En la Comisión de Fiscalización está pendiente el trámite de juicio a los vocales del CNE; a los exministros de Transporte, Darío Herrera; de Inclusión Social, Esteban Bernal, entre otros.
La solicitud de juicio político que el 27 de noviembre de 2023 planteó la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional, en contra de Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por un presunto incumplimiento de funciones, entró en una lista de espera.
Henry Kronfle, presidente de la Asamblea (Partido Social Cristiano), realizó, la noche del 4 de diciembre de 2023, un balance de los primeros 15 días de su gestión, donde mencionó que recibió la administración del Parlamento con seis juicios políticos en trámite. Además, con el inicio del nuevo periodo legislativo, ingresaron tres nuevas solicitudes.
Kronfle se refirió a los últimos pedidos de interpelación ingresados en contra de Juan Zapata y Fernando Santos Alvite, exministros del Interior, y de Energía, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, respectivamente, el 25 de noviembre, y que fueron planteados por el Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN). Y luego el pedido de interpelación en contra de la fiscal, sustentado por el bloque correísta el 27 de noviembre.
Kronfle declaró que estas solicitudes se tratarán posteriormente a los procesos pendientes y en el orden establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Juicio al CNE está pendiente
El primer pendiente en la Comisión de Fiscalización es el trámite de interpelación a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se presentó el 11 de noviembre de 2021.
En esa ocasión, la propuesta de interpelación fue planteada por los entonces asambleístas Joel Abad y Mario Ruiz de la bancada de Pachakutik, por un supuesto incumplimiento de funciones luego de que desde el CNE no se habría permitido que se verifiquen las presuntas inconsistencias presentadas en 39.000 urnas de las elecciones presidenciales de febrero de 2021.
Los sujetos del juicio político eran los vocales Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita y el exconsejero Luis Verdesoto. Para este caso ya pasaron dos años, a pesar que la LOFL dispone que el trámite debe durar hasta tres meses.
Otro proceso tendría relación con el cometimiento de presuntas fallas en los comicios anticipados del 20 de agosto de 2023.
Antes de la instalación de la nueva Asamblea, Sofia Sánchez (Movimiento Construye) comentó que el CNE no habría permitido participar a los sectores políticos en igualdad de condiciones. Como ejemplo mencionó que se habrían dado impedimentos para la participación del excandidato presidencial, Christian Zurita, en el debate para las elecciones del 20 de agosto de 2023.
Más casos
Luego, en la Comisión tendrían que resolverse dos solicitudes de interpelación presentadas en contra del exministro de Transporte, Darío Herrera; al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal.
En el caso de Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad Pública; y Paola Flores, exministra de Derechos Humanos, ellos interpusieron, en su momento, una acción de protección cuyo estado deberá ser comunicado por el CAL.
Después que se resuelvan estas solicitudes, ingresarán a trámite los juicios a Juan Zapata, Fernando Santos y Diana Salazar. (SC)
Gissella Garzón coincide con Kronfle
En una entrevista en un medio televisivo, Gissella Garzón, interpelante de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al referirse a las solicitudes de juicio político ingresados en el actual periodo legislativo, que inició el 17 de noviembre, coincidió con Henry Kronfle en el sentido de que estos deben ser tratados por orden de llegada: primero deberá abordarse el proceso contra Juan Zapata, seguido el de Fernando Santos y luego el de la Fiscal.
Este último caso está en trámite del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) después que solicitó un informe no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad Técnica Legislativa. (UTL).
El trámite de juicio político en la Asamblea dura entre 2 y 3 meses. Con este cálculo de tiempos que realiza el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el proceso en contra de la fiscal tomaría algún tiempo.