Tras el suicidio de un estudiante del colegio Mejia, de Quito, salen a la luz otros abusos. Expertos piden una intervención en esta institución considerada emblemática.
Antes de suicidarse, Johanna B., recibía insultos y golpes por parte de sus compañeros, en el colegio Mejía de Quito.
Tras el hecho, otros alumnos han denunciado que existen abusos en esta institución, además de hostigamiento por estudiantes que se identifican con pandillas, venden o consumen drogas.
Profesora amarraba a los niños
Sybel Martínez, directora del grupo Rescate Escolar y exvicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, mostró una foto en la que se ve a estudiantes (niños y niñas), con cinta masking tapando sus bocas.
La foto fue tomada, en 2018, por la profesora que, durante dos años, maltrató a 28 niñas y niños desde cuarto de básica.
La docente fue sumariada por el Distrito 17D04, sin que encontraran pruebas para destituirla.
“El masking se lo daban los propios padres, también compraron el papel contact con el que biseló las puertas del aula, puertas que nunca estaban abiertas. Los niños refieren que otros docentes sí sabían lo que pasaba, en especial los que entraban a darles clases. Nadie dijo nada”, escribe Martinez.
La docente no solo les tapaba la boca con masking, les amarraba de pies y manos por horas. Compró un biberón en el que ponía leche con ají, que debían tomar si querían ir al baño. Los golpeaba, los denigraba, les ponía pañal. “Los niños callaron, sufrieron por dos tortuosos años”.
Martínez señala que el colegio Mejía debe ser intervenido, “porque se debe constituir una comisión multidisciplinaria que investigue todos los hechos violentos. Porque el bullying que incitó al suicidio a Johana no es el único caso”.
El suicidio de Paola Guzmán y los 18 años de impunidad
Cómo no recordar a Paola Guzmán Albarracín quien tenía 14 años (2001), cuando fue violada por el vicerrector del colegio al que asistía. La situación de violencia duró más de un año. En 2002, la niña se suicidó.
El caso quedó en la impunidad y 18 años después fue presentado, por la madre de Paola, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez lo elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En 2020, la CIDH dictó sentencia, concluyendo que el Estado de Ecuador es responsable por la violencia sexual e institucional de la que Paola fue víctima.
Violencia sexual en el sistema educativo
Los casos de violencia no son nuevos, pero tampoco han desaparecido. Una placa colocada en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra) es el recuerdo de los 41 niños, de entre 10 y 11 años, abusados durante un año por un profesor condenado a 22 años de prisión.
Pero la ‘justicia’ también tardó. La condena por ese caso llegó ocho años después. Según los padres de familia, las autoridades de entonces encubrieron al docente, quien huyó después de que los hechos salieran a la luz y fue capturado en 2015, en el sur de Quito. (AVV)
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