Esto significa que se suspende la aplicación del decreto y el sector productivo recibe un golpe porque necesita licencias ambientales para concretar proyectos en varios sectores económicos.
El pasado 31 de mayo de 2023, el presidente Lasso, a través del decreto ejecutivo 754, reformó el Código Orgánico del Ambiente, con el fin de viabilizar los procesos de consulta ambiental.
La consulta ambiental significa la socialización con las comunidades involucradas sobre los detalles de proyectos de extracción de recursos o de actividades que tengan un impacto en el ambiente.
Sin esta consulta, el ministerio de Ambiente no pude emitir las licencias ambientales para que las empresas, tanto públicas como privadas, puedan ejecutar inversiones en el país.
Según datos del ministerio de Ambiente, las dificultades para concretar la consulta ambiental han provocado que más de 150 proyectos estén en suspenso y sin poder obtener las licencias ambientales que necesitan.
Una de las principales trabas ha sido la oposición de sectores políticos y sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Desde un inicio, la Conaie estuvo en contra de la consulta prelegislativa antes de la elaboración del decreto; y luego presentaron una demanda ante la Corte Constitucional para que la consulta ambiental no se aplique.
Este 1 de agosto de 2023 se hizo público que esa demanda ha sido admitida a trámite en la Corte Constitucional. Esta decisión, según Emilio Suárez, abogado en libre ejercicio y docente en derecho constitucional, suspende el decreto emitido por Lasso para regular la consulta ambiental mientras se tramita la demanda
«Durísimo golpe al sector productivo», aseguró Suárez.
Por su parte, Michelle Sarmiento, abogada especializada en derecho constitucional y derecho penal económico, se preguntó cuánto tiempo le va a tomar a la Corte Constitucional resolver la demanda. «Mientras tanto el sector productivo paralizado», recalcó.
A través de Twitter, el actual viceministro de Gobierno, Mario Cuvi, reaccionó diciendo que la nueva decisión de la Corte Constitucional da como resultado «proyectos productivos congelados».
Entre esos proyectos productivos se encuentran desde temas mineros y tratamiento de aguas hasta inversiones en el sector hotelero.
Por su parte, el exviceministro de minas, Fernando Benalcázar, explicó que Ecuador es para los inversionistas un País Triple I: Incertidumbre, Inestabilidad e Inseguridad jurídica. «Gravísimo si aún requiere licencia ambiental», acotó.
Desde sectores como la Ecuménica de Derechos Humanos, a través de Twitter, se celebró la decisión de la Corte Constitucional. «Con esta decisión queda suspendida la inconstitucional consulta Ambiental promovida por el gobierno de Guillermo Lasso, a través del ministerio de Ambiente». (JS)