al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ecuador termina hoy, viernes 3 de diciembre de 2021. La entidad busca construir un informe sobre la crisis carcelaria en el país que ha dejado al menos 322 internos asesinados.

Los delegados estuvieron cerca de cinco horas ayer en el complejo carcelario de Guayaquil. Entraron al centro de rehabilitación regional de Guayas y a la cárcel de mujeres. Sin embargo, por motivos de seguridad, no ingresaron a la Penitenciaría del litoral, en donde se produjo la última masacre, que dejó 63 víctimas.

Policías que acompañaron a la misión de la CIDH indicaron que todavía no existían las “condiciones” para “garantizar la seguridad”. Por eso, aconsejaron que no se ingrese a esta cárcel, la más peligrosa del país.

Stuardo Ralon, relator para personas privadas de libertad de la CIDH, indicó que realizaron un recorrido por los otros dos centros de rehabilitación (Regional y de mujeres) para recopilar información. “Recuerden que hacemos una evaluación técnica y nos interesa conversar con las personas encargadas de la administración. Hicimos un recorrido perimetral y entrevistas con personas privadas de libertad”, señaló.

Otra delegación visitó la cárcel de Cotopaxi y se reunió el jueves con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien cumple dos sentencias por corrupción en ese centro de rehabilitación, en donde también se han registrado matanzas este año.

La Comisión visita Ecuador desde el miércoles 1 de diciembre. Ese día se reunió con el presidente Guillermo Lasso. “Hemos querido establecer una ruta de acompañamiento técnico desde la CIDH al Estado ecuatoriano”, dijo Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de este organismo.

En la misión que visita Ecuador también están Stuardo Ralon, comisionado y relator sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad; Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, y otras cuatro personas con amplia experiencia en visitas penitenciarias. (DP)

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CIDH condena a Ecuador por desaparición forzada de escritor

Dictamen. La Corte Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Ecuador por la desaparición de César Garzón.

César Guzmán desapareció en 1990, en un contexto de desapariciones forzadas cometidas por policías contra personas identificadas como subversivas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó ayer, 7 de octubre de 2021, a Ecuador por la desaparición forzada del escritor César Gustavo Garzón Guzmán, ocurrida en Quito en 1990.

La sentencia de la corte indica que Ecuador es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.

El caso se relaciona con la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán, la cual habría ocurrido en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre.

El Estado de Ecuador durante la audiencia pública, realizada en el pasado mes de enero, había aceptado su responsabilidad internacional por la violación a los derechos de Garzón y su familia.

«El Tribunal concluyó, además, que el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado produce plenos efectos jurídicos. En todo caso, estimó necesario determinar en la sentencia los hechos ocurridos de acuerdo a la prueba recabada y a la luz del reconocimiento de responsabilidad», explica la sentencia.

Guzmán era un escritor que se encontraba escribiendo la tesis de su doctorado. También era tallerista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y trabajaba para la editorial El Conejo.

El día de los hechos, Garzón, de 32 años en esa fecha, estuvo con un grupo de amigos en una discoteca, siendo este el último lugar donde fue visto. Su familia, al notar que no llegó a la casa, inició su búsqueda y acudió al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha para denunciar la desaparición.

La CorteIDH destacó que la Comisión de la Verdad de Ecuador documentó el caso de Garzón en su Informe Final «Sin verdad no hay Justicia» y calificó lo ocurrido como una desaparición forzada en la que «se presume la responsabilidad de la Policía Nacional«.

Luego de presentado el Informe Final, en septiembre de 2011, se inició una indagación previa en relación con él. Posteriormente, en mayo de 2013, los familiares de Garzón interpusieron una denuncia que dio inicio a una nueva indagación.

Sin embargo, el proceso aún continúa abierto, sin haber tenido avances significativos, por lo que los hechos permanecen en la impunidad.

En la sentencia el Tribunal internacional dispuso que «el Estado (de Ecuador) debe realizar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, sistemática y con los recursos humanos y económicos adecuados, en la que realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de César Gustavo Garzón Guzmán».

Además, «debe continuar y llevar a cabo, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada», cita el texto.

El fallo de la Corte establece reparaciones económicas por daño material e inmaterial a las víctimas.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países del hemisferio que han reconocido su jurisprudencia. EFE

CIDH y ONU piden a Nicaragua parar detenciones arbitrarias

El último caso de persecución se dio contra el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez.

Los organismos denunciaron las condiciones de detención y encarcelamiento al que son sometidas las personas consideradas opositoras al Gobierno.

MANAGUA. La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para Centroamérica y República Dominicana pidieron este 10 de septiembre de 2021 a Nicaragua que cese las detenciones «arbitrarias e ilegales» de opositores. La petición obedece a que 36 personas han sido detenidas antes de las elecciones de noviembre próximo en ese país.

En un comunicado fechado en Washington y Panamá, los organismos internacionales condenaron la «criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua«, en particular la reciente orden de detención, allanamiento y acusación en contra del escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez.

Además, denunciaron las «graves condiciones de detención» de los opositores, que aseguraron están siendo sometidos, en particular las mujeres, a interrogatorios constantes, aislamiento o exposición a la luz artificial las 24 horas del día.

También advirtieron que los detenidos son alimentados de forma insuficiente y no tienen atención médica ni reciben agua.

Entre los detenidos en Nicaragua están siete líderes que expresaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios de noviembre, en los que el gobernante de ese país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección.

También han sido detenidos líderes de movimientos sociales, periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos, según el comunicado.

Los organismos denunciaron que en la mayoría de los casos «el Estado no habría confirmado oficialmente el paradero de las personas detenidas, impidiéndoles además tener contacto con sus familiares por períodos de hasta más de 80 días, y el acceso a un abogado de su elección».

En ese contexto, rechazaron «el uso indebido de acusaciones penales» en contra de los opositores, que aseguran enfrentan acusaciones por delitos graves como lavado de dinero, presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación, o conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

Y advirtieron que las acusaciones «no respetaron las garantías procesales o el derecho a un juicio justo» al haber sido presentadas en varios casos «en audiencias preliminares privadas y secretas, en instalaciones distintas a los tribunales judiciales, en horas de la madrugada» y a menudo sin presencia de los representantes legales.

Las organizaciones pidieron igualmente a las autoridades de Nicaragua responsables garantizar un trato digno y el acceso a las personas bajo su custodia,  así como respetar el debido proceso y asegurar una defensa adecuada. EFE

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La SIP pide medidas cautelares para periodistas en Cuba

El titular de la SIP, Jorge Canahuati, dice que se desconoce el estado de los periodistas detenidos.

El organismo pidió que la CIDH que actúe de manera urgente en el caso de los comunicadores Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño y Neife Rigau.

MIAMI. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó este lunes, 19 de julio de 2021, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue de «manera urgente» medidas cautelares a favor de tres periodistas cubanos detenidos e incomunicados desde hace una semana. La entidad considera que «se encuentran en una situación de gravedad».

El viernes pasado, la SIP sometió a la CIDH la solicitud de medidas cautelares para beneficiar a Henry Constantín Ferreiro, periodista y director de la revista La Hora de Cuba, de Camagüey, y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para Cuba desde 2016; Iris Mariño, periodista y fotógrafa de la revista, y Neife Rigau, diseñadora del medio.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, coincidieron en que la situación de Cuba merece decisiones urgentes de parte de la comunidad internacional.

«Estamos seguros de que las autoridades quieren dar un escarmiento a otros periodistas independientes sosteniendo la presión en contra de Constantín Ferreiro, a quien ya venían limitando su movilización y amenazándolo desde que comenzó a desempeñarse como vicepresidente regional de nuestra Comisión de Libertad de Prensa en Cuba«, dijeron Canahuati y Jornet en un comunicado.

Si bien la SIP reconoció que son numerosos los casos en Cuba que requieren acciones firmes por parte de la CIDH, se concentró en los casos de Constantín Ferreiro, Mariño y Rigau teniendo en cuenta que fueron detenidos el 11 de julio de 2021, «permanecen incomunicados y su familia desconoce la condición en la que se encuentran».

La organización argumentó que la CIDH debe considerar la «grave situación de riesgo de estos periodistas, víctimas de amenazas y hostigamiento en los últimos años debido a su trabajo independiente».

En su petición, la SIP pidió a la CIDH extender las medidas cautelares a las familias de Constantín Ferreiro, Mariño y Rigau, por temor a que sufran represalias por parte del régimen. EFE

La CIDH recopila información sobre las protestas en Colombia

PROTESTA. Habitantes de Cali participan en un montaje artístico para llamar la atención de los representantes de la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezó este 8 de junio una visita de trabajo de tres días a varias ciudades colombianas. El objetivo es recabar testimonios de violaciones de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque.

Como primera actividad, los representantes de la CIDH se reunieron con el Primer Mandatario de Colombia (Duque). También se reunieron con la Policía y representantes de varios ministerios, incluido el de Defensa -responsable de la Policía-.

«En estos tres días de visita nos reuniremos con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, entre ellos autoridades gubernamentales, poder ejecutivo, legislativo y judicial, representantes de la sociedad civil y todos los sectores que han visto vulnerados sus derechos», explicó Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH.

Mientras tanto, la sociedad civil colombiana se ha preparado para ser escuchada. Este 8 de junio, un grupo de manifestantes participó en un montaje artístico simbólico frente al hotel de Cali, en donde delegados de la CIDH recibieron testimonios de quienes se consideran víctimas del Estado durante las protestas.

Las manifestaciones iniciaron hace más de un mes en contra de un plan tributario del gobierno. Con los días derivaron en violencia por parte de grupos urbanos y de las fuerzas del orden. Hasta ahora hay 91 personas reportadas como desaparecidas.

Disparan a indígenas en Colombia

Movilizaciones. Indígenas en un bloqueo en una calle en Cali (Colombia). EFE

Día 13 de protestas en Cali, la población civil se enfrenta entre sí. Advierten que lo mismo podría ocurrir en otras partes del país.

Redacción COLOMBIA

Colombia vive su decimotercer día de protestas, precedido por una jornada en la que supuestos civiles armados dispararon contra una marcha indígena e hirieron a 10 personas.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informaron que sobre las 14:20 del 9 de mayo de 2021, la minga (marcha) indígena, compuesta por varias camionetas, fue «atacada por una turba uribista en conjunto con fuerza pública», que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de Cañasgordas, en el sur de Cali.

«Hemos recibido hasta el momento el reporte de ocho heridos. Indígenas miembros del CRIC que habrían sido atacados a disparos», informó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien pidió investigar a los autores de los ataques.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali informó que acudieron al «llamado de auxilio de la comunidad del sector», cuando la ciudadanía informó «que estaban siendo atacados por un grupo de indígenas».

«En videos allegados, se logra observar a los indígenas que se dispersan por los conjuntos residenciales, generando disparos con armas de fuego e incitando al terrorismo; realizando de igual forma, saqueos a casas y apartamentos del sector, lesionando a cuatro personas con arma cortopunzante y objetos contundentes», apuntó la Policía.

Duque les pide volver a sus territorios

 El senador Feliciano Valencia, una de las voces de la comunidad indígena en el Congreso colombiano, denunció: «Hace pocos instantes familias ricas de Cali en unión con la policía en la avenida Pasoancho dispararon de manera indiscriminada con la guardia indígena y la comunidad. Se habla de muchos heridos».

El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamamiento para que los indígenas vuelvan a sus territorios «para evitar confrontaciones» con la población. «Es cierto que ellos tienen el derecho a transitar por el territorio, pero sabiendo esta situación de orden público que se vive, deben ellos también enviar un mensaje claro para que retornen su camino a sus resguardos», dijo Duque.

El CRIC considera que el ataque de civiles, que fue registrado en múltiples videos publicados en redes sociales, responde a una «táctica de represión que difiere los ataques desde los uniformados hacia los civiles armados que actúan como paramilitares».

Agresiones entre ciudadanos en otras ciudades

 No es el primer incidente que se registra en estos días de protestas en los que está sumido Colombia, ya que el 7 de mayo, por la noche, hubo denuncias de que varias personas que iban en un coche de alta gama abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en el sector de La Luna, en el centro de Cali, hiriendo a al menos dos personas, una de ellas de gravedad.

También en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, se registró incidentes con civiles disparando contra manifestantes que protestaban de manera pacífica en eventos que recuerdan tristemente a los episodios más oscuros del paramilitarismo colombiano.

CIDH muestra su preocupación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este 10 de mayo de 2021 su «profunda preocupación» por el ataque con armas de fuego contra una movilización indígena en la ciudad colombiana de Cali.

«La CIDH insta al Estado de Colombia a investigar diligentemente los hechos incorporando un enfoque étnico-racial, esclareciendo la posible participación de agentes estatales y sancionando a los responsables; así como a proteger la vida e integridad de personas indígenas», señaló el organismo, con sede en Washington.

La CIDH advirtió sobre «el grave impacto colectivo que estos ataques tienen sobre los propios pueblos y comunidades indígenas en Colombia» y destacó «el rol de las guardias indígenas en la defensa de sus derechos».