Un poco más de 11 millones de ecuatorianos tienen ese nivel de ingresos, que es 2,66 veces menor que los $2.000 o más del segmento con mayores posibilidades.
Si se busca una explicación de por qué se puede definir al Ecuador como un país pobre, una de las evidencias más claras es la distribución de los ingresos. Del total de la población económicamente activa (12’236.130), solo el 1% recibe más de $2.000 al mes.
En el otro extremo, alrededor del 90%, es decir 9 de cada 10 ecuatorianos, alcanza una remuneración mensual de hasta $750, de acuerdo con cálculos basados en información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC) y organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Verónica Balseca, contadora y madre soltera de una niña, explicó que, incluso con título universitario y cursos de formación, su sueldo mensual llega a los $680.
“Vivo con mi hermana menor, pero ella apenas completa un poco más de $550. Al mes, como núcleo familiar, vivimos con un presupuesto de $1.200 para tres personas. Hay que hacer ‘malabares’ para que alcance. En la pandemia todo se complicó, pero desde antes se pagaba poco en el país”, dijo.
Aumento de la informalidad
Esta realidad tiene múltiples causas, pero una de las principales es que Ecuador tiene un tejido empresarial que crece poco, y un sector informal que está en constante expansión. El resultado es millones de personas a la ‘caza’ de pocos empleos formales, los cuales ofrecen bajos ingresos.
Así, aunque por ley se establezca el llamado Salario Básico Unificado (SBU) en $425 mensuales, después de la última subida decretada por el presidente, Guillermo Lasso, la realidad cuenta otra historia.
Dentro de la gran mayoría que gana hasta $750, más de 7,3 millones de personas (60% de la población) no supera un ingreso efectivo de $250 al mes.
Carlos Pinto, vendedor informal y padre de dos hijos, comentó que cuando era más joven se quedó a medio camino de una carrera universitaria, por lo que le ha tocado diferentes oficios.
“Con mi esposa, en los buenos meses, podemos juntar hasta unos $500 o $600. Con eso toca buscarle todas las vueltas posibles para que alcance. Hasta el chulco me ha tocado meterme cuando las cosas van peor, pero no lo recomiendo”, puntualizó.
‘Todos somos clase media’
Dentro de las discusiones sobre el incremento en los pagos del impuesto a la renta, uno de los argumentos más repetidos es que “se está golpeando a la clase media”. Sin embargo, la pregunta de fondo es cómo se define a esa clase social en un país tan pobre como Ecuador.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado a finales de 2021, estableció que para estar en ese segmento se debe tener, en promedio, un presupuesto familiar de $860 mensuales.
Ese nivel es menor a los $2.000 de ingresos individuales recibidos por los ecuatorianos tiene que desembolsar más al Estado con la reforma tributaria del actual Gobierno.
David Jaramillo, economista, consideró que considerarse de clase media, dentro del debate público ecuatoriano tiene un gran componente aspiracional. “Para muchos significa, subjetivamente, haber superado las condiciones de vulnerabilidad y eventual pobreza que son parte de la vida cotidiana de millones, y al mismo tiempo, es mantener una aspiración del potencial futuro de llegar a ser de la clase alta. Así definido, subjetivamente, seguramente todos o la mayoría somos la clase media, porque no estamos tan mal, pero siempre quisiéramos estar mejor”, aseveró.
Uno de los problemas estructurales de Ecuador es que hay una base pequeña de personas con ingresos mayores a la media. Esa base, sobre todo en épocas de crisis, soporta más impuestos e incluso contribuciones especiales.
Eso solo cambiará, a mediano y largo plazo, con mayor formalización de la economía, más empleo adecuado y mayores ingresos.
¿Había una mejor alternativa a la subida del impuesto a la renta?
Sectores políticos, sociales y ciudadanos han reclamado que, antes de subir impuestos a los pocos que ya pagan, se debería cobrar a los evasores, y, por otro lado, hacer un recorte importante en el gasto público.
Sin embargo, la reducción de la evasión es a largo plazo. En C
hile, por ejemplo, un aumento de recaudación en el 5% por esta vía tomó 10 años de trabajo continuo. En el otro caso, el Gobierno ha asegurado que, hasta 2025, irá recortando poco a poco hasta sumar $3.000 millones de ahorro.
Por otra parte, las autoridades argumentan que se optó por las medidas de menos impacto para la mayoría de los ecuatorianos. En el acuerdo original con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado por Lenín Moreno, se establecía medidas que habría afectado a todos, sin tomar en cuenta el nivel de ingresos: aumento de 3 puntos del IVA, impuesto a los décimos y utilidades, impuestos adicionales sobre los combustibles, eliminación de devoluciones de IVA, entre otros. (JS)
