Para lograr el cese del paro violento en junio, el Gobierno aceptó poner restricciones inconstitucionales y difíciles de controlar para las actividades extractivas.
Acorralado por la violencia y las pérdidas económicas del paro, el Gobierno de Guillermo Lasso se vio obligado a firmar un acuerdo de paz con el movimiento indígena el pasado 30 de junio de 2022.
El trato incluyó la derogatoria del decreto 95, que fijaba los lineamientos de la política petrolera. También la expedición del decreto 468 que establece restricciones inconstitucionales y difíciles de llevar a la práctica para todas las actividades extractivas (minería y petróleo).
El gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, ha dicho que no le preocupa el decreto 95 porque ya se aplicaba y los principales cambios están avalados en leyes y reglamentos vigentes. Sin embargo, Orlando Vera, ingeniero en minas y petróleos, explicó que el presidente Guillermo Lasso abrió “una peligrosa puerta” en su afán de pacificar una situación social y política que se le iba de las manos.
En concreto, en el decreto 468, además de las prohibiciones constitucionales de actividades extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles, se incluyen las figuras de territorios ancestrales y zonas arqueológicas.
Fernando Benalcázar, exministro de minas, puntualizó que esas nuevas figuras no están establecidas en ninguna ley ni en la Constitución. No se sabe bajo qué criterios se las definirá, quién lo hará y cómo se controlará su ejecución.
En otras palabras, se ha creado un amplio campo de subjetividad que ya causa problemas, incluso antes de que comiencen a correr los 90 días de las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y el movimiento indígena.
Así, el pasado 5 de julio de 2022, integrantes de la comunidad Cofán-El Dureno, ubicada dentro del territorio del cantón Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, impidieron que personal y equipo de Petroecuador abrieran 30 pozos petroleros en la zona.
“Realmente no puede haber explotación petrolera dentro de los territorios indígenas. En contexto, se lo pedimos a Petroecuador: que saque su maquinaria que está dentro del territorio y que abandone el proyecto. No puede ser viabilizado hoy. Yo, como dirigente nacional de la Conaie, asumo esta realidad y exijo a Petroecuador el abandono de nuestro territorio”, aseguró Eduardo Mendúa.
Inseguridad jurídica
En este contexto, todo proyecto, sin importar si lleva años en ejecución o está en fases iniciales, puede ser objetado de manera completa por las comunidades indígenas. Esto, según Vera, contraviene los artículos 393 y 398 de la Constitución, en los cuales se establece que primero se debe aprobar la ley para la Consulta Previa y que en caso de no aceptación de las comunidades se tiene que establecer mecanismos de solución de conflictos.
“Será difícil que en apenas 90 días se puedan resolver estos vacíos, pero ya se está creando un precedente que deja sin seguridad jurídica a todos los contratos y concesiones que se han hecho hasta el momento; y sobre todo las inversiones a futuro. En las mesas de diálogo supuestamente se tienen que acordar las reformas al decreto 151 para que se apliquen las nuevas restricciones.”, puntualizó.
Así, en el peor escenario, si solo pueden seguir en operaciones las dos grandes mega minas (Mirador y Fruta del Norte) y se truncan 10 proyectos adicionales que están en carpeta, Ecuador perdería más de $137.000 millones en exportaciones, $34.700 millones en ingresos fiscales, y 345.000 empleos adecuados.
Lo más grave de esta situación, de acuerdo con Benalcázar, es que, si se cortan las actividades legales, el resultado será abrir las puertas para que prolifere aún más la minería ilegal.
El exfuncionario pone como ejemplo que Morona Santiago, donde existe el menor nivel de explotación legal, se ha convertido en el principal foco de minería ilegal en el país. Esto es consecuencia directa de que se ponen cada vez más trabas a los proyectos formales, pero no se han tomado correctivos para tener controles efectivos e instituciones libres de corrupción dentro del sector.
En otras palabras, se han reforzado los incentivos para la informalidad; mientras las inversiones formales se quedan en suspenso ante la incertidumbre del resultado final de las mesas de diálogo. (JS)
Tres proyectos están por iniciar la construcción de mina
Según el ministro de Energía, Xavier Vera Grunauer, los proyectos Curipamba, La Plata y Loma Larga tienen estudios de impacto ambiental. Con ese requisito, la expectativa es que se pueda pasar a la fase de construcción de mina, a finales de 2022 o inicio de 2023.
Del avance de estos proyectos depende una inversión mínima de $824 millones, pero todo dependerá de cómo queden establecidos los acuerdos luego de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena.
Aparte de las iniciativas que ya están en las últimas fases antes de la explotación de minerales, también están en carpeta otros cuatro proyectos más. Si se suman todos, el impacto podría llegar a un movimiento económico de $11.000 millones hasta 2025.
En el Decreto 468, Lasso renunció a su facultad constitucional para solicitar autorización a la Asamblea para el desarrollo de actividades extractivas en áreas protegidas zonas intangibles, territorios ancestrales y zonas arqueológicas.
Hace más de tres años, el proyecto minero Loma Larga, en Azuay, fue parado bajo el concepto de que estaba en territorios ancestrales. Ese concepto nunca se probó.