El país necesita un cambio de modelo que vea al sector privado como el verdadero sostén de la economía.
Luego de que la Ley de Inversiones fuera negada el 28 de marzo de 2022 por la Asamblea, se han levantado voces que aseguran que la economía de Ecuador necesita volver a la receta correísta de más gasto público y menos iniciativa privada. Según esas lecturas, el dinero gastado desde el Estado genera más empleo y crecimiento, pero la realidad y las cifras cuentan una historia diferente.
Así, entre 2007 y 2017, la inversión pública se cuadruplicó y llegó a sumar casi $90.000 millones, es decir, un promedio de $9.000 millones por año.
Esa cantidad de recursos en la economía, a pesar de los discursos políticos, no cambió de manera estructural el mercado laboral ecuatoriano.
Exceso de gasto público
Ana Lucía Viteri, economista y exconsultora de organismos multilaterales, explicó que el régimen de Rafael Correa redujo drásticamente la inversión privada, de más del 70% a menos del 50% y disparó el peso de lo público.
“La lógica era que el Estado, como gran planificador y gastador en la economía, era suficiente para el desarrollo del país. La iniciativa privada se vio, al menos entre 2007 y 2014 (mientras duró el boom petrolero), como una fuente para sacar más impuestos y casi como un mal inevitable”, puntualizó.
En ese contexto, con un mayor gasto público, pero con una inversión privada castigada con más tramitología y cargas tributarias, la década correísta inició con un empleo adecuado que alcanzaba al 43% de la Población Económicamente Activa (PEA), y terminó con un porcentaje del 42%.
En otras palabras, en promedio 68.000 personas encontraron trabajos formales (con al menos el salario básico) cada año; pero al mismo tiempo, más 112.000 ecuatorianos cayeron en la informalidad anualmente.
En total, Correa inició su paso por el poder con 3,53 millones de informales y desempleados (56% de la PEA) y lo cerró con 4,66 millones (58% de la PEA).
Dolarización de mercado y desarrollo
Entre 2002 y 2006, en la época de la dolarización de mercado, la inversión privada era el eje de la economía. Cada año se crearon en promedio 200.000 nuevos empleos en el sector formal.
Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el crecimiento anual de la PEA fue 120.000 trabajadores, lo que significó que cada año 80.000 trabajadores informales pasaron al empleo adecuado.
La razón de fondo de esta situación, de acuerdo con el economista Ricardo Baldeón es que se apostó por la creación de empresas y por medidas de mercado como la liberalización de costos, como las tasas de interés.
“Para tener un Estado fuerte, primero se debe trabajar en un sector privado fuerte. Ese es el que realmente financia el gasto público, pero siempre y cuando no llegue a niveles que asfixien su desarrollo. No hay un tamaño óptimo de Estado, el único parámetro es que sea el que puedan pagar los ciudadanos y empresarios sin afectar su crecimiento económico”, puntualizó.
En el caso de Correa, se optó por hacer más de una veintena de reformas tributarias para sacarle el máximo de recursos a un sector privado estancado. Como eso fue insuficiente, se emprendió un creciente endeudamiento.
Desincentivos para formalizarse
Durante la década correísta, en el afán por controlar y planificar todo desde el Estado, se construyó una red de tramitología y requisitos para desincentivar la formalización. Esa red todavía está vigente en muchos espacios nacionales y locales.
Así, por ejemplo, el ‘think tank’ ‘Libre razón’, que levantó información sobre la informalidad en nueve provincias del país, determinó que un pequeño vendedor en ciudades como Quito tiene que cumplir más de 15 pasos o trámites, solo para conseguir el permiso municipal de comercio.
Ese permiso, sin embargo, no le genera ninguna ventaja o incentivo, solo impide que la Policía Metropolitana se lleve su mercancía.
Por ese tipo de cosas, la mayoría de los negocios y comercios en el país se mantienen total o completamente informales.
Diego Olmedo, economista y empresario, recalcó que la Ley de Inversiones de Guillermo Lasso no era perfecta, pero representaba un paso hacia cambiar el modelo de desarrollo.
“El Gobierno apuntaba a generar más grandes contribuyentes e impulsar una economía más productiva. La Asamblea debía corregir las fallas y los excesos, pero solo se quedó en el bloqueo”, afirmó.
Ante el bloqueo parlamentario, la estrategia del Gobierno de Lasso será gobernar con decretos y reglamentos en materia económica y seguir impulsado los contratos de inversión privada. Bajo esa modalidad, ya se firmaron compromisos por más de $2.000 millones en 2021 y se apunta a $4.000 millones adicionales en 2022. (JS)
Con tres veces menos inversión pública, en el periodo de 2002 a 2006, se creó casi el triple de empleo adecuado que en la década correísta.
Por cada $132 millones en inversión pública se generó apenas un empleo adecuado, entre 2007 y 2017.