Exigen presupuesto para dar celeridad a los procesos de búsqueda y reconocimiento de cuerpos.
“No debes esperar 24 horas para reportar un caso como desaparecido”. Ese es el primer mensaje que se lee en la página de búsqueda que contiene información de ciudadanos extraviados en Ecuador. Esto, sin embargo, no significa celeridad para los familiares de las cerca de 2.000 personas desaparecidas en el país.
Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), conoce y ha vivido las falencias estatales en estos casos. Por eso, desde el 28 de marzo de 2022, recorre siete ciudades del país (Ambato, Riobamba, Chillanes, Cuenca, Machala, Guayaquil y Quevedo) exigiendo resultados en las investigaciones.
Rueda detalla que más de 2.000 casos de desaparecidos se encuentran bajo investigación, desde 2019. Sin embargo, desde 2016, los casos sumarían 4.000.
Las cifras actuales siguen siendo altas, lo cual, según Rueda, debería “preocupar y alarmar al Estado”. Solo enero de 2022 se reportaron 598 denuncias de este tipo y se abrieron 85 investigaciones.
Rueda detalla que los familiares de desaparecidos lograron que el delito de la desaparición involuntaria se tipificara en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto ha sido insuficiente, pues la Fiscalía General del Estado “es ineficiente a la hora de investigar los casos”, advierte la activista, quien aclara que esto no pasa solo en casos de desaparecidos, sino también en el reconocimiento de cuerpos o en el análisis de osamentas.
Una de las falencias identificadas por Asfadec es que existen apenas 240 agentes especializados en la Dirección de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased). Es decir, que son diez por provincia, cuando en solo un mes se receptan más de 500 denuncias.
“Exigimos respuestas, resultados. Que nos digan dónde están nuestros seres queridos”, reitera Rueda, quien espera ser recibida por el presidente Guillermo Lasso. El mandatario no ha contestado sus pedidos de reunión, desde que llegó al poder, en mayo de 2021.
Otra de las solicitudes de los familiares es que se garantice la atención psicológica, a quienes buscan a sus seres queridos y cuyas vidas no volverán a ser las mismas. “Se acaban las vacaciones, los cumpleaños, las películas, es como si todo se detuviera. Lo único que haces es buscar, buscar, buscar”, dice María de Lourdes Mejía, cuya hija desapareció el 15 de enero de 2010.
Desactualización de datos
Otra muestra de la falta de celeridad de los procesos – señalan los familiares– es que la página en la cual se muestran a las personas desaparecidas tiene problemas de actualizaciones o de datos.
Esto quedó evidenciado en febrero de 2022, cuando la foto e información de una niña, reportada como desaparecida y encontrada seis meses atrás continuaba en la página que administra el Ministerio de Gobierno.
El no haber dado de baja la información que llevaba medio año en la plataforma provocó que la imagen de la niña se volviera viral en redes sociales. Lo paradójico es que tenía una descripción distinta sobre su desaparición.
El Ministerio de Gobierno explicó que bajar el afiche de la página “toma un tiempo, porque se debe seguir un protocolo con varias instituciones”, entre esas la Fiscalía.
Esa no es la única falencia. Los familiares detallan que existen datos incorrectos en las descripciones y que los cambios también toman un “tiempo valioso, porque cada minuto es vital en estos casos”, señala Alejandra Valdivia, tía de un joven desaparecido en 2019.
Los datos, según Rueda, deben ser transparentados ya que entre la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno se manejan cifras distintas sobre las desapariciones entre 2019 y 2021. Entre ambas instituciones hay una diferencia de 958 casos. Por ejemplo, en 2020, el Ministerio de Gobierno reporta 227 desapariciones y la Fiscalía 572.
Manejo de osamentas
Las familias dicen sentirse en un largo proceso de revictimización, no solo cuando las búsquedas no dan frutos, sino con el manejo de osamentas.
Esa ha sido la denuncia de la familia de la maestra Natalia Subía, desaparecida en septiembre de 2018 en Quito. Siete meses después se encontró el cráneo de la maestra en una alcantarilla, pero esto se confirmó ocho meses más tarde.
Isis Subía, hermana de Natalia, exigió que se continúe con la búsqueda para darles ‘santa sepultura a los restos’. En 2021, los huesos de una pierna y un fémur fueron hallados en el mismo sitio donde estaba el cráneo. Ese hallazgo se dio en una minga y no desde la búsqueda que, si bien ha dado con los restos, no tiene noticias del culpable. Al igual que en casos como los de Juliana Campoverde o Valentina Cosíos, en el de Natalia Subía se ha cambiado de fiscales cinco veces, lo que provoca que los procesos se estanquen. (AVV)
“No hay en el país una sola ciudad sin desaparecidos. Tenemos que seguir gritando, manifestando que nuestros seres queridos no están con nosotros”, Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador.
Desde junio de 2020, el COIP contempla la desaparición involuntaria como delito.
- Conozca cómo denunciar una desaparición