Se deben utilizar sabiamente los mayores ingresos petroleros para reducir el impacto de la baja generación de empleo y mayor costo de la vida sobre los ecuatorianos.
Entre más se extienda la guerra entre Rusia y Ucrania se incrementa el riesgo de una recesión mundial. La cara más visible de esa recesión es un fenómeno llamado estanflación, el cual quiere decir que se combinan dos problemas: altos niveles de inflación y bajo o incluso nulo crecimiento económico.
Andrés Albuja, economista y docente de la Universidad Internacional SEK, explicó que a la crisis sanitaria y logística, que todavía no se ha superado, ahora se suma un superciclo en los precios de las materias primas.
“La inflación en Estados Unidos ya había llegado al 8%, pero con el conflicto bélico podría superar los dos dígitos. Ecuador no escapa de esa realidad y podría tener el doble de la inflación proyectada del 2,5% para 2022”, dijo.
Esto tiene un impacto directo en la capacidad de consumo de los hogares, sobre todo los de ingresos medios y bajos. Así, el porcentaje que se destina para alimentación y transporte pasará del 60% a más del 75% para las familias que no superan un presupuesto mensual de $1.500.
Fertilizantes agrícolas llegan de Rusia
Según un análisis de la consultora Oikonomics, el ya muy golpeado sector agrícola tendría costos adicionales por un mayor encarecimiento de abonos y fertilizantes. Casi el 40% de las importaciones ecuatorianas de ese tipo de insumos viene de Rusia.
En ese contexto, se puede llegar a un escenario en donde un importante porcentaje de los agricultores pequeños y medianos se quede sin posibilidades de producir. El resultado final es menos oferta de productos más caros; y además menos empleo.
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Sin crecimiento no hay más empleo
Antes de la guerra, se proyectaba que la economía ecuatoriana podría crecer, en el mejor de los casos, un 3% durante 2022. Sin embargo, la posible pérdida en exportaciones no petroleras a Rusia y Ucrania ($1.000 millones) y a la Unión Europea ($500 millones adicionales), no solo reducirá los ingresos para el país, sino que también dejará sin piso esa proyección de crecimiento.
Si el conflicto se alarga durante todo el presente año, el Producto Interno Bruto (PIB) no crecerá más de 1,5%, es decir, la mitad de lo esperado. Ese porcentaje no generará ni 200.000 nuevos empleos adecuados.
Así, el Gobierno ni siquiera podría superar el 40% de los 500.000 trabajos formales anuales que se puso como meta hasta 2025.
El efecto final es que más ecuatorianos tendrán que sobrevivir en el subempleo y la informalidad con sueldos promedio que no superan los $404 mensuales.
Ingresos petroleros pueden reducir la crisis
El pasado 2 de marzo de 2022, el precio del barril de WTI, que es el crudo de referencia para Ecuador, llegó a superar los $109. Los precios de todos los productos energéticos están disparados con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Andrés Albuja puntualizó que si se proyecta un precio promedio de $100, el Gobierno ecuatoriano recibirá alrededor de $6.000 millones adicionales por ingresos petroleros durante 2022.
En el presupuesto para este año se había establecido una cotización de $59,2 por barril, pero parte de los excedentes se irán en pagar más de $2.000 millones en subsidios e importación de combustibles y gas.
“Al menos una parte de los mayores ingresos petroleros deben ir a un fideicomiso para que se gaste en temas prioritarios como reactivación económica, salud, educación y seguridad social”, puntualizó Albuja.
Utilizar recursos de manera eficiente
El objetivo sería que no se malgasten los recursos extra, y se puedan dar apoyos al agro a la par de que se reduzca la deuda con el IESS, y se eviten, por ejemplo, situaciones como la falta de medicinas en los hospitales.
El Gobierno debería aprovechar incluir dentro de la Ley de inversiones, que se está tratando en la Asamblea, una transitoria para normar el manejo de excedentes de ingresos
“Por ejemplo, se debería consensuar una transitoria que diga que una parte de los ingresos extra por nuevas inversiones y altos precios del petróleo se deben gastar exclusivamente en mejorar el servicio público en sectores prioritarios”, concluyó Albuja. (JS)