La demanda de inconstitucionalidad sobre el decreto que viabiliza la consulta ambiental es el último capítulo de las trabas que impiden al país desarrollarse y atraer inversiones.
En 2022, Ecuador fue uno de los últimos países de América Latina en el ranking de atracción de inversiones. Incluso economías como Honduras y Nicaragua, con más de $1.000 millones, superaron los $829 millones alcanzados por Ecuador durante el año pasado.
En el primer trimestre de 2023, apenas se alcanzaron $17 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), mientras el país necesita urgentemente más empleo y recursos para cubrir sus crecientes necesidades.
Fernando Benalcázar, exviceministro de minas, explicó que existen sectores dentro del país que trabajan a favor del caos y de abonar a que la economía ecuatoriana sea ‘triple I’: Incertidumbre, Inestabilidad e Inseguridad jurídica.
El último capítulo en ese intento de que nada avance, para luego quejarse de las condiciones sociales y económicas, está la aceptación a trámite en la Corte Constitucional de la demanda contra el decreto ejecutivo que viabilizó la consulta ambiental.
Esta acción deja nuevamente sin piso la concesión de licencias ambientales para proyectos productivos de todo tipo, que representan inversiones necesarias para un país en crisis.
La demanda, que suspende la vigencia del decreto 754, fue interpuesta por Leonidas Iza, presidente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Marlon Vargas Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae); José Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos de la PUCE; y Cristina Melo, miembro de la fundación Pachamama.
Contra todos
El Ministerio de Ambiente rechazó en un comunicado que se suspenda la aplicación del decreto 754, justo cuando estaban listos para iniciar 176 procesos de consulta ambiental para poder dar licencia ambiental a igual número de proyectos productivos.
“No es contra el sector minero, no es contra el sector petrolero. Es contra todo sector productivo que necesita licencias ambientales. Insisto en invitar a las cámaras, a los gremios, a unir esfuerzos porque con esto el país está parado. Hemos vuelto a la misma circunstancia de junio de 2022”, recalcó Benalcázar.
El decreto ejecutivo, objetado por sectores como la Conaie, lo que hace es viabilizar la realización de consultas ambientales mediante el cambio de nueve artículos del Código Orgánico de Ambiente.
Además, esos cambios fueron realizados en cumplimiento de un dictamen de la misma Corte Constitucional.
Antes de que se emitiera ese decreto, y como resultado del acuerdo de paz entre indígenas y el Gobierno, la concesión de licencias ambientales ya estuvo congelada desde junio de 2022.
Así, las inversiones, la generación de empleo y el desarrollo del país ha sufrido un constante bloqueo desde hace varios meses.
Benalcázar cuestionó severamente que la Corte haya aceptado suspender la vigencia del decreto bajo el argumento de que la aplicación de las consultas ambientales habría producido serios conflictos sociales en los proyectos mineros La Plata y Curipamba.
“El país sigue perdiendo oportunidades de empleo y de inversión. Las personas detrás de esta agenda buscan paralizar todo y conseguir algo que incluso es imposible en el derecho internacional: que las comunidades tengan poder de veto sobre cualquier proyecto productivo”, puntualizó el exviceministro de Minas.
Efectos y riesgos
María Amparo Albán, doctora en derecho y profesora universitaria, explicó que es una barbaridad lo que ha hecho la Corte Constitucional porque su efecto es en todo el territorio nacional y sobre cualquier tipo de proyecto productivo que necesita licencia ambiental.
“No se pueden dar licencias a ningún tipo de proyecto. Ni agrícola, ni carreteras, ni hospitales. Nada. Se acaba de cerrar con llave la posibilidad de que el Ecuador presente proyectos de inversión. Olvídese de la industria minera. Se nota que a la corte le incomoda la minería y los proyectos de inversión internacional. Hay un claro lineamiento ideológico”, recalcó.
Según Albán, se deben buscar alternativas porque el país no se puede paralizar y lamenta que los jueces constitucionales que admitieron la demanda contra el decreto 754 no se han dado cuenta de las implicaciones de su decisión y demuestran desconocimiento de la normativa ambiental.
En este contexto, uno de los mayores riesgos es que se dispare la ilegalidad ante la imposibilidad de obtener permisos legales.
Benalcázar afirmó que todo apunta a que el Gobierno de Guillermo Lasso no va a poder emitir licencias ambientales para inversiones críticas en el país.
El tiempo total del bloqueo es incierto, por lo que se vuelve urgente una estrategia conjunta para evitar que el país siga perdiendo oportunidades.
Albán consideró que la actuación de la Corte Constitucional demanda acciones desde el más alto nivel del Estado porque los jueces constitucionales se han extralimitado.
Una de las vías de acción podría ser que Lasso emita urgentemente un nuevo decreto acogiendo todas las objeciones que ha puesto la Corte Constitucional y aclarando la ejecución de la consulta ambiental. (JS)