Después de haber quedado conformadas, las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea empezaron a delinear las prioridades para el periodo legislativo 2021-2025
Una consulta a la Procuraduría General del Estado (PGE) o al equipo jurídico de la Asamblea Nacional son las vías que analiza la Comisión de Fiscalización del Parlamento para resolver un vacío jurídico generado tras la muerte cruzada, y que permita continuar con el trámite de juicios políticos.
Tras la designación de autoridades, esta mesa legislativa prevé mantener este 21 de noviembre de 2023, a las 15:00, su primera sesión para trazar la agenda de trabajo y definir prioridades. “Análisis y debates previos a la construcción y posterior presentación y aprobación del plan general de trabajo de la comisión de fiscalización”, dice el texto de la convocatoria.
Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana (RC), presidenta de la Comisión, y César Umajinga de Acción Democrática Nacional (ADN), integrante de la mesa, anticiparon criterios en torno al mecanismo para la sustanciación de los procesos de interpelación que quedaron pendientes tras la muerte cruzada; procedimiento que derivó en la suspensión de plazos y el cambio de interpelantes.
Aguirre declaró a periodistas que a través del Consejo de Administración Legislativa (CAL) se podría obtener una guía para realizar una interpretación a la ley respecto de los plazos y de los interpelantes. Para Umajinga, otra opción sería consultar al departamento jurídico.
Plazos en el ‘limbo jurídico’
Después de la muerte cruzada, los plazos y los ponentes de varios procesos y sujetos de interpelación quedaron en el ‘limbo jurídico’.
El artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que los juicios políticos se tramitan en la Comisión de Fiscalización en orden de llegada y no de forma simultánea.
“Si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el CAL remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la Comisión”, dice la norma legal.
En ese caso, a criterio de Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), primero tendrían que conocer y resolver el proceso que se sigue a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se presentó el 11 de noviembre de 2021.
Para este caso ya pasaron 2 años, a pesar que la LOFL dispone que el trámite debe durar hasta tres meses.
Luego, la Comisión de Fiscalización debe llevar a conocimiento -en este orden- los procesos sobre los exfuncionarios: Diego Ordóñez (exsecretario de Seguridad Pública), Paola Flores (exsecretaria de Derechos Humanos), que fue presentado en septiembre de 2022; Bernardo Manzano (exministro de Agricultura), el 15 de noviembre; Darío Herrera (Obras Públicas), Esteban Bernal (ministro de Inclusión Económica y Social), y Guillermo Lasso, presidente de la República. Este último estaría solo para votación en el Pleno.
Seguridad jurídica
En la norma de la Función Legislativa no existe ninguna reglamentación de cómo proceder una vez que se disuelve la Asamblea, ni se establece el camino a seguir para continuar con los plazos, destrabarlos o continuar con los pendientes.
Por ello, según Roger Celi, lo más sano para dotar de seguridad jurídica a las decisiones que adopte la Comisión de Fiscalización es elevar una consulta a la Procuraduría General.
La comisión de Fiscalización podría solicitar directamente a la Procuraduría un criterio para definir la actuación.
El dictamen que eventualmente emita la Procuraduría será vinculante, como lo determina el artículo 237 numeral 3 de la Constitución, para que la Asamblea tome una decisión.
Este artículo señala que corresponderá a la Procuraduría “el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley en aquellos temas que la ley no otorgue competencia”.
Otra posibilidad
La Comisión de Fiscalización también podría solicitar que sea el Pleno de la Asamblea el que apruebe elevar la consulta a la Procuraduría. Para aprobar una resolución en ese sentido se requiere del voto de una mayoría simple de 70 voluntades.
Un pedido directo de la Comisión de Fiscalización al Procurador ya tiene antecedentes. En mayo de 2022, el expresidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, elevó una consulta para decidir si continuaba o no con la sustanciación del juicio político a cuatro vocales del CNE. (SC)
En agenda del PSC no está interpelar a la fiscal
Lenin Rogel, del Partido Social Cristiano (PSC) integrante de la Comisión de Fiscalización, dijo que si bien hay un acuerdo mínimo para la gobernabilidad con la Revolución Ciudadana, la intención no es crear una sobre la expectativa de que habrá una “eterna coincidencia”, aclaró.
En ese sentido, aseguró que en la agenda del PSC no está una interpelación a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pero señaló que el presidente de la República, Guillermo Lasso, “tiene mucho que responder”.
Sin embargo, afirmó que, aunque años atrás, en los procesos de fiscalización predominó la persecución y la denigración a los funcionarios, la nueva Asamblea deberá enfocarse en la evaluación de las políticas públicas.
Se necesitan 92 votos
Paola Cabezas (RC), presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, también empezó a trazar los ejes de gestión. Entre los temas que se enfocará esta mesa está el trámite de la amnistía al que se acogió el excanciller del correísmo, Ricardo Patiño.
Para que el Pleno de la Asamblea apruebe la solicitud presentada en noviembre de 2022 por el Movimiento Jubileo 2000 -en caso de que la comisión emita un informe favorable- se requerirá de una mayoría calificada de 92 votos.
Los procesos de fiscalización que están finiquitados en la Asamblea son los que se siguieron en contra de Pablo Celi, René Ortiz, Freddy Carrión, Valentina Zárate, Víctor Anchundia, Iñigo Salvador, Carlos Riofrío, Ruth Arregui, Hernán Ulloa, vocales del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Bermeo, Ximena Garzón y Patricio Carrillo.