Los atrasos en el sector público son mayores a lo previsto

El cambio de Gobierno deja una situación económica complicada

La administración de Lenín Moreno aseguró que dejaba menos de $2.000 millones de pagos pendientes; pero la realidad es que la cifra llega a los $2.700 millones.

El actual ministro de Economía, Simón Cueva, reconoció que el nivel de atrasos en el sector público es mayor a lo que se esperaba cuando se hizo la transición de gobierno. Así, el régimen de Lenín Moreno aseguró que dejaba cuentas pendientes por casi $2.000 millones; pero la realidad apunta, por ahora, a que la cifra llega a los $2.700 millones.

Uno de los más perjudicados es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La deuda supera los $1.200 millones, debido a que no se ha pagado a tiempo ni en los montos requeridos el 40% de aporte estatal al fondo de pensiones.

El anterior ministro de Economía, Mauricio Pozo, esperaba cerrar un acuerdo de pago antes del 24 de mayo de 2021, pero no se pudo cumplir la meta.

El Gobierno de Guillermo Lasso debe sentarse nuevamente a negociar plazos y montos; sobre todo tomando en cuenta que, según un estudio del Banco Mundial (BM), ese aporte, junto a una reforma integral, son imprescindibles para evitar un colapso del sistema.

Otros sectores con importantes atrasos son los proveedores y la inversión pública. En total, el monto supera los $600 millones. Asimismo, las transferencias corrientes, que incluyen Gobiernos locales y salud, también suman más de $500 millones.

En el caso de los sueldos públicos, la situación está más controlada, por lo que los pendientes no superan los $28 millones.

¿ De dónde saldrá el dinero?

Hasta el 10 de junio 2021, el país logró levantar $1.672 millones de nuevo financiamiento; pero tuvo que pagar $1.405 millones de amortización de deudas anteriores. Es decir, solo quedaron alrededor de $267 millones para otros fines.

En este contexto, el ministro Cueva anunció que el sistema financiero nacional va a comprar $500 millones de Certificados de Tesorería para darle liquidez al Gobierno. Esto demuestra la alta necesidad de recursos.

El Gobierno no puede contar, al menos hasta el último trimestre de 2021, con los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI). La renegociación del acuerdo con ese multilateral demorará algunos meses

Según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, las necesidades de financiamiento, entre enero-mayo de 2021, alcanzaron unos $9.300 millones. Esas necesidades incluyen un déficit fiscal de más del $1.000 millones, el servicio de la deuda pública vigente y las deudas acumuladas de años anteriores.

En esa última categoría están los valores pendientes con los Gobiernos locales por devoluciones de IVA y asignaciones, indemnizaciones a jubilados pagos a Petroecuador e incluso la indemnización a Perenco.

Hasta fin de año, tomando en cuenta que a la caja fiscal le falta $400 millones cada mes, el total de nuevo financiamiento que necesitará el país puede llegar hasta los $15.000 millones.

De acuerdo a Cueva, se buscará ampliar las líneas de crédito con los multilaterales; y echar mano de más deuda a través del sistema financiero o instituciones públicas como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Frente económico evalúa concesiones

Desde la mañana de este lunes, 14 de mayo 2021, el frente económico del Gobierno de Guillermo Lasso está reunido en el palacio de Carondelet.

“La reunión es para afinar un poco más la visión de cuáles son especialmente los proyectos de inversión que podemos impulsar en las distintas áreas de la economía: hidrocarburos, electricidad, minería, obras públicas, telecomunicaciones,  Y de qué forma a través de estas inversiones podemos reactivar la economía y la generación de empleo”, dijo el presidente.

Las autoridades buscan concesionar tres refinerías, carreteras, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y otros recursos como los minerales. Además, está planificada la venta internacional del Banco del Pacífico.

Sin embargo, no hay una ruta clara ni plazos; pero esas operaciones podrían ser una fuente de recursos para el Estado. (JS)