El monto promedio de cada multa fue de alrededor de $2.900, y el 72% de ellas se concentraron en infracciones de 2018.
Entre 2018 y 2021, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ha multado en 63 ocasiones a las operadoras Otecel (Movistar) y Conecel (Claro), debido a incumplimientos relacionados al Servicio Móvil Avanzado.
Las sanciones económicas desde el órgano de control promedian 21 por año, o 2 ocasiones por mes.
Por esas multas, Movistar canceló $15.724,35 y Claro, con más del 50% del mercado, sumó $167.536,75. En total, las dos operadoras pagaron $183.261,1 durante los últimos tres años.
Eso da un promedio de $2.908,9 por multa. Ese monto, de acuerdo con Aníbal López, ingeniero en telecomunicaciones, es muy bajo para constituir una real preocupación para las empresas y poner presión para mejorar los estándares de calidad y cobertura.
“De cara a la renegociación de los contratos, se debe establecer un régimen sancionatorio más disuasivo, con parámetros claros para evaluar el cumplimiento. El mercado ecuatoriano no es atractivo para nuevos oferentes que incentiven la competencia, por lo que se debe establecer reglas claras para que mejore el servicio de las operadoras ya presentes en el país”, dijo.
La ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, reconoció que las multas son muy bajas; pero aseguró que, en los nuevos contratos que se firmarán a finales de 2023, se corregirán esas distorsiones.
Principales infracciones
En el caso de Movistar, la infracción más representativa, por $14.487,06 en 2018, tuvo que ver fallas en el suministro “información o documentos previstos en la Ley, reglamentos, o papeles solicitados por el Ministerio de Telecomunicaciones, Arcotel, en los términos y plazos fijados”, de acuerdo con la respuesta de Arcotel ante un requerimiento de LA HORA.
Para Claro la infracción más representativa fue de $116.928,51 en 2018. Sin embargo, la explicación oficial se enreda en tecnicismos incluidos en el artículo 117, numeral b de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; y no aclara qué tipo de incumplimientos fueron los observados por el organismo de control.
Andrea Vásquez, ingeniera en Telecomunicaciones, puntualizó que el enfoque está en sancionar más por asuntos administrativos y de requerimientos formales, por encima de temas de calidad de servicio ante los usuarios.
“Las deficiencias en el servicio son palpables todos los días. Además, hay incumplimientos en temas de cobertura. Sin embargo, no hay buenos mecanismos de recepción y tratamiento de quejas ciudadanas desde instancias públicas”, aseveró.
Arcotel reconoció que recién en 2021 se implementó un nuevo formulario de reclamos, debido a que los sistemas anteriores eran ineficientes y registraban todos los procesos sin identificación de si eran quejas ciudadanas o trámites de otro tipo.
“Los reclamos que ingresan son gestionados hacia las diferentes operadoras y prestadores de servicios que, conforme con la Ley, tienen 15 días para responder. Una vez que se ha recibido la respuesta por parte del prestador de servicios, Arcotel la analiza y remite su contestación al usuario. De esta manera se cierra el ciclo del reclamo”, aseguró la entidad de control.
LA HORA contactó a las operadoras Claro y Movistar para establecer su versión sobre los parámetros del servicio que prestan y sus expectativas sobre la renegociación de los contratos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Calidad en duda
Según normativa secundaria como la Resolución 03-03-Arcotel-2018 y los contratos de concesión vigentes, las operadoras móviles deben cumplir con parámetros de calidad (ver recuadro). Sin embargo, Carlos Romo, ingeniero en Telecomunicaciones, explicó que la mayoría de esos parámetros se quedaron en declaraciones porque se establecieron de forma muy general; y sin claros mecanismos para el seguimiento y la sanción efectiva. (JS)
Algunos parámetros de calidad
Planes de expansión en ejes viales.
Continuidad del servicio.
Aplicación del contrato de adhesión.
Instalación de centros de atención al usuario.
Implementación de servicios de asistencia para la atención y solución de reclamos.
Cumplimiento de regulaciones tarifarias para medir, tasar y facturar correctamente el consumo de los servicios.
Publicación de información de prestación del servicio.
Adopción de medidas necesarias para la protección de los datos personales, secreto e inviolabilidad de las comunicaciones.
Acceso a servicios de emergencia y portabilidad.
Del total de las multas impuestas a las operadoras, el 72% se concentró en dos infracciones de 2018, mientras el 28% restante se repartió en el periodo 2019 a 2021.