Diez problemas económicos que los votantes deben tener en mente al momento de acudir a las urnas en las elecciones anticipadas

POLÍTICA. El voto también es una decisión económica.
Usted puede evitar demorarse en la votación si conoce previamente las preguntas.

La economía del país está cercada por varios problemas simultáneos que deberán ser enfrentados por el próximo presidente. El Estado tiene pocos recursos y múltiples necesidades.

A la par de la creciente delincuencia, otro de los dolores de cabeza de los ecuatorianos es la compleja situación económica.

Independientemente de quién sea el nuevo presidente de la República, y de cuál sea su ideología, existen varios problemas simultáneos que se deberán enfrentar.

Al momento de ir a votar en las elecciones anticipadas, se deben tener esos problemas en mente para intentar tomar la mejor decisión posible.

A continuación, se detallan los diez problemas que deben ser en la cabeza de los votantes este próximo 20 de agosto de 2023:

1 Los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos: En solo un año, el déficit fiscal (más gastos que ingresos) pasará de alrededor de $2.000 millones a finales de 2022 a $5.000 millones a finales de 2023.

El actual Gobierno ha tenido que aumentar el gasto en personal: más policías, más personal sanitario, e incluso sueldos más altos para los profesores, entre otros.

Sin embargo, la crisis económica interna, la recesión mundial y la baja en la producción petrolera han hecho que los ingresos estatales estén a la baja.

Según el Observatorio de la Política Fiscal, entre enero y julio de 2023, los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE) han caído casi 8%; mientras los gastos han aumentado casi 10% en comparación con igual periodo de 2022.

El dinero no alcanza para todas las necesidades de más seguridad, obra pública e inversión que se necesitan.

2 Los niveles de atraso son crecientes: A pesar de que el Gobierno de Guillermo Lasso resalta que ha pagado $2.300 millones de deudas heredadas de anteriores Gobiernos, el nivel de atrasos o pagos pendientes en el sector público no se ha podido resolver.

En lo que va de 2023, cada mes han faltado, en promedio, $273 millones para poder pagar todas las obligaciones y compromisos. Actualmente, los atrasos, que afectan a proveedores, seguridad social, gobiernos locales, entre otros, suman alrededor de $1.300 millones; pero hasta final de año podrían llegar a $2.000 millones.

El próximo presidente deberá optimizar y priorizar el gasto para destinar los escasos recursos donde más se necesite.

3 La dependencia del petróleo pasa factura: Ecuador es el país de Sudamérica que más depende del petróleo.

Los ingresos petroleros representan el 24% de los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE) vienen del crudo.

Actualmente, lo que se recauda por impuestos cubre gastos en salarios, bonos sociales, intereses de deuda; pero no alcanzan para obra pública e inversión.

Por eso, el petróleo es la fuente para hacer y reparar infraestructura. La otra opción es más endeudamiento.

Cualquier decisión de dejar de explotar crudo debe meditarse en función del impacto a la inversión pública y al presupuesto de Gobiernos locales y universidades.

4 Ecuador no es sujeto de crédito: Calificadoras de riesgo como Fitch han reducido la calificación crediticia de Ecuador.

La situación fiscal es compleja. No se generan los suficientes recursos internamente y aumenta la percepción de que el país no podrá pagar sus deudas en los próximos años.

Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece inevitable porque cada año se necesitarán entre $8.000 millones y $10.000 millones de nueva deuda para pagar deudas anteriores que se vencen y cubrir el déficit fiscal.

5 Crecimiento económico a la baja: Todo apunta a que Ecuador crecerá menos del 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2023; y para 2024 se espera un resultado similar.

La inversión privada, tanto nacional como extranjera, está a la baja porque hay una economía inestable, con inseguridad jurídica y con pocos incentivos para producir.

Se necesitan reformas urgentes en temas como la legislación laboral, inversiones y apertura financiera.

6 El empleo es precario y de bajos ingresos: Entre junio de 2021 y junio de 2023, se han generado 304.599 nuevos empleos adecuados (al menos el salario básico y 8 horas de labores). Sin embargo, todavía más de 5,5 millones de personas, es decir el 65% de la Población Económicamente Activa (PEA), sobrevive en la informalidad y el desempleo.

La mitad de los ecuatorianos con empleo gana más de $378 al mes; mientras la otra mitad generan menos de ese valor.

El próximo presidente debe impulsar los acuerdos comerciales firmados por Lasso, buscar otros nuevos, facilitar la formalización y hacer menos caro el emprendimiento.

7 La pobreza recrudece: El porcentaje de la población pobre (menos de $89,20 al mes) subió del 25% en junio de 2022 al 27% en junio de 2023.

Esto está directamente relacionado con el bajo crecimiento económico. El próximo presidente debería aprovechar las oportunidades que le brinda su potencial minero y llamar a un acuerdo nacional por el empleo y la inversión.

Ya se están gastando más de $1.400 millones anuales en ayuda directa a los sectores más pobres; pero esos subsidios no pueden ser permanentes.

8 Los proyectos de inversión están a medio camino: El próximo Gobierno heredará 26 proyectos de inversión a medio camino de concretarse. Además, se debe tomar decisiones sobre varias inversiones pendientes en sectores como el petrolero, energético, minero, entre otros.

En solo año y medio, las decisiones tendrán que ser inmediatas y buscando la mayor generación posible de empleo y liquidez en la economía.

9 La reforma a la seguridad social es urgente: El sistema de pensiones tiene un déficit creciente y el pago de pensiones podría complicarse seriamente en solo cinco años.

Lasso creó una comisión técnica y deja un proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones. El IESS necesita cambios urgentes para evitar una mayor crisis económica y social.

10 Renegociación y focalización de subsidios: Pase lo que pase con la consulta sobre el ITT, el país inevitablemente debe focalizar el subsidio a los combustibles. El gasto anual es actualmente mayor a $2.500 millones. Ese dinero se necesita para otros temas.

A la par, para evitar el impago de la deuda interna y externa, además de tener más espacio para gasto en seguridad, salud y la respuesta ante el fenómeno de El Niño, el próximo presidente también deberá tomar decisiones difíciles para sentarse con el FMI y los acreedores del país para renegociar pagos y buscar más créditos. (JS)