¿Cuáles son las claves de la nueva estrategia para impulsar las Alianzas Público- Privadas?

El presidente Lasso, junto al ministro Prado y el secretario Salas presentaron el portafolio de proyectos de inversión en Israel.

El Gobierno ha trabajado en actualizar el portafolio de proyectos, de los $30.000 millones iniciales a $38.000 millones. Además, se busca mejorar la legislación vigente con reformas reglamentarias vía decreto.

Luego de que la Asamblea negara y archivara la Ley de Inversiones el 24 de marzo de 2022, el Gobierno de Guillermo Lasso ha trabajado en recomponer su estrategia para impulsar la figura de las Alianzas Público-Privadas (APP) por otros medios.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, dio una primera pista del nuevo escenario. Según el funcionario, no se descarta enviar nuevamente un proyecto de iguales características del rechazado; pero puntualizó que se esperará un ambiente político más propicio.

Mientras tanto, se evalúa hacer propuestas específicas para algunos de los grandes temas incluidos en la fallida Ley de Inversiones; es decir, remitir un proyecto solo de zonas francas o de modernización del mercado de valores.

Sin embargo, en el caso de las APP, la estrategia en la que está avanzando Roberto Salas, que es el secretario técnico de esa área, va por otros derroteros. A continuación se detallan las principales claves de esa estrategia:

1.- Salas y su equipo han estado trabajando en reformas al reglamento de la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), el cual está vigente desde 2015; pero el Gobierno considera que no está alineado con las mejores prácticas internacionales y es muy burocrático. Esas reformas se concretarán a través de un decreto, que se espera salga en muy corto plazo.

Entre los principales cambios están la reducción de trámites, aumentar la transparencia en los procesos licitatorios, mejorar la estructuración de los contratos, ofrecer más instancias de mediación y manejo de controversias antes de llegar a arbitraje.

2.- En noviembre de 2021, dentro del primer evento de Ecuador Open for Business, el Gobierno lanzó un portafolio de inversiones por $30.000 millones. Ese portafolio ha sufrido un proceso de actualización y depuración. Por un lado, se han sacado proyectos que se pueden hacer más eficientemente con otro tipo de modalidades y no APPs; y se han añadido otros más carreteras y tres hospitales nuevos que se piensan hacer con apoyo de inversionistas privados. Esa depuración y actualización se ha concentrado en las áreas de hidrocarburos; infraestructura y vialidad; y salud.

Así, ahora el Gobierno apunta a un portafolio de alrededor de 58 proyectos por un valor de $38.000 millones.

3.- Antes del final de 2022 se espera que entre en funcionamiento la plataforma para el Registro Único de Proyectos por Gestión Delegada. Esa iniciativa es promovida por las Naciones Unidas y los principales organismos multilaterales de crédito. Con eso, se busca un manejo claro y transparente de todos los proyectos que se busca delegar a la iniciativa privada, sin que la propiedad deje de ser del Estado ecuatoriano.

4.- Entre los proyectos próximos a concretarse están tres de energías renovables por $500 millones. Dentro del mismo sector energético, para inicios de 2023 también se prevén tres más por $1.800 millones. En las otras áreas, los acercamientos y procesos siguen avanzando; pero las autoridades consideran que la mayoría de resultados se comenzarán a ver a partir de la segunda mitad de 2023.

Una de las razones de que el actual Gobierno no tengan como prioridad enviar una ley solo de APPs es que, durante la discusión de la fallida Ley de Inversiones, la figura se estigmatizó políticamente como privatizadora. Esto a pesar de que se incluyeron prohibiciones expresas de venta de activos del Estado a través de cualquier modalidad vinculada a la concesión o a la delegación. (JS)

Haga clic abajo si le interesa leer:

Nicolás Maduro quiere vender parte de varias empresas públicas venezolanas

 

¿Ecuador será una de las cinco economías de mayor crecimiento en América Latina en 2022?

En 2021, la economía ecuatoriana se recuperó un poco más del 50% respecto a la caída ocurrida el año previo.

El Banco Mundial acaba de proyectar un crecimiento del 4,3% para el país durante este año. Sin embargo, el Gobierno no tiene una estrategia clara para mejorar el empleo y la competitividad.

Luego de un desplome de casi 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, la economía ecuatoriana creció 4,2% en 2021. Ese crecimiento, según el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, se sustentó en tres pilares, aparte del exitoso plan de vacunación: aumento del consumo de los hogares, más crédito desde bancos y cooperativas; y cifras récord de remesas de migrantes (más de $4.300 millones).

Para 2022, sin embargo, Avellán anunció que el crecimiento no será mayor al 2,8% del PIB, debido a que el archivo de la Ley de Inversiones por parte de la Asamblea fue un golpe duro para los planes de atracción de capital extranjero; a que sectores como la construcción no se reactivan como lo esperado; y a que la inyección adicional de liquidez, como consecuencia de los altos precios del petróleo, no será suficiente para solucionar los problemas fiscales.

En este escenario, el Banco Central proyectó que retomar los niveles pre pandemia sería posible solo a finales de 2024.

Entre tanto, estimaciones de instituciones internacionales como Citigroup o la iniciativa nacional de la Encuesta de Experto Económicos calculan un crecimiento para 2022 de entre el 2% y 3%.

Sin embargo, el Banco Mundial remeció el piso del tablero de proyecciones con la publicación, durante el pasado 7 de abril de 2022, de su último informe titulado ‘Sobre las economías de América Latina’.

En ese informe, el organismo multilateral estima que Ecuador será el país con el cuarto mayor crecimiento del PIB para este año. En concreto, estableció un 4,3%, el cual solo sería superado por Colombia (4,4%), República Dominicana (5%) y Panamá (6,5%).

¿Por qué el Banco Mundial apuesta a un mayor crecimiento de Ecuador?

En primer lugar, la institución internacional considera que, luego de las sumas y las restas, Ecuador será uno de los países ganadores del entorno internacional con mayores precios de materias primas, sobre todo con relación al petróleo.

Pero economistas como Freddy García consideran que el Banco Mundial está pecando de optimista. En su informe, el organismo multilateral calcula que Ecuador será uno de los seis países de la región que terminará 2022 con superávit primario en sus cuentas públicas. Es decir, tendrá alrededor de $2.500 millones de ingresos extras, antes del pago del servicio de la deuda pública.

Eso le daría a la economía ecuatoriana una proyección de más estabilidad para las inversiones privadas en medio de la inestabilidad política más exacerbada en países vecinos como Perú, Chile y Colombia.

Oswaldo Landázuri, analista económico y empresario, dice que sería contraproducente con las perspectivas de crecimiento si todo el dinero extra se destina a mejorar las cuentas públicas; esto mientras «no hay suficientes medicinas en los hospitales» o la inversión estatal está en mínimos.

«En Perú y Chile, a pesar la incertidumbre e inestabilidad que están sufriendo actualmente, siguen teniendo hasta cinco veces menos Riesgo País que Ecuador. Esto se debe a que la parte estructural de sus economías (competitividad y productividad) es más sana que la ecuatoriana», puntualizó.

En ese sentido, aunque se han registrado avances desde el Gobierno a través del aprovechamiento de la figura de los contratos de inversión, el impacto de esos acuerdos se notará en la economía a mediano y largo plazo.

A corto plazo, no hay un plan claro en dos temas vitales, luego del divorcio con la Asamblea: cómo mejorar la contratación y las condiciones del mercado laboral; y cómo sacarle el mejor provecho a la normativa existente en temas como las Alianzas Público. Privadas (APP).

Otras fortalezas de la economía ecuatoriana, y que el Banco Mundial resalta como los puntales del crecimiento para 2022 son la menor inflación (menos de la mitad que las principales economías regionales); la menor tasa de morosidad en la banca privada y cooperativas, y la mayor liquidez para expandir el crédito sobre todo a micro y pequeñas empresas.

Este 8 de abril de 2022, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) publicó su último reporte crediticio con corte al 31 de marzo de 2022. En este, se establece que la cartera de crédito creció casi 17% en el primer trimestre del año.

En el caso del microcrédito, el monto otorgado se incrementó $2.751 millones más, es decir, 33,2% con respecto a igual periodo de 2021. (JS)

TOME NOTA.- Si la economía ecuatoriana crece 2,8%, como lo proyecta el Banco Central, se podría crear un máximo de 86.000 empleos adecuados más en 2022, según estimación de la Encuesta de Expertos de Economía.

 

Gobierno prevé tener lista propuesta de consulta popular en tres semanas

Guillermo Lasso anunció el 29 de marzo la posibilidad de una consulta popular.

El consejero presidencial Diego Ordóñez prefirió no adelantar si la consulta coincidiría con las elecciones de 2023.

El Gobierno ultima detalles del contenido de una consulta popular que podría ser enviada a la Corte Constitucional (CC) en las próximas tres semanas para su calificación. El 29 de marzo, el presidente Guillermo Lasso aseguró que seguirá gobernando sin considerar a la Asamblea Nacional tras el archivo la Ley de Inversiones, y no descartó someter a consulta ese proyecto y otros. 

Además de la ley de inversiones, el Ejecutivo tiene en su agenda una propuesta de reforma laboral, sobre la que el martes pasado (5 de abril de 2022) el Mandatario dijo que no tenía sentido enviarla al Legislativo si el Gobierno va a ser objeto de presiones y chantajes para su aprobación.

Diego Ordóñez, consejero presidencial, resaltó este 7 de abril en una entrevista en Teleamazonas que una de las preguntas versará sobre seguridad. Apuntó que hay algunas disposiciones dentro de la Constitución y leyes que terminan favoreciendo la impunidad del crimen organizado.

Anticipó también que habrá una pregunta respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que ha generado “autoridades sumisas”, subrayó.

Ordóñez recordó que la Corte Constitucional (CC) ha señalado que la eventual eliminación del Consejo de Participación tiene que hacerse por vía de reforma parcial de la Constitución.

En ese sentido, el consejero aclaró que se trabajará en relación a las competencias que la Constitución le atribuye a este organismo.

Al mismo tiempo, resaltó la iniciativa del colectivo ‘Voces por la Democracia’, que este miércoles (6 de abril) anunció que se organiza para enviar una propuesta de consulta popular a la Corte Constitucional. Uno de los planteamientos del colectivo también es realizar cambios en el CPCCS a través de una enmienda constitucional y reformas a varios cuerpos legales.

Ordóñez no descartó que el Ejecutivo conversé con sus representantes para, de alguna manera, integrar la iniciativa y “hacer un esfuerzo común”. (SC)

Banco Central proyecta crecimiento económico del 2,8% en 2022

El gerente de la institución dio una rueda de prensa este 31 de marzo.

El archivo de la Ley de Inversiones tendrá un impacto directo en la meta del Gobierno de crecer a un mayor ritmo.

Este 31 de marzo de 2022, el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, explicó que la proyección de crecimiento para la economía ecuatoriana aumentó del 2,55% al 2,8% para este año.

Esa nueva estimación se da tomando en cuenta las repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual hasta el momento ya ha generado pérdidas de más de $85 millones en sectores como el florícola y el bananero.

Avellán aseguró que el consumo de los hogares no será afectado de manera significativa por la reforma tributaria del Gobierno de Guillermo Lasso, debido a que se enfoca en un porcentaje pequeño de la población.

Sin embargo, puntualizó que la no aprobación de la Ley de Inversiones sí constituye un freno para las metas del Ejecutivo de crecer al menos al 4% hasta 2025.

“Es un problema estructural la atracción de inversión privada. En tanto es algo que no se debería postergar si quisiéramos generar niveles de crecimiento más altos”, dijo.

De acuerdo con las proyecciones del BCE, los sectores que más dinamismo tendrán en 2022 son el de alojamiento y servicios de comida, comercio, transporte, agricultura y pesca de camarón.

Una de las mayores preocupaciones está en las actividades de construcción, las cuales llevan ya varios años sin recuperar sus mayores niveles de productividad.

La economía se recuperó parcialmente en 2021

Avellán confirmó que la economía ecuatoriana creció un 4,2% durante el año pasado. Ese porcentaje representa una recuperación de la mitad de la caída sufrida en 2020, en medio del primer golpe de la pandemia de COVID-19.

«El consumo de los hogares superó el nivel de 2019, impulsado por el aumento de las remesas, las exportaciones y el crédito de consumo», aseguró el gerente del BCE.

Por otro lado, el gasto del Gobierno decreció 1,7% como resultado a recortes en la compras de bienes y servicios.

Sin embargo, el mayor talón de Aquiles fue la inversión, que se desplomó a niveles de 2010 a lo largo de 2020, pero que creció en menos del 5% durante el año pasado.

Por eso, la fallida Ley de Inversiones era una de las principales apuestas para generar empleo y crecimiento económico.

Los sectores con mejor desempeño fueron refinación de petróleo, alojamiento y servicios de comida, acuicultura y pesca de camarón, transporte y comercio. (JS)

La inversión pública entre 2007 y 2017 creó más informales que empleados adecuados

El gasto estatal se frenó desde 2015 y la infraestructura del país está deteriorada.

El país necesita un cambio de modelo que vea al sector privado como el verdadero sostén de la economía.

Luego de que la  Ley de Inversiones fuera negada el 28 de marzo de 2022 por la Asamblea, se han levantado voces que aseguran que la economía de Ecuador necesita volver a la receta correísta de más gasto público y menos iniciativa privada. Según esas lecturas, el dinero gastado desde el Estado genera más empleo y crecimiento, pero la realidad y las cifras cuentan una historia diferente.

Así, entre 2007 y 2017, la inversión pública se cuadruplicó y llegó a sumar casi $90.000 millones, es decir, un promedio de $9.000 millones por año.

Esa cantidad de recursos en la economía, a pesar de los discursos políticos, no cambió de manera estructural el mercado laboral ecuatoriano.

Exceso de gasto público

Ana Lucía Viteri, economista y exconsultora de organismos multilaterales, explicó que el régimen de Rafael Correa redujo drásticamente la inversión privada, de más del 70% a menos del 50% y disparó el peso de lo público.

“La lógica era que el Estado, como gran planificador y gastador en la economía, era suficiente para el desarrollo del país. La iniciativa privada se vio, al menos entre 2007 y 2014 (mientras duró el boom petrolero), como una fuente para sacar más impuestos y casi como un mal inevitable”, puntualizó.

En ese contexto, con un mayor gasto público, pero con una inversión privada castigada con más tramitología y cargas tributarias, la década correísta inició con un empleo adecuado que alcanzaba al 43% de la Población Económicamente Activa (PEA), y terminó con un porcentaje del 42%.

En otras palabras, en promedio 68.000 personas encontraron trabajos formales (con al menos el salario básico) cada año; pero al mismo tiempo, más 112.000 ecuatorianos cayeron en la informalidad anualmente.

En total, Correa inició su paso por el poder con 3,53 millones de informales y desempleados (56% de la PEA) y lo cerró con 4,66 millones (58% de la PEA).

Dolarización de mercado y desarrollo

Entre 2002 y 2006, en la época de la dolarización de mercado, la inversión privada era el eje de la economía. Cada año se crearon en promedio 200.000 nuevos empleos en el sector formal.

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el crecimiento anual de la PEA fue 120.000 trabajadores, lo que significó que cada año 80.000 trabajadores informales pasaron al empleo adecuado.

La razón de fondo de esta situación, de acuerdo con el economista Ricardo Baldeón es que se apostó por la creación de empresas y por medidas de mercado como la liberalización de costos, como las tasas de interés.

“Para tener un Estado fuerte, primero se debe trabajar en un sector privado fuerte. Ese es el que realmente financia el gasto público, pero siempre y cuando no llegue a niveles que asfixien su desarrollo. No hay un tamaño óptimo de Estado, el único parámetro es que sea el que puedan pagar los ciudadanos y empresarios sin afectar su crecimiento económico”, puntualizó.

En el caso de Correa, se optó por hacer más de una veintena de reformas tributarias para sacarle el máximo de recursos a un sector privado estancado. Como eso fue insuficiente, se emprendió un creciente endeudamiento.

Desincentivos para formalizarse

Durante la década correísta, en el afán por controlar y planificar todo desde el Estado, se construyó una red de tramitología y requisitos para desincentivar la formalización. Esa red todavía está vigente en muchos espacios nacionales y locales.

Así, por ejemplo, el ‘think tank’ ‘Libre razón’, que levantó información sobre la informalidad en nueve provincias del país, determinó que un pequeño vendedor en ciudades como Quito tiene que cumplir más de 15 pasos o trámites, solo para conseguir el permiso municipal de comercio.

Ese permiso, sin embargo, no le genera ninguna ventaja o incentivo, solo impide que la Policía Metropolitana se lleve su mercancía.

Por ese tipo de cosas, la mayoría de los negocios y comercios en el país se mantienen total o completamente informales.

Diego Olmedo, economista y empresario, recalcó que la Ley de Inversiones de Guillermo Lasso no era perfecta, pero representaba un paso hacia cambiar el modelo de desarrollo.

“El Gobierno apuntaba a generar más grandes contribuyentes e impulsar una economía más productiva. La Asamblea debía corregir las fallas y los excesos, pero solo se quedó en el bloqueo”, afirmó.

Ante el bloqueo parlamentario, la estrategia del Gobierno de Lasso será gobernar con decretos y reglamentos en materia económica y seguir impulsado los contratos de inversión privada. Bajo esa modalidad, ya se firmaron compromisos por más de $2.000 millones en 2021 y se apunta a $4.000 millones adicionales en 2022. (JS)

Con tres veces menos inversión pública, en el periodo de 2002 a 2006, se creó casi el triple de empleo adecuado que en la década correísta.
Por cada $132 millones en inversión pública se generó apenas un empleo adecuado, entre 2007 y 2017.

Lasso plantea usar decretos en reemplazo de la Ley de Inversiones

El Jefe de Estado dice que entiende que no tendrá la ayuda de la Asamblea.

El Presidente de la República sugirió que emitirá decretos y hará modificaciones de reglamentos para atraer inversiones. Pero no descartó una consulta popular.

El presidente Guillermo Lasso sugirió este martes (29 de marzo de 2022) la posibilidad de recurrir a decretos y reglamentos para promover la inversión en el país, después de que la Asamblea Nacional rechazara su propuesta de Ley de Inversiones.

«Las herramientas serían utilizar decretos ejecutivos, reglamentos hasta donde nos permita la Ley y la Constitución, y no descartamos someter a consulta popular este proyecto de Ley tan importante para el desarrollo del país, pero que fue negado por la Asamblea Nacional», dijo.

En el programa «Encontrémonos por la ciudadanía», en el que cada semana es entrevistado por dos medios de comunicación, Lasso aseguró que al rechazar el proyecto de Ley de Inversiones, el Legislativo le dio a espalda a siete de cada diez ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa y «no tienen un empleo formal».

El gobernante subrayó que en su Gobierno no se quedarán de brazos cruzados tras la posición del Parlamento y que harán todo lo necesario, dentro del marco de la Ley, para modernizar Ecuador y así promover inversiones, generar empleo y reactivar la economía.

Con la Ley de Inversiones, el gobernante aspiraba a atraer unos 30.000 millones de dólares en sectores como el petrolero, minero, energético, las telecomunicaciones e infraestructuras, para ejecutar proyectos bajo el esquema de la asociación público-privada, al que se le quería dar un fuerte impulso.

«Poca esperanza» en el legislativo

Además de la Ley de Inversiones, el Ejecutivo tiene en agenda una propuesta de ley laboral, que se encuentra en un proceso de socialización con distintos grupos sociales antes de presentarla al Legislativo.

«La verdad, tengo muy poca esperanza en la Asamblea Nacional. Creo que a la Asamblea Nacional poco le importa el Ecuador y para ellos les es fácil darle la espalda al país y, simplemente, no preocuparse de aquella cantidad de mujeres y jóvenes ecuatorianos que esperan una oportunidad», comentó el jefe de Estado.

Recordó que el año pasado presentó a la Asamblea un proyecto de ley de reforma a la Ley de Educación Superior para modernizar el sistema pero, tras ocho meses, el Parlamento «ni siquiera se ha preocupado de tratar el proyecto».

Para Lasso, la actitud del congreso de no tratar los proyectos de ley de Educación Superior; de Comunicación; de Seguridad; la Económica Urgente de Fiscalización (que finalmente entró automáticamente por el ministerio de la ley), y de negar la de inversiones, demuestra que, salvo excepciones, a los parlamentarios «no les importa Ecuador».

«Le dan la espalda a Ecuador, lo único que les interesa a ellos es negocios personales, intereses partidistas, egoísmos, vanidades o celos. Y lo que me demuestra a mí es que debo gobernar, de aquí en adelante, sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que lo que ellos quieren es bloquear al Gobierno», dijo.

Descarta la muerte cruzada

Tras el revés en la Asamblea con el proyecto de Ley de Inversiones, el asesor y portavoz presidencial, Carlos Jijón, indicó el lunes (28 de marzo) que Lasso no se plantea de momento recurrir a la muerte cruzada.

Esa figura contemplada en la Constitución nacional, permite al mandatario disolver la Asamblea Nacional a cambio de gobernar con decretos hasta que se celebren elecciones generales adelantadas.

«La muerte cruzada es una herramienta constitucional de última instancia, cuando haya una grave crisis política que amenace la institucionalidad. El Gobierno considera que no se ha llegado a ese momento y que tiene herramientas suficientes para seguir gobernando y luchar contra la corrupción», afirmó Jijón en una rueda de prensa.

Y añadió que «la muerte cruzada está finalmente en manos de la Asamblea Nacional. Si la Asamblea incurriese en un acto desestabilizador o que amenace grave e irremediablemente la institucionalidad y la democracia, el Gobierno tiene en su mano la herramienta de la muerte cruzada«. EFE

Fiscalía inicia investigación previa tras hechos denunciados por Guillermo Lasso

En un comunicado oficial, la Fiscalía informó sobe las acciones a desarrollar tras denuncia del presidente Guillermo Lasso.

 

La indagación apunta a cinco asambleístas que, según la denuncia del Presidente, pedían beneficios a cambio de votos a favor de la Ley de inversiones.

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó este 27 de marzo de 2022 que inició una investigación previa por los hechos denunciados por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

El organismo de control señala que -en conformidad el artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)– realizará una investigación objetiva que reúna elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan decidir si formula o no una imputación.

La Fiscalía recordó que su actuación y las de otras instituciones que intervienen en una indagación previa son de carácter reservado.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a los ciudadanos para que puedan aportar con elementos que contribuyan al desarrollo de esta investigación y así poder “procesar a sus responsables y evitar que exista impunidad”.

Antecedente

El anuncio se dio en respuesta al oficio que el Presidente remitió a la fiscal Diana Salazar mencionando a los asambleístas Édgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla, Rosa Cerda y Gisella Molina, como los presuntos solicitantes de beneficios económicos a cambio de votar a favor de la Ley de inversiones, que fue rechazada y archivada en la Asamblea el jueves 24 de marzo de 2022.

El primer mandatario también exhortó al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), que indaguen sobre las obligaciones tributarias de Xavier Hervas, militante de la Izquierda Democrática (ID) y excandidato a la presidencia de la República por esa tienda política en 2021. (SC)

SRI y UAFE investigarán obligaciones tributarias de Xavier Hervas

Xavier Hervas es empresario y fue candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2021. (Foto Twitter)

El presidente Guillermo Lasso puntualizó que la defraudación tributaria está penada con prisión de hasta tres años.

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) abrirán una investigación  -a pedido del presidente Guillermo Lasso-  de las obligaciones tributarias de Xavier Hervas, militante de la Izquierda Democrática (ID) y excandidato a la Presidencia de la República.

La solicitud del mandatario se produce 24 horas después de haber acusado públicamente a Hervas de un presunto chantaje a cambio de votar a favor de la Ley de Inversiones.

En una carta de dos páginas remitida hoy, 26 de marzo de 2022, a Marisol Andrade, directora del SRI, Lasso argumentó que la Constitución  establece, como uno de los deberes y responsabilidades de todos los ecuatorianos, «administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción».

Enfatizó que «si ese es un deber de todos los ciudadanos, con mayor razón lo tengo yo, quien, como Presidente de la República, con arreglo al artículo 141 de la Constitución, soy Jefe de Gobierno y responsable de la administración pública».

Reunión Lasso-Hervas

En la misiva, Lasso recuerda que el 22 de marzo mantuvo una reunión de carácter político con Hervas, por asuntos relacionados con el trámite del proyecto de Ley de Inversiones en la Asamblea.

«El señor Xavier Hervas, excandidato presidencial por la Izquierda Democrática, en forma inaudita hizo referencia, como si de moneda de cambio se tratase, a un asunto de exclusivo interés particular; que el Servicio de Rentas Internas había iniciado en su contra alguna fiscalización«, relató Lasso.

Agregó que, pese a que ya había denunciado aquel incidente ante el país, el asunto no podía limitarse a lo político. «Hay que avanzar en lo legal, por lo que respecto del ciudadano Xavier Hervas debo hacerle notar la siguiente información pública para que se la considere en los procesos de fiscalización que se hubiese iniciado, o se los inicie en caso contrario», señaló el Presidente.

Lasso detalló que los temas que deben ser investigados son el  Impuesto a la Renta declarado por Hervas, por los períodos fiscales 2009 y 2020 que asciende a $3.666,38.

Añadió que hay dos años en los que pagó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por montos que, a primera vista, resultan incompatibles con el ingreso que en el mismo año habría tenido según el Impuesto a la Renta declarado.

Puso de ejemplo que en 2018 el ISD pagado fue de $1.050,80, lo que representa un movimiento de divisas al exterior de $21.016 y el Impuesto a la Renta declarado por el mismo año 2018 fue de $203,12.

El pasado jueves, 24 de marzo, Hervas respondió a las acusaciones señalando que “el Presidente le ha mentido al país”. Agregó que por «ética y por moral» Lasso «tiene que demostrar lo que está diciendo». También aseguró que todas sus empresas ya pagaron los impuestos en marzo.

Explicó que sus cinco empresas, que tuvieron utilidades en 2021, ya pagaron el impuesto a la Renta y que él hizo lo propio y también negó haber pedido algo al Presidente.

El resumen

En resumen -dice Lasso- para poner en contexto las cifras públicas, el Impuesto a la Renta declarado entre  2009 y 2020 ascendió a $3.666,38, lo que pudo haber representando ingresos gravados por USD 20.000; mientras que el ISD pagado durante todos esos mismos años fue de $9.556,63. Esto implica un movimiento de divisas al exterior de casi $200.000

Lasso puntualizó que el ​​​​artículo 298 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como defraudación tributaria, penada con prisión de hasta tres años, hacer «… constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la Ley».

Lasso manifestó que, en ejercicio de sus atribuciones como responsable de la administración pública, «por medio de la presente le doy instrucciones formales y expresas para que se investigue exhaustivamente los indicios mencionados en esta comunicación, a efectos de que se presente, de ser el caso, la denuncia penal respectiva ante la Fiscalía General del Estado», dice en la carta. (SC)

El CEPAI aprueba 15 contratos de inversión por más de $410 millones

Julio José Prado, ministro de la Producción, asegura que ahora se atrae más inversión que antes.

Durante el año 2021, se aprobaron 67 contratos de inversión por un monto de $2.158 millones.

El Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI), aprobó, el 25 de marzo de 2022, 15 contratos de inversión por más de $410 millones, que generarán 1.400 plazas de empleo en Guayas, Santa Elena, Manabí, Pichincha y Galápagos.

Julio José Prado, ministro de la Producción, dijo en su cuenta de Twitter que esto se ha logrado a pesar de que la Asamblea Nacional bloqueó la aprobación de la Ley de Inversiones.

Los compromisos de inversión están relacionados a la construcción de infraestructura hospitalaria, aumento de capacidad instalada de procesamiento y electrificación camaroneras, innovación en el sector de construcción, servicios logísticos de comercio exterior, turismo en las Galápagos, etc.

Los contratos de inversión corresponden a las empresas Gisis, Limbomar, Produmar, Ecuador Fruit Company, Barry Callebaut, Vetriko, Agrosecom, Bellitec, Globovivienda, Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa, Costuras Internacionales, Savecorp y Mestiza.

Prado destacó que la aprobación de los contratos es una clara señal de confianza de los sectores productivos en las políticas implementadas por el Gobierno que confirman que Ecuador está abierto a los negocios como pilar de una reactivación económica basada en alianzas a largo plazo a través de la facilitación del comercio y la producción.

En 2021 se aprobaron 67 contratos de inversión, por USD 2.158 millones, proyectando la generación de 6.089 nuevos empleos.  (SC)