Las amnistías a Ricardo Patiño, excanciller del correísmo, y a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, están pendientes de resolución en la agenda parlamentaria.
La resolución de pedidos de amnistías y las reformas para la participación de militares en apoyo a la Policía Nacional para enfrentar el embate de la delincuencia son dos de los temas sensibles que formará parte del debate en la Asamblea Nacional.
El debate de estos asuntos quedó pendiente por solventar antes de que el Parlamento fuese cesado por la muerte cruzada.
Al nuevo Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) le corresponderá debatir acerca del envío a la Comisión de Garantías Constitucionales de una resolución por la que se admitió a trámite la solicitud de amnistía presentada en noviembre de 2022, por el Movimiento Jubileo 2000 y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, a favor de Ricardo Patiño, excanciller del correísmo.
Hoy, 20 de noviembre de 2023, Paola Cabezas (Revolución Ciudadana), presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, declaró que la amnistía a la que “se acogió el compañero Ricardo Patiño está por ser tratada en la Comisión».
Patiño fue uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Rafael Correa (2007 y 2017), quien actualmente es prófugo de la justicia y vive en Bélgica.
En enero de 2023, la Comisión de Garantías Constitucionales, que en ese entonces estaba controlada por el movimiento correísta Unión por la Esperanza (UNES) y los disidentes de Pachakutik, esperaba emitir un informe (previo a la notificación del CAL) en el que podrían recomendar o no al Pleno de la Asamblea la aprobación de la amnistía.
El pleno del Legislativo requerirá de una mayoría calificada (92 votos) para aprobar el pedido de Vilma Salgado, representante del movimiento Jubileo 2000, y de Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Patiño, quien pasó por cinco ministerios en el régimen de Correa, salió del Ecuador en abril de 2019 y buscó refugio en México, luego de que la Fiscalía de Latacunga pidió para él prisión preventiva tras la formulación de cargos por la supuesta comisión del delito de instigación y por supuestamente haber “llamado a tomarse las instituciones del Estado”. Fue en medio de las protestas en contra del Gobierno del expresidente Lenín Moreno.
Según la argumentación de Jubileo 2000 y el Comité de los Derechos Humanos (la acción en contra de Patiño), fue un proceso político que afectó la “libertad de expresión, reunión pacífica y derecho a la resistencia establecido en el artículo 98 de la Constitución”.
En el régimen de Correa, Ricardo Patiño fue ministro de Economía, secretario del Litoral, coordinador de la Política, ministro de Defensa y canciller. (SC)
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