El proceso en contra del presidente Guillermo Lasso salió de la competencia de la Comisión de Fiscalización y deberá resolverlo el Pleno de la Asamblea.
A casi una semana del inicio del periodo de sesiones, el correísmo, que controla varias comisiones especializadas en la Asamblea Nacional, todavía maneja la agenda legislativa con secretismo.
Varios de los últimos anuncios han estado encaminados a marcar una agenda que no incluye prioridades relacionadas con las necesidades del país, sino a promover acciones de fiscalización o a plantear amnistías.
El artículo 7 del reglamento de las comisiones no establece plazos, pero en el numeral 2 dispone aprobar, a petición del presidente de la comisión, un plan general de trabajo.
Por lo pronto, Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana (RC), presidenta de la Comisión de Fiscalización, convocó a la primera sesión de esta mesa legislativa el 28 de noviembre de 2023, para consensuar un plan de trabajo.
Para ello se conformó una mesa de coordinación para que, en un plazo de cinco días, se pongan en conocimiento temas como el energético, de salud, seguridad social, sector del transporte (puertos, aeropuertos), etc.
Con respecto a los trámites de juicios políticos, Aguirre señaló que el momento que la bancada de RC, decida presentarlo tendrá que pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tiene que aprobarlo y luego será remitido a la Comisión.
Una solicitud de juicio deberá tener el respaldo de 37 firmas, como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Aguirre ratificó que en esta mesa legislativa está pendiente el trámite de interpelación a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos solicitudes de interpelación presentadas en contra del exministro de Transporte, Darío Herrera; al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. En el caso de Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad Pública; y Paola Flores, ministra de Derechos Humanos, ellos interpusieron, en su momento, una acción de protección cuyo estado deberá ser comunicado por el CAL.
Acerca del proceso en contra del presidente Guillermo Lasso, el caso salió de la competencia de la Comisión de Fiscalización y deberá ser resuelto por el Pleno de la Asamblea.
Legado de Villavicencio
Según Aguirre, se solicitó a la Secretaría General de la Asamblea que los procesos de investigación que quedaron pendientes en la administración del fallecido asambleísta y excandidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, y los estados de los juicios, sean remitidos a la Comisión para analizar los expedientes.
Al referirse a las investigaciones respecto de las presuntas irregularidades en la administración del entonces presidente Rafael Correa (que formaron parte de la indagación de Villavicencio), la presidenta de la Comisión aclaró que las que apuntaban a la gestión de la Revolución Ciudadana “finalmente no registraron avances, no tienen informes de investigación, ni de archivo; quedaron allí, pero esas investigaciones no están en nuestras manos, deben estar en el expediente que dejó la secretaría de la anterior Comisión de Fiscalización”, puntualizó.
Sin embargo, dijo que en la actual gestión “no tienen problema” en investigar al sector eléctrico “desde el año que quieran; desde el 91 o desde cuando deseen”, expresó. (SC)
‘Control de las instituciones’
Santiago Becdach, quien fue asesor de la Comisión de Fiscalización en el periodo 2021-2023, cree que “fácilmente” tendrán las 37 firmas para recomendar iniciar el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, previo una revisión y calificación del CAL, pero se verá en el Pleno, si se mantiene el acuerdo político cuando se midan las fuerzas entre aprobar temas que le interese al Ejecutivo y el juicio a la fiscal, opinó.
A su criterio, estar a la cabeza de las principales comisiones en la Asamblea formaría parte de un proyecto para tener el control de las instituciones del Estado, y que no lo lograron a través del Consejo de Participación y Control Social (Cpccs). “Ahora que no tienen fuerza en el Cpccs, operarán a través de las comisiones”, comentó Becdach.
Sin embargo, Paola Cabezas (correísmo) presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, dijo que la prioridad de la gestión estará enfocada a revisar los proyectos prioritarios en cada una de las mesas que tiene una “gran carga de trabajo” entre ellas el Código de Comunas, Ley de Aguas, etc.