Cada dólar que se va en negociados, coimas, o cualquier otra ilegalidad, significa sacrificar horas de trabajo y ganancia honesta de empleados y empresarios en la economía real.
En los poco más de tres meses de 2022, se han acumulado las noticias sobre asambleístas que piden «favores» a cambio de la aprobación de leyes; personajes oscuros que están detrás de sobornos para acceder a cargos públicos; sentenciados por recibir coimas y tejer redes de apropiación de fondos estatales, que salen de la cárcel de forma irregular y sin devolver ni un centavo de lo robado; entre otros muchos casos.
Hace un par de años, un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuantificó que, en países como Ecuador, la corrupción, tanto en esferas públicas como privadas, le resta ingresos fiscales al Gobierno de turno de entre 1% y 3% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año.
Eso representa, en el caso de nuestro país, entre $1.000 millones y $3.000 millones que servirían para mantener al día los pagos que el Estado está obligado a hacer para financiar el Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); o para cubrir más de cinco veces las reparaciones de emergencia que se necesitan en la descuida red vial; o cerrar más de tres veces la brecha digital en el país.
Esas macro cifras, a pesar de que ya dan una idea clara de lo que la sociedad pierde, según Ana Núñez, economista y socióloga, no terminan de hacer «carne» en la mayoría de ciudadanos de a pie.
Y por eso, otra manera de ver el impacto de la corrupción es calcular cuánto le costaría, en horas de trabajo y sacrificio honesto, a un ciudadano común o a un buen empresario generar lo mismo que los sinvergüenzas se llevan.
Así, por ejemplo, el abogado corporativo, Juan Francisco Román, se lanzó al ejercicio y estimó que si alguien, o un grupo de corruptos, se roba $25 millones en sobornos u otras movidas ilegales, esa pérdida equivale a que: un trabajador, con el Salario Básico Unificado, se esfuerce al menos 8 horas diarias por 58.824 meses: o que un emprendedor saque una ganancia neta mensual de $1.000 y labore 25.000 meses.
En el caso de que el desfalco fuese de $1 millón, como en economía nada es gratis y alguien siempre termina pagando, para cubrirlo se necesitaría el trabajo entero de 2.352 meses de un empleado con salario de $425 mensuales; o las ganancias completas de un micro emprendedor por 1.000 meses.
Asimismo, si la corrupción pública nos arrebata $100.000, se necesita un poco más de 235 meses de las labores de un empleado con el salario mínimo; o 100 meses de la utilidad de un emprendedor.
Finalmente, si el robo es de $10.000, eso significa llevarse el equivalente a 24 meses de un empleado con el ingreso mínimo, o 10 meses del diario fregar de un micro emprendedor.
«Por eso, en un ambiente en donde parece que todos roban… menos yo, cada vez resulta más difícil convencer a los honestos de que su esfuerzo vale la pena y no se esfuma en un saco roto», puntualizó Núñez. (JS)