El Presidente de la República calificó este hecho como “gravísimo», y expone a la fiscal que ante ello no puede permanecer silente.
El presidente Guillermo Lasso, menciona a los asambleístas Édgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla, Rosa Cerda y Gisella Molina, como los presuntos solicitantes de beneficios económicos a cambio de votar a favor de la Ley de inversiones, que fue rechazada y archivada en la Asamblea.
“Cumplo con mi obligación moral, política de poner a conocimiento la corrupción en la Asamblea Nacional”, escribe en un oficio fechado, hoy 26 de marzo de 2022, y dirigido a Diana Salazar, fiscal general del Estado.
El Jefe de Estado detalla que fue informado que, durante este mes de marzo de 2022, durante una reunión de carácter político “mantenida por colaboradores de ese despacho con los asambleístas Rosa Cerda, Gisela Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, por asuntos relacionados con el proyecto de Ley de Inversiones, aquellos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí, a cambio de consignar su voto a favor”.
Los argumentos
Lasso califica este hecho como “gravísimo”, y expuso a la fiscal que ante ello no puede permanecer silente.
Esto, porque traicionaría sus obligaciones como Presidente, así como la confianza que ha depositado él el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana.
También porque si se queda callado constituiría una infracción penal tipificada en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Carta a la Fiscal General Del Estado.
Cumplo con mi obligación moral, política y legal de poner a conocimiento la corrupción de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/EN1CzmbAsb
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 26, 2022
“La persona que en calidad de servidora o servidor público en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 años”, dice este artículo del COIP.
Según el mandatario, está prohibido a los legisladores por el artículo 127 numeral 4 de la Constitución “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas” so pena de perder tal calidad, además de las responsabilidades que determina la Ley.
En su misiva a la fiscal, además. menciona el artículo 281 del COIP tipificada como concusión y sancionada con hasta cinco años de prisión, el que “las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución, exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”.
En este marco, pide a la Fiscal que inicie las investigaciones que correspondan con arreglo a la Ley. En una carta dirigida al SRI y a la UAFE, el presidente también pidió que se investigue las cuentas de Xavier Hervas.
Con este pedido se da respuesta a los asambleístas de las bancadas de la Izquierda Democrática, Pachakutik y Unión por la Esperanza (correístas), que el viernes 25 de marzo de 2022 exigieron que se identificara a quienes que habrían pretendido chantajearlo. (SC)
EL DATO: El proyecto de Ley de Inversiones se rechazó con 87 votos.