Ni la lógica partidista ni las supuestas afinidades ideológicas vienen al caso en un escenario como este. Grupos con intereses irreconciliables trabajan juntos contra un adversario, pero ninguno puede tener certeza de que terminará mejor.
QUITO.- Los sucesos de los últimos años demuestran que, cuando se trata de la Asamblea Legislativa, los resultados son siempre impredecibles y que nada está dicho mientras los legisladores no hayan terminado de alzar la mano.
No han pasado ni siquiera dos años, pero el Pleno ha sido pródigo en sorpresas y virajes. La destitución del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, la aprobación de las 268 amnistías —en horas de la madrugada— para sindicados por los hechos de octubre de 2019, la sorpresiva reforma tributaria de fines de 2021, el intento de destitución del presidente Guillermo Lasso en junio de 2022; en cada uno de esos casos, además de en muchos otros de menor relevancia, el resultado final desafió la lógica partidista, las supuestas afinidades ideológicas y los pronósticos imperantes.
Conforme se aproxima el ya casi inevitable juicio político al presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional, y la respectiva votación, vale la pena repasar los antecedentes y los intereses en juego, que hacen que el desenlace siga siendo incierto. A estas alturas, poco importan ya las teóricas afinidades políticas y es mejor fijarse en los hechos antes que en las declaraciones.
Entre la prisa y las promesas
Los que voten a favor de la destitución del presidente Lasso lo harán porque creen que las alternativas resultan mejores que seguir viviendo bajo su régimen. ¿Qué les lleva a pensar eso?
En el caso del Partido Social Cristiano (PSC), la votación de su bancada suele ser predecible y cohesionada, y tienen mucho que ganar con la destitución del Presidente. Eso permitiría revivir el entendimiento con el correísmo que su líder vitalicio, Jaime Nebot, intentó impulsar a inicios de este periodo presidencial, y, al mismo tiempo, distanciarse del costo electoral que tuvo para el partido el apoyar a Guillermo Lasso en la campaña presidencial y el no haber dado los votos decisivos para su destitución en junio de 2022. Por último, de asumir el vicepresidente Alfredo Borrero el mando del país, el socialcristianismo gozaría de una influencia de la que carece en este momento. El juicio constituye, igualmente, una gran oportunidad de proyectar futuros cuadros para las elecciones de 2025, en las que la directiva ha afirmado que el PSC sí presentará un binomio.
Pachakutik y sus intereses
El caso de Pachakutik (PK) resulta totalmente diferente y, por lo tanto, impredecible. No queda claro de qué manera la destitución de Lasso aumentaría su cuota de poder real. Si su interés fuese electoral, impulsarían la ‘muerte cruzada’, pero no es así. La tajante oposición de la Conaie a esta posibilidad—por el provisional gobierno por decreto que conllevaría— convive con grandes diferencias de criterios dentro de PK —algunos, como Ricardo Vanegas, afines al gobierno y otros, como Mireya Pazmiño, alineados con el correísmo—, lo que evidencia preocupaciones de índole práctica.
Las bases de Conaie-PK no pueden correr el peligro de poner en riesgo sus intereses alrededor de sectores como el agua, la minería, la educación o las leyes de comunas, y sienten que el régimen de Lasso puede llegar a representar un serio riesgo en ese sentido.
No queda claro qué les hace pensar a los sectores más radicales de la Conaie y de PK que un gobierno de Alfredo Borrero —con la consiguiente cercanía socialcristiana— resultaría mejor para ello. Sin embargo, con diferentes leyes en el pleno que son determinantes para PK —como la de aguas o la de comunas— y con acuerdos de las mesas de diálogo todavía pendientes —especialmente referentes a educación y a explotación del subsuelo—, el partido tiene abundantes intereses en juego que otros bloques usarán para negociar con ellos.
En más de una ocasión, la división de PK se ha dividido o definido tardíamente de tal forma que puedan quedar bien con ambos bandos y preservar su imagen ante sus bases.
El correísmo y sus delirios
El correísmo apoya la destitución, pero su verdadero anhelo es las elecciones anticipadas. Prima ese catastrofista sentido de urgencia —típico del expresidente Rafael Correa—, la atolondrada convicción de que el país se está desmoronando y que cualquier cosa es mejor que lo que hay ahora.
Creen también que, en los comicios que se producirían, reconquistarían la presidencia —una conclusión apresurada que nace de la abundancia de confianza del expresidente Correa en sí mismo y de una lectura demasiado condescendiente de las recientes elecciones seccionales en las que no hay segunda vuelta y no vencieron por mayoría—. UNES, en ese sentido, es transparente en que deshacerse del primer mandatario no es más que un paso necesario en su camino hacia la reconquista del poder político.
La pregunta es qué tan conveniente se torna para el correísmo un escenario apenas de destitución, en el que la ‘muerte cruzada’ no llega a concretarse. Dos años de mayor gobernabilidad, bajo el mando de Borrero y un mayor protagonismo del socialcristianismo, no abonaría en absoluto a la popularidad correísta.
Igualmente, dos años de gobierno mal sucedido podrían fortalecer a otras fuerzas de oposición y terminar pasándoles factura a quienes, desde un inicio, impulsaron una destitución que habría resultado inútil. ¿Por qué el correísmo quisiera entrar en ese juego? Eso, sumado a los sospechosos indicios de ‘pacto’ que tanto se han visto y denunciado recientemente, a la abundante evidencia de que hay muchos más contactos entre el gobierno y el correísmo de los que ambos reconocen, y a la oscilación en número de votos que se vio al momento de proponer el juicio, invitan a pensar en que nada es seguro del lado del correísmo.
Borrero, alcaldes y el regalo que nadie quiere
Algunos impulsadores del juicio político parten de que el vicepresidente Alfredo Borrero asumirá la tarea que le encomienda la Constitución en ese caso. Sin embargo, hasta el momento, el vicepresidente no ha dado ninguna señal de tener interés en gobernar. La posibilidad de su renuncia inmediata tras la destitución de Lasso, con el consiguiente encumbramiento del asambleísta Virgilio Saquicela y la subsiguiente convocatoria a elecciones —solo presidenciales, no legislativas—, como manda el artículo 146 de la Constitución, es un escenario tentador tanto para los sectores radicales del indigenismo —sus intereses estarían protegidos de la libertad ejecutiva de la ‘muerte cruzada’— como para el correísmo —que vería sus anhelos presidenciales aún más cerca, sin tener que arriesgar su cuota legislativa—. Así, puede que la decisión más importante del futuro inmediato termine cayendo, paradójicamente, en quien ha buscado a toda costa no tener que tomar decisión alguna: Alfredo Borrero.
Esta situación, por último, no puede prolongarse indefinidamente: la oposición, sobre todo el correísmo, necesita cierto orden mínimo a partir de junio para que sus nuevas autoridades locales electas puedan llevar a cabo gestiones exitosas que aumenten su popularidad.
Ni el Ecuador ni su política son racionales. Si lo fueran, los acuerdos serían fáciles de lograr y las consecuencias predecibles. Así, en última instancia, resulta difícil encontrar una motivación racional en el ferviente deseo de tantos de hacerse cargo de la Función Ejecutiva en este momento.
Todos los indicadores —desde los de seguridad y felicidad, hasta los de ahorros del IESS o de producción petrolero— indican que el Ecuador está en una etapa en la que conducirlo implica un altísimo y despiadado costo político. Tal y como se vio en 1998 —cuando los políticos experimentados entendieron que en ese momento lo verdaderamente sabio era mantenerse alejado del poder—, las crisis extremas ejercen una atracción irresistibles sobre figuras con ansias mesiánicas que, por creer que pueden salvar al país, terminan enterrando definitivamente su carrera política, su partido y su paz. (DM)
